A finales del año pasado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social inauguró en Maldonado su primer centro regional, que concentra en un mismo lugar los servicios de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin), la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). El titular de la Dinacoin, Darío Mendiondo, adelanta que para el resto del período se prevé la apertura de otros cinco centros regionales. No obstante, también advierte sobre la escasez de personal; en particular, apunta contra el Decreto 310/021, promulgado en el gobierno anterior, que limita la reposición de vacantes en el Estado. “Es imposible asumir una gestión eficiente en los territorios con un personal que no nos cubre las necesidades mínimas”, afirma. Sobre el plan de trabajo de la Dinacoin y la realidad laboral en el interior del país, Mendiondo conversó con la diaria.

¿Cuál ha sido el trabajo de la Dinacoin en el primer año de gobierno?

Nosotros nos propusimos tres grandes líneas de trabajo. La primera: recuperar el rol político del ministerio en el territorio, habida cuenta de que se detectó que había una disminución de su presencia en todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana de los actores vinculados al mundo del trabajo. Una segunda línea de trabajo es intensificar el vínculo con las organizaciones sociales. Y un tercer aspecto es la readecuación de la red física en función de un proceso de descentralización de la gestión que permitiera fortalecer algunos puntos regionales en el país, a efectos de tener un menú de servicios que mejore la calidad de la atención de los usuarios.

Ahí entra, por ejemplo, la inauguración del centro regional en Maldonado.

Exactamente. Ahí nos propusimos, en todo el plan de gestión, seis centros regionales, que están planteados para Maldonado, Paso de los Toros, Colonia, Melo, Rivera y Paysandú. Para este año nos proponemos concretar los de Paso de los Toros y Melo y para el año próximo esperamos completar el proceso con Rivera, Paysandú y Colonia.

¿Qué problema tenemos? Que naturalmente todavía estamos en la incidencia del decreto [310/021, promulgado en el gobierno anterior], que no permite llenar más de una de cada tres vacantes. Hasta que no podamos flexibilizar eso lo suficiente como para poder abastecer las necesidades de personal, obviamente se dificulta mucho la provisión de recursos humanos a las oficinas.

En diez años, entre 2016 y 2026, pasamos de tener 192 a 123 funcionarios. Hubo un descenso importante de la plantilla, que tiene que ver con este decreto, que acentuó el descalce entre la cantidad de funcionarios que ingresan y los que egresan. Eso, naturalmente, incide en la gestión de las oficinas en el día a día, porque en las oficinas de trabajo gestionamos audiencias. Para eso hay que hacer una agenda, y hay que espaciarla demasiado porque no tenemos profesionales para poder atender con una frecuencia mayor.

¿La modificación de este decreto se ha planteado a Presidencia?

Sí, de hecho hay gestiones en el Ministerio para que se flexibilice la aplicación del decreto y que pueda ingresar personal que nos permita cumplir con las necesidades que tenemos. De cualquier manera, estamos conformes con el trabajo que hemos realizado en función de los recursos que tenemos. Sabemos que hay gestiones, que hay negociaciones, y somos optimistas en que vamos a poder trabajar en un proceso de flexibilización [del decreto] que nos permita ir resolviendo las contingencias que tenemos.

Nosotros necesitamos ingresar más personal. Hoy entre las 123 personas que componen la plantilla de la Dinacoin tenemos 31 egresos en los próximos cuatro años. Es imposible asumir una gestión eficiente en los territorios, en una red física de 40 oficinas de trabajo, con un personal que no nos cubre las necesidades mínimas.

¿Han estimado cuántos funcionarios adicionales necesitan?

Nosotros pensamos que cada oficina tendría que tener un mínimo de tres funcionarios. Hoy tenemos oficinas que están funcionando con uno. Indudablemente, eso implica un esfuerzo mayor; a veces tenemos que cubrir una oficina en forma parcial, cerramos una oficina un día, abrimos otra y, de esa manera, vamos resolviendo los problemas de la gestión diaria.

En este momento lo que más nos interesa es, por lo menos, asegurar que tenemos todas las vacantes de las personas que se jubilan en los próximos cuatro años e ingresar algunos funcionarios más para resolver algunos problemas puntuales que estamos teniendo. Para poder llevar adelante este proceso, sobre todo de recuperación del rol político del ministerio en el territorio, requerimos, sin duda, llenar vacantes e ingresar personal, porque eso nos va a permitir tener una gestión mucho más intensiva y con una frecuencia mayor para, justamente, atender las contingencias de la negociación colectiva y de la negociación individual.

La negociación individual es muy importante, porque en el interior en algunos lugares no hay sindicatos organizados y hay una relación laboral muy desigual, en la que el trabajador negocia en forma individual. La presencia del ministerio es fundamental, y cuando el trabajador la requiere, necesitamos tener una agenda constante, permanente. No podemos agendar cada 15 días o cada un mes porque no tenemos personal.

¿Qué otras acciones se están llevando a cabo para ampliar la presencia del ministerio en el interior?

La readecuación de la red física implicó la creación de unidades de atención ciudadana. ¿Qué es esto? Que hemos detectado lugares en los que la presencia del ministerio era imprescindible por razones vinculadas a la precariedad del trabajo, la falta de negociación colectiva y las dificultades para el diálogo entre los actores sociales. Por eso desarrollamos un plan de instalación de unidades de atención ciudadana a partir de la firma de un convenio con el BPS [Banco de Previsión Social] para compartir locales y recursos.

¿En qué localidades están estos locales?

Ya abrimos en Vergara [Treinta y Tres], Vichadero [Rivera], Casupá [Florida] y Libertad [San José]; el de Libertad, de hecho, es casi una reapertura, porque era una oficina de trabajo que se había cerrado en la administración anterior y que la reabrimos en el marco de esta readecuación de la red física con la denominación de “unidad de atención ciudadana”, que trabaja una vez por semana. Es decir, una vez por semana va un funcionario de una oficina de trabajo que gestiona esa unidad de atención ciudadana.

Para este año tenemos previsto instalar unidades de atención en Santa Clara de Olimar [Treinta y Tres], José Pedro Varela [Lavalleja], Minas de Corrales [Rivera] y San Gregorio de Polanco [Tacuarembó]. Esas son las ocho que surgen de un primer pantallazo, pero vamos viendo en función de la demanda, todo esto está en evaluación permanente. El convenio con el BPS nos va a dar una cobertura mayor y sin agrandar el Estado, haciendo un uso eficiente de los recursos públicos.

¿Cuántas oficinas de este tipo se cerraron durante el gobierno anterior?

Dos. Hoy tenemos 40 oficinas de trabajo y cuatro unidades de atención ciudadana, las cuales vamos a ampliar a ocho en el primer semestre de este año, según lo que tenemos previsto. Antiguamente había 42; ahora son 40 más cuatro y la idea es que sean 40 más ocho.

¿Cuáles son los principales problemas que reciben de la población?

Hay lugares donde obviamente no se puede obviar que ha habido una crisis en algunos sectores de la producción. Por ejemplo, todo el problema que hubo en la industria frigorífica, en la lechería, los cambios en las condiciones de la zafra de los cítricos, toda la problemática que hay en Paycueros. En fin, hay una serie de conflictos que han ido decantando y que despiertan gran incertidumbre en los trabajadores.

Lo que ocurre es que, en algunos lugares, la gente se organiza para generar proyectos de autogestión, muchos de ellos vinculados a temas de reciclaje, algo que se está trabajando mucho; todo lo que es la economía social y solidaria y los proyectos cooperativos.

Allí, como se nos ha planteado la necesidad de que haya una mayor presencia del ministerio, que apoye ese tipo de emprendimientos, suscribimos un convenio con Inacoop para compartir recursos y locales. En el marco del centro regional, Inacoop se instaló en Maldonado en la oficina del Ministerio, tiene un puesto de trabajo permanente. Ahora estamos conversando sobre la posibilidad de que ellos se instalen también en Tacuarembó, Melo [Cerro Largo] y Trinidad [Flores].

Obviamente que eso es parte del proceso de articulación. ¿Por qué? Porque cuando una persona ingresa al ministerio y se verifica la ruptura del vínculo laboral, y eso no es reversible, la persona tiene que salir del ministerio con algún tipo de orientación, con alguna herramienta que le permita iniciar un proceso de reinserción laboral.

Según el último informe del INE [Instituto Nacional de Estadística], en Treinta y Tres la tasa de desempleo se ubica en 13,7%, cuando el promedio nacional es de 7,2%; es el único departamento con dos dígitos. ¿Esa es la zona más complicada hoy por hoy?

Sí, y por eso es que estamos teniendo una acción muy concreta en toda la región. Ya abrimos una unidad de atención ciudadana en Vergara y vamos a abrir otras en Santa Clara de Olimar y en José Pedro Varela, que es en el departamento de Lavalleja, pero limita con Treinta y Tres. Además, vamos a relocalizar la oficina de Treinta y Tres en un lugar mucho más amplio, con mejores condiciones para atender a la gente y dotándola de mayores recursos.

Ahí hay una zona compleja. Hay problemas en lo relacionado con las condiciones de trabajo. Hemos detectado que hay dificultades en algunos establecimientos rurales. Hay situaciones vinculadas al transporte. Treinta y Tres es un departamento que indudablemente merecía una atención especial, y también la región, por eso estamos instalando un centro regional en Melo.

En Cerro Largo la tasa de desempleo está por debajo del promedio nacional, pero tiene un nivel de informalidad de 44,2%.

Las tasas de informalidad en los departamentos fronterizos escalan casi al doble del promedio nacional, y eso implica que tengamos que tener una estrategia para eso. Por eso estamos abriendo oficinas en Vichadero, en Minas de Corrales, porque eso nos va a permitir tener un despliegue territorial que nos permita ofrecer el servicio para que la población pueda informarse sobre sus derechos y, de ese modo, contribuir con el proceso de formalización de la economía.

¿El combate a la informalidad puede tener efectos negativos sobre el nivel de empleo? ¿O es una falsa dicotomía?

Yo creo que son dos cosas que, si bien están relacionadas, deben ser abordadas cada una por su canal. Es decir, una cosa son las acciones que llevamos adelante para contribuir al proceso de formalización, que tiene que ver con que haya inspecciones, que la gente denuncie y que se plantee realmente cuáles son los problemas en la relación laboral. Después, el tema del empleo ya está más vinculado a las políticas de empleo que se están llevando adelante con una serie de herramientas que están planteadas desde la propia Dirección Nacional de Empleo, con la que hemos generado muchas sinergias. En los centros regionales estamos previendo la instalación de la Dirección Nacional de Empleo, que no existía.