Dos horas después de que se conociera que el Tribunal de Cuentas (TC) decidió por mayoría observar el contrato renegociado entre el gobierno uruguayo y el consorcio Aguas de Montevideo –integrado por Ciemsa, Berkes and Fast y Saceem– para relocalizar el proyecto Neptuno, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que la opinión del tribunal “es contraria a todos los catedráticos de derecho administrativo del país”, quienes aseguraron que la renegociación realizada “está dentro del marco de las normas y de la legalidad”.

El nuevo acuerdo prevé una toma de agua bruta y una planta potabilizadora que podrá producir 200.000 metros cúbicos de agua en la cuenca del Santa Lucía, una subestación eléctrica y de tratamiento de los lodos en Aguas Corrientes, así como una nueva línea de bombeo.

En una rueda de prensa, Ferreri apuntó que la resolución “no pone en cuestión” los fundamentos esgrimidos por el gobierno en cuanto al interés público, la conveniencia económica de los aspectos renegociados ni la “conveniencia técnica”. “Básicamente, la resolución del tribunal se basa en que los cambios al objeto del contrato son sustanciales, y que por lo tanto se vulnera el principio de igualdad”, sostuvo.

El TC resolvió observar la renegociación considerando que “si el objeto del contrato hubiera contado inicialmente” con las nuevas condiciones, “se habría posibilitado la presentación de otros referentes, o la formulación de ofertas en condiciones diversas a las finalmente adjudicadas, asegurándose de esta manera la tutela de los principios referidos”. Por esa razón, manifestaron que los cambios al contrato “alteran sustancialmente el objeto del contrato, contraviniéndose así los principios de igualdad y concurrencia”.

En ese marco, Ferreri afirmó que la resolución “tiene errores conceptuales”: el primero, indicó, es cuando se señala que “todo el mantenimiento de las infraestructuras recae en OSE cuando antes no era así”, lo cual, dijo el jerarca, “es un error”. “El mantenimiento de la principal obra y el mantenimiento más caro tienen que ver con el mantenimiento de la planta que se construye en Aguas Corrientes, y continúa en cabeza del privado, del consorcio, al igual que la planta de tratamiento de lodos. La parte sustantiva del mantenimiento la sigue haciendo el privado”, subrayó.

El “segundo error conceptual”, según Ferreri, es que la resolución marca que “la operación recae toda sobre OSE, cuando antes no era así”, si bien “siempre la operación estuvo en manos de OSE, salvo en un punto que tenía que ver con la toma de agua bruta, que es el punto que sí se cambió, pero es menor dentro del conjunto porque entendíamos que podía generar problemas con el artículo 47 de la Constitución, que establece que esto lo debe hacer lo público”.

“Entendemos que hay fundadas razones de interés público, conveniencia técnica, conveniencia económica, y un fuerte respaldo jurídico de todos los catedráticos de derecho administrativo que informaron en este expediente”, destacó.

Por lo tanto, Ferreri informó que OSE decidió reiterar el gasto ante el tribunal, lo cual quiere decir que “en los próximos días” harán una fundamentación de lo renegociado. “Vamos a seguir avanzando”, aseveró, y confirmó que las obras comenzarán en abril, como estaba previsto.

“Nosotros tenemos un mandato claro y lo vamos a cumplir: asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana en la Costa de Oro”, resaltó, y continuó: “Hay necesidades urgentes e imprescindibles de avanzar con infraestructuras que aseguren esto, y nosotros no vinimos a prometer o a declarar, vinimos a hacer”.

Cervini: “Terminó ocurriendo lo que nosotros anunciábamos”

Por su parte, el diputado colorado Walter Cervini, que fue quien llevó adelante la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en agosto, por la cancelación del proyecto Neptuno, dijo a la diaria que en esa sesión uno de los elementos centrales que marcó fue justamente que las obras que anunciaba el gobierno “cambiaban rotundamente el objeto del contrato”, y que entendía que “eso podría ser un problema”. “Nos generaba dudas de que el TC pudiera aprobar esas modificaciones dentro del objeto del contrato como estaba establecido. Así que terminó ocurriendo lo que nosotros anunciábamos, y tanto el gobierno como el ministro de Ambiente y el Frente Amplio nos decían que no”, señaló.

De todos modos, Cervini subrayó que no le resulta satisfactorio que la resolución le haya dado la razón, “porque estamos hablando del agua potable”, y viene viendo “que desde que asumió el gobierno no se ha tomado una sola buena decisión con el agua potable”. “Lo que más me preocupa es que el gobierno es caprichoso para tomar decisiones y no se basa en cuestiones técnicas, sino políticas, y quien lo va a terminar pagando es la gente que tiene que comprar el bidón de agua, y el que menos tiene, al que se le complica más para ir a comprar el bidón cuando abre la canilla y no sale agua de OSE en condiciones”, finalizó.