Desde el 22 de enero, el Ministerio del Interior (MI) ejecuta el Operativo Calle en conjunto con otros organismos del Estado para trasladar a personas sin hogar. Por otro lado, el 28 de enero, Carlos Negro compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento y, al referirse a las estadísticas criminales de 2025, consignó “una mejora general de los indicadores de criminalidad respecto de 2024, consolidando una tendencia de estabilización y de descenso en varios delitos de alto impacto”. Este lunes, en el primer programa de 2026, la diaria Radio recibió al subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, para charlar al respecto.

Sobre el Operativo Calle, repasó que en esa dinámica el MI forma parte de “una cadena de servicios estatales” que busca “una solución” y no únicamente retirar a las personas sin hogar de la vía pública. Apuntó hacia el “espíritu” de la norma —se actúa conforme con la Ley de Faltas 19.120 y al artículo 368 del Código Penal, modificado por la Ley 19.889, según las autoridades—, y dijo que busca “conectar servicios”, por lo que “de una manera impositiva, no sancionatoria”, lo que se hace es “levantar a esas personas” y “llevarlas a un centro de atención del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)” para que reciba asistencia en salud conjuntamente a “un trato, de alguna manera, digno por parte de un servicio del Estado”.

“En lo que va de la operación, van levantadas más de 10 toneladas de residuos. No es menor, son residuos voluminosos: sillones, somier, colchones, electrodomésticos… Hay que entender que la comunidad sacó eso de sus casas y no coordinó debidamente con los servicios de limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM)”, acotó para ejemplificar que “a veces la comunidad no contribuye”. Por otro lado, respecto a si las 218 personas trasladadas al Centro de Primera Asistencia (CPA) del Mides —hasta el 29 de enero, en unos 15 días de accionar— vuelven a los lugares que habitaban originalmente, dijo que hay “una repetición de diez casos” e indicó que “tal vez se puedan haber movilizado de lugar”, aunque advirtió que ciertos datos no pasan por la órbita de la cartera.

El colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep) cuestionó la iniciativa y aseveró que se trata de “barrer personas”. Al respecto, el jerarca policial dijo que si bien pueden “explicar el accionar”, no pueden “justificar una realidad para no hacer algo”: “Coincido en que si tenemos esta realidad es porque hay cosas que no hemos hecho o no hemos hecho bien, y eso explica la realidad, ahora; no puede ser eso una justificación para no hacer cumplir con la norma”, sostuvo. Valoró que “se habla” sobre si la norma se aplica o no “según quién gobierna”, pero reafirmó que existe “un deber de aplicarla” y “el que no lo hace comete un delito, que es una omisión”.

El operativo podría extenderse a otros barrios y también al interior del país

Según la información oficial que divulgó la cartera, el despliegue se viene desarrollando en los barrios Centro, Cordón y Palermo, en la jurisdicción de las Seccionales 2ª, 4ª y 5ª. En ese eje, Clavijo indicó como importante “que no sea algo aislado”: “Vamos a agregar nuevas zonas luego de que veamos que estas zonas comienzan a mejorar en el aspecto más crónico”, aseguró, dado que la idea es “focalizar los recursos” con el objetivo de que “la realidad ahí cambie” y mesurar “qué cantidad de recursos” son necesarios para alcanzar esa modificación, ya que si todos los días acuden a una zona distinta “la evidencia real no se da”, razonamiento que extendió también a operaciones por crimen en barrios.

“Lo que estamos haciendo ahora es diferente. Es focalizarnos en lugares —que no quiere decir que desatendamos los demás— para demostrar que podemos cambiar la realidad de esos territorios y qué cantidad de recursos necesitamos para eso, para poder demandar otros, porque generar recursos importantes lleva tiempo y mucho dinero”, condensó al respecto.

También está previsto que se instrumente en el interior porque es “un ejercicio de gimnasia para probar” y, desde el punto de vista de la criminología, configura un “experimento aleatorio controlado”, ya que “está buscando generar una evidencia y está siendo evaluado”. “Esto está focalizado ahora en Montevideo, pero entendemos que hay otros departamentos que tienen realidades similares y que tenemos que ponernos —en el tiempo muy próximo, a corto plazo— también a trabajar en esos territorios”, informó y listó a Canelones, Maldonado, Salto, Rivera y ciudades de Colonia.

Finalmente, el Municipio CH de la capital inició un plan piloto para aplicar la Ley de Faltas sobre personas que duerman a la intemperie. Clavijo explicó que la ley “es bien clara” y “la competencia no es de un municipio”, sino que “el accionar en torno a la aplicación es con la policía”. A su vez, Clavijo se basó en su experiencia a la interna de la IM y dijo que otros municipios también lo aplican, aunque en otros aspectos. “Tal vez la realidad del CH son las personas en calle, pero la realidad del D es la ocupación de terrenos con nuevos asentamientos” y “a veces hay algunos municipios que tienen más posibilidades de estar comunicados, otros no tanto”, ejemplificó.

Según Clavijo, el descenso general del 4,7% en denuncias es una tendencia que “no se da desde hace 30 años”

Sobre los datos de criminalidad que presentó el MI, Clavijo advirtió que “hay una diferencia entre la estadística descriptiva de los datos y el análisis”. Como ejemplo tomó la violencia intrafamiliar e indicó que hubo un “pequeño ascenso” en el registro de las denuncias, pero “un gran descenso en las muertes a consecuencia de la violencia doméstica” en los últimos años. “Este año pasado hubo 18 femicidios y tenemos que retrotraernos al 2013 para encontrar ese dato, y que si lo comparamos con el 2022 estamos hablando de 10 femicidios menos —es decir, 28 a 18— hay un gran descenso”, aseguró sobre un dato “alentador”.

“Hay hechos que se registran y otros que se constatan. Las muertes se constatan; todos los demás delitos contra la propiedad se registran”, contrapuso. “Las muertes están a la baja —poco a la baja—, pero hay una tendencia de estabilización y de que comience a bajar”, sostuvo, pero barajó como necesario “desagregar todas las variables”. Consultado sobre el mecanismo para profundizar el descenso, insistió con el análisis de “la conducta delictiva de esos hechos violentos” y, simultáneamente, “regular la venta de munición y de insumos para la recarga de munición”, ya que “se habla de que hay muchas armas”, pero “lo que hay es mucha munición”.

Finalmente, indicó que “la incidencia general de esas 15 tipologías” aparece “a la baja la cantidad de denuncias en casi un 5%”, algo que “no se da desde hace 30 años”, y lo atribuyó al descenso de las estafas: “La denuncia del delito de estafa bajó muchísimo el año pasado y puedo decir que este año viene con guarismos mucho más grandes. El último mes está rondando, con nuestros registros, una baja del 80% en enero”. Al margen de lo anterior, admitió que “siempre hay que ser pesimista en el análisis porque si no, vamos a creer que estamos bien” y “cuando estamos bien, simplemente estamos aceptables, porque la comunidad necesita más”, remató.