El astillero español Cardama Shipyard, contratado por el anterior gobierno para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada por un total de 82 millones de euros, decidió retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, según informó el jueves Búsqueda.
La empresa española había solicitado este ámbito –programado para el 16 de marzo– como paso previo a entablar una demanda civil. Sin embargo, tras la última conferencia de prensa del presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que el mandatario confirmó la rescisión del contrato y, al mismo tiempo, anunció que el gobierno iniciaría “acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”, Cardama desistió de ese camino.
“Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos”, se señala en el documento que presentó la empresa española, a través del estudio Hughes & Hughes, ante el Juzgado de Conciliación de segundo turno, dio cuenta el semanario. Ante este escrito, la jueza Karen Leticia Ramos archivó el caso y notificó al Ministerio de Defensa Nacional.
Consultado al respecto, Orsi dijo el jueves en rueda de prensa que tras la decisión del gobierno de terminar con el contrato “por supuesto que se desencadenan mecanismos”. “Nosotros también tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver por supuesto cómo conseguimos las patrulleras y, a su vez, el privado que estuvo [por Cardama] tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales”, expresó.
El presidente sostuvo que el Poder Ejecutivo está enfocado “en encontrar las herramientas para el control del agua territorial y de la costa”. Con respecto a Cardama, manifestó: “La razón la tenemos porque consideramos que no es un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo”.
En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Nacional (PN) Gabriel Gianoli, quien en noviembre del año pasado visitó el astillero español, consideró que con esta decisión Cardama “va rumbo a un arbitraje fuera del país”, que es “lo que no quieren” en el gobierno, “pero va a terminar pasando”. La empresa española, agregó, “se retiró antes de llegar a un entendimiento, [pero] para mí vamos a un juicio de frente”.
En el contrato firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.
La “otra truchada” y la información que espera la comisión especial del Parlamento
Por otra parte, Búsqueda informó el jueves que, antes de enviar la garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce Bank –compañía que luego fue disuelta por el ente regulador de sociedades anónimas de Reino Unido–, Cardama presentó un aval supuestamente otorgado por una sucursal en Camerún de la institución financiera Société Générale, una de las principales empresas de servicios financieros de Europa, con sede en París. Sin embargo, el banco negó haber emitido este documento.
Para el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, se trata de “otra truchada” en el marco del “fraude más grande en la historia del país en materia de compras militares”, escribió en X. “Cada vez queda más clara la estafa de Cardama a Uruguay. Algunos legisladores deberían desistir de su defensa a ultranza ante las abrumadoras evidencias”, agregó, por su parte, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, también en la misma red social.
El vicepresidente de la comisión especial del Parlamento que está analizando el proceso de compra de las patrullas oceánicas, el senador del FA Nicolás Viera, dijo a la diaria que todo esto estará incluido en los documentos que fueron solicitados por la comisión al Ministerio de Defensa Nacional.
Según supo la diaria, la comisión ya le pidió al ministerio más de una decena de informes; entre otras cosas, se solicitó “copia de todos los Informes de los oficiales en Vigo, capitán de navío Ismael González y capitán de navío Héctor González”, “copia de la denuncia penal y ampliaciones” y “copia de todos los informes jurídicos, económicos y de contingencias judiciales en los que se basa la decisión de rescindir el contrato”.
Al respecto, Gianoli, también integrante de la comisión, dijo que ya “vamos para 20 días de comisión investigadora y no nos trajeron un solo papel”. “Estamos a ciegas; todo lo que hacemos es preguntar nosotros, pero no recibimos documentación aún”, afirmó el diputado del PN.