“Dios mueve el jugador y este la pieza, que dios detrás de Dios la trama empieza”, era la cita del poema “Ajedrez”, del escritor argentino Jorge Luis Borges, que Jorge Díaz compartía en su cuenta de X el 2 de diciembre de 2024, cuando se lo confirmaba como el nuevo prosecretario de la Presidencia de la República. A más de un año de ese posteo, que remató con el eslogan de campaña “Sabremos cumplir”, en una entrevista con la diaria el exfiscal de Corte analizó el andar del gobierno y puso foco en los principales temas de su interés.
Luego de repetir en varias entrevistas que no es un “político de profesión”, en esta instancia cambió: “Debería decir que soy político de profesión, porque vivo del ejercicio de un cargo político. Por tanto, profesionalmente, soy un político”. En ese sentido, también analizó la actualidad del Frente Amplio [FA] y el comportamiento de la oposición.
En una extensa charla, el jerarca dijo que la discusión pública no fue lo que más le costó de su rol político, porque los diez años en los que estuvo al frente de la Fiscalía “fueron curtiendo el cuero”. Lo más difícil ha sido el “cambio el chip de la locomotora que ejecutaba”, ya sea como juez o como fiscal, para convertirse en un prosecretario que se dedica a la “coordinación, control y seguimiento de diferentes políticas públicas que la gran mayoría de las veces ejecutan otros”.
Usted ha dicho que ejerce la función política “para acompañar al compañero Yamandú Orsi”, a quien se le ha criticado su forma de comunicar. Él mismo ha hablado de sus “tropezones” en materia discursiva. ¿Eso explica los niveles de desaprobación que marcan las últimas encuestas?
Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es el desfasaje entre la esperanza que tenía la gente cuando votó y la realidad que nosotros tuvimos que enfrentar. En parte, comparto esa sensación de frustración. Hay un montón de cosas que uno quiere hacer y probablemente esté limitado por cuestiones fiscales o por cuestiones presupuestales. Entiendo a la gente cuando lo plantea y me parece que es importante escuchar a toda la gente; en particular, a aquellos compañeros frenteamplistas que nos votaron y que nos asignaron esta responsabilidad. Es muy importante escuchar y entender, porque esa es la manera de que luego uno pueda, primero, hacerse eco de ese planteo y, segundo, transmitir la visión desde este lado. Tuvimos que poner la casa en orden, tuvimos un año complejo, en el sentido de que recibimos una situación fiscal que no era la que esperábamos, que no era la que se nos había dicho.
Hablaba de un desfasaje entre la expectativa generada y la realidad con la que se encontraron. En cualquier caso, eso ya impactó en la imagen del gobierno, ¿ahora cuál es la solución?
Se soluciona yendo al territorio y escuchando a los compañeros. El año pasado hicimos varios viajes al interior con el tema del presupuesto, en los que les explicamos a los compañeros el tema presupuestal, y este año se va a hacer una segunda fase de “El FA te escucha”. Lo primero que tenemos que hacer es no ir al territorio a explicar, sino a escuchar; eso es lo más importante. Para el FA es imprescindible, porque el FA es coalición y movimiento, y eso implica la participación de la gente.
¿Solo con “El FA te escucha” se llega a la gente?
Es una opinión personal, pero creo que tenemos que habilitar mayores niveles de participación, otras formas de participación. La gente joven y la no tan joven ya utiliza otros mecanismos de comunicación, otras vías de comunicación, y de repente la reunión de comité es algo que no le resulta atractivo. La reunión del comité va a tener que seguir existiendo, porque hay un montón de compañeros que son nuestra presencia en el territorio, [pero] probablemente haya que sumar otra forma de participación que, en definitiva, permita escuchar más. En esta fase de aprendizaje, cuando más aprendí fue cuando salí al interior del país y a los comités a hablar con la gente. En ese ida y vuelta se va a ir construyendo o reavivando la llama.
¿De qué se trata lo de “reavivar la llama”?
Tenemos que recuperar la capacidad de enamorar, tenemos que tener la capacidad de soñar, tenemos que ver el horizonte, porque el horizonte es, en definitiva, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. El horizonte es como la utopía. Tenemos que tener la capacidad de soñar nuestras propias utopías y salir adelante. Tenemos que hacerlo en un momento histórico de nuestra fuerza política, en el que perdimos a nuestros principales referentes.
¿Y eso qué implica?
Perdimos a [Liber] Seregni hace tiempo, perdimos ahora a [José] Pepe [Mujica], habíamos perdido a Tabaré [Vázquez] y a Danilo [Astori], verdaderos monstruos políticos. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender como frenteamplistas es que un Pepe, un Tabaré, un Danilo o un Seregni no van a aparecer debajo de una piedra. Tenemos que enfrentar la situación actual como fuerza política sin esos liderazgos tan claros, tan contundentes, tan terminantes.
Hoy estamos los que somos, somos los que estamos. No tenemos que seguir esperando el nuevo mesías, porque el nuevo mesías probablemente no aparezca, o vaya uno a saber cuándo aparece. Hoy están los Pacha [Alejandro Sánchez], está Carolina [Cosse], está Cristina [Lustemberg], está Blanca [Rodríguez], está Gabriel [Oddone], está Fernando [Pereira], está Yamandú. Hay un conjunto de compañeros que seguramente no son aquellos monstruos políticos, pero son los dirigentes que tenemos hoy.
La política pone discursos en tensión, y la defensa de la gestión va a implicar superar eso. La semana pasada, por ejemplo, aparecieron pasacalles que decían “El gobierno te mintió”. ¿Es posible controvertir esas afirmaciones?
Uruguay es una penillanura suavemente ondulada, donde generalmente los cambios, que sí se producen, no son drásticos. Pero si hay un cambio de gobierno, hay cambios. Nosotros no venimos a destruir el legado de nadie, pero tampoco venimos a dejar cosas con las que no estamos de acuerdo. Me da la sensación de que desde la oposición nunca esperaron perder y todavía están elaborando el duelo de la derrota. Todavía están elaborando un duelo de la derrota y quieren que 2029 sea mañana, pero faltan cuatro años.
La oposición cuestiona que se haya desandado algunos proyectos, como Neptuno y Cardama.
Con respecto a Neptuno, claramente, se le pidió expresamente a [Luis] Lacalle Pou que no lo firmara, [pero] el presidente Lacalle Pou lo firmó igual. Era obvio que, cuando asumiéramos, íbamos a trabajar para revertir una situación. Y Cardama es una estafa. No creo que el legado de Lacalle Pou pase por Cardama, me parece que sería hasta ningunear el legado de Lacalle Pou. Es como una especie de discurso de “todo lo que hicimos nosotros está bien y todo lo que ustedes cambien de lo que hicimos nosotros es destruir” y no es cambiar.
A un año de haber asumido, el Ministerio del Interior no ha logrado presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública. ¿Fue una buena decisión hacer ese proceso de diálogo, cuando se trata de un tema de tanta urgencia?
Quizá hubo un problema en cómo se planteó. Quizá comunicacionalmente hablar de que el Plan de Seguridad en sí mismo era un objetivo, probablemente, le haya dado el argumento a la oposición de decir “pasaron un año sin hacer nada”. Y la realidad es que se hicieron muchísimas cosas durante todo este año: se incorporó tecnología y se armaron equipos de trabajo en la Policía Nacional, con sinergias claras. Por ejemplo, en materia de investigaciones, si uno ve el proyecto, todos los directores de investigaciones se conocen, todos trabajaron juntos, tienen una relación de confianza, trabajaron durante muchísimos años, y eso es muy importante.
El delito siempre tiende a cambiar. ¿Cuáles son los nuevos grandes riesgos a los que nos enfrentamos? Se señala que lo principal sigue siendo el crimen organizado. ¿Ya se puede hablar de la presencia del Primer Comando de la Capital (PCC) en Uruguay?
Tenemos un dato de la realidad: en América Latina las principales organizaciones criminales nacieron en los establecimientos carcelarios, tanto el Tren de Aragua como el PCC. Con esta banda del túnel, con la finalidad de robar un banco se demuestra la presencia del PCC. Las condiciones objetivas de nuestro sistema carcelario –hipertrofiado, lleno de jóvenes analfabetos, con consumo problemático y pobres– generan condiciones muy particulares que en otros países permitieron que apareciera este tipo de organizaciones. Sobre esas condiciones se está trabajando aceleradamente. Hay que trabajar mucho para revertir esa situación carcelaria y lograr que este tipo de organizaciones no penetren.
¿Cómo se hace para controlar la propagación de estos grupos?
Hay un trabajo de inteligencia y de represión, pero también de modificación de las situaciones de base que generan esas condiciones objetivas que permiten que la mecha pueda arder el día que se prenda. Eso implica la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y también empezar a pensar en medidas alternativas a la prisión en los casos de delitos leves. Se está trabajando, y probablemente en esa línea también vayan las modificaciones del Código del Proceso Penal que se envíen al Parlamento, que se le van a presentar al presidente de la República el lunes próximo.
Foto: Alessandro Maradei
Eso sería atacar a la parte de abajo del crimen organizado, pero ¿cómo se afecta a la cabeza? ¿Se hace con la ley de lavado que está en el Parlamento?
La ley es necesaria, pero un simple cambio de normativa no genera un cambio en la realidad. Vos podés aprobar las mejores leyes del mundo, pero la realidad es que si no las aplicás, si no las ejecutás, solo va seguir estando ahí. Lo que tiene que haber, lo que estamos tratando de generar, es un cambio en la metodología de trabajo y un cambio en la percepción del riesgo que tienen que tener los ciudadanos respecto del lado del activo. Es intentar, primero, que las inspecciones que hace la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] sean eficaces y eficientes, y que las inspecciones que hace la DGI [Dirección General Impositiva] sean eficaces y eficientes, tratando de apuntar a aquellos que son sujetos obligados a que efectivamente cumplan con reportar operaciones sospechosas. También se trata de aportar a las investigaciones sobre lavado de activos para poder identificar bienes que sean producto de los delitos precedentes y que puedan ser incautados.
Se cumplen ocho años de la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué evaluación hace de su funcionamiento?
Cuando se empezó a discutir el pasaje de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, se decía que no se iba a aprobar. Y se aprobó. Cuando se aprobó, decían que no iba a entrar en vigencia. Y entró en vigencia. Cuando entró en vigencia, decían que a los tres meses se iba a caer todo y que iba a implosionar el sistema, pero hace ocho años que está funcionando. Lo anecdótico es que los que dijeron no se iba a aprobar, que no iba a entrar en vigencia, que se iba a caer todo, que hay que cambiarlo, son siempre los mismos. El sistema sigue funcionando hasta el día de hoy y funciona sin mayores dificultades. Las dificultades algunas veces tienen que ver con falta de recursos –creo que es uno de los problemas fundamentales– y a veces también hay un tema de organización, que es importante.
En 2025 se conformó un grupo de trabajo para definir sus falencias y ahora se iniciará el debate parlamentario para su actualización. ¿Qué se viene en materia de cambios?
En ese grupo de trabajo se invitó a participar al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Colegio de Abogados, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio del Interior, y como en la resolución del presidente Orsi se establecía que se podía convocar a participar a profesores nacionales y extranjeros, se invitó al profesor Gabriel Valentín.
Se trabajó durante unos cuantos meses; prácticamente fueron 30 reuniones del grupo como pleno, más las reuniones de cada una de las delegaciones. Nosotros pretendíamos una revisión integral que identificara dónde estaban los problemas y que apostara a soluciones. Y ese fue el trabajo. Se lograron consensos amplísimos. En algunas normas, algunas instituciones dejaron algunas constancias, porque, evidentemente, no querían obstruir el consenso. Eso lo vamos a mandar al Parlamento en un anexo para que los legisladores sepan cuáles fueron aquellas cuestiones que se debatieron.
Pero ¿qué se puede destacar en cuanto al sentido de los cambios?
Quiero esperar a la presentación pública, que se va a hacer el lunes. La idea central era resolver los problemas que se generaban a partir de la aplicación de determinada normativa. Las soluciones vienen de aquellos que trabajan todos los días con esa herramienta.
Se ha hablado mucho en estos días sobre la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Eso no es una prioridad para el gobierno? Algunos actores del oficialismo han señalado que en realidad en este momento no sería una prioridad.
Está entre las 63 prioridades del gobierno. Con eso te estoy contestando. Después podemos discutir si ahora, si más adelante, si un poco más allá o un poco más acá. De hecho, el año pasado, nosotros entendimos que [durante la discusión de] el presupuesto no era el momento de enviarlo. Este año, el presidente entendió que sí. Entonces, prioridad es. Después podemos discutir si es urgente o no es urgente; esa es otra discusión. Yo creo que urgente no es, pero sí es prioritario.
Ha dicho que se trataría de un Ministerio de Justicia “a la uruguaya”. ¿Cuáles serían esas particularidades?
Un Ministerio de Justicia a la uruguaya es un ministerio que no tiene ningún tipo de función jurisdiccional, que no se arroga ninguna de las competencias administrativas que tienen tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como la Suprema Corte de Justicia. Es un ministerio que apunta a solucionar algunas cuestiones como, por ejemplo, el acceso a la justicia, que es hoy un problema para muchos uruguayos. En un país donde tenemos mucha gente que no tiene acceso y tenemos muchos abogados sin trabajo, eso el mercado no lo va a resolver y es necesaria la intervención del Estado.
El senador colorado Andrés Ojeda ha dicho que crear el Ministerio de Justicia sería “darle la llave del gallinero al zorro”. ¿Cómo interpreta eso de alguien que, en su momento, estaba a favor de la iniciativa?
Las declaraciones de Ojeda fueron particularmente ofensivas para con el gobierno, porque él habla de un gobierno que no fue respetuoso de la separación de poderes. Yo quiero saber cuál fue el acto de este gobierno que vulneró la separación de poderes. Quiero que se me diga el acto y que esté la prueba, porque es una afirmación muy grosera, muy grave. Es agraviante para un gobierno.
Ha dicho que no está en sus planes ser ministro de Justicia. De acuerdo con Info Capital, uno de los nombres que se manejan para ese cargo es el del excomisionado parlamentario penitenciario y actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos Juan Miguel Petit. ¿Ese nombre está sobre la mesa?
Eso lo vi en X. No se discutió en el Poder Ejecutivo y es la primera vez que escucho ese nombre. Es más, es la primera vez que escucho un nombre.
Y sobre el perfil del ministro, ¿qué imagina?
Eso hay que preguntárselo al presidente. El que nombra a los ministros es el presidente.
La bancada del FA propuso un diálogo interpartidario para llenar una serie de vacantes en los organismos de contralor. También se pretende designar un nuevo fiscal de Corte titular. Usted, que estuvo en el cargo, ¿por qué cree que es tan difícil alcanzar un consenso?
Es porque yo era demasiado bueno, entonces no encuentran un sustituto [se ríe]. No lo sé; esa es una respuesta que tiene que dar el sistema político. Me parece que hay una especie de negativa a sentarse a hablar de temas que deberían ser naturales en una democracia. En una democracia debería ser algo absolutamente normal y natural. De hecho, hay países que le establecen plazos al Poder Ejecutivo.
¿Se debería cambiar el sistema de designación del fiscal de Corte?
Bueno, se podría aprobar una ley que estableciera un plazo al Poder Ejecutivo para enviar un nombre y un plazo al Parlamento para que discuta y apruebe o desapruebe ese nombre. A los uruguayos nos cuesta un poco ese tipo de cosas. Yo recuerdo que había un proyecto del Colegio de Abogados, que presentó un proceso de selección de las personas para ser designadas ministros de la [Suprema] Corte [de Justicia], que preveía un sistema de consulta pública y demás. Ese proyecto nunca se aprobó, terminó la legislatura y nunca se volvió a presentar. Era un muy buen proyecto, que podría ser incluso extensivo al cargo de fiscal de Corte, porque permitía, entre otras cosas, que el proceso de selección no se hiciera entre cuatro paredes, sino que se hiciera en forma pública.
La gran mayoría de la oposición apoya la continuidad de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. ¿Cómo ve esa situación?
Como una negativa a negociar, porque si yo digo “es este o ninguno”, eso no es una negociación, es una imposición. Entonces, negociemos y en la negociación busquemos ponernos de acuerdo. Creo que está bueno que negociemos, que tengamos nombres que sean de consenso.
¿Y hay nombres que sean de consenso?
Yo creo que sí, que a poco que busquemos vamos a encontrar nombres de consenso. Lo que pasa es que si hay una cuestión de patria o muerte, entonces no hay voluntad de negociar, hay voluntad de imponer. Estamos hablando de cuestiones democráticas.
¿Hay novedades sobre el caso Cardama? ¿En qué está la posibilidad de recuperar el dinero?
Es un juicio que se tendrá que llevar adelante en los tribunales uruguayos y luego se tendrá que ejecutar en España la sentencia de condena contra el señor [Mario] Cardama. En el tema de probabilidades, francamente, yo desconozco cuál es el capital del señor Cardama para responder. Veremos eso, pero es un tema que está llevando adelante el Ministerio de Defensa.
En cuanto al trabajo de la comisión investigadora, ¿debería haber responsabilidades políticas?
La pelota ahí está en la cancha de los legisladores. Yo tengo una opinión muy formada sobre el punto. Ya adelantaron que me van a citar a declarar, así que con mucho gusto iré y daré ahí mi opinión. Prefiero, como la pelota está en el ámbito de otro poder del Estado, que en definitiva avance. El Poder Ejecutivo ha dicho que va a colaborar y va a cooperar en todo lo que sea necesario. De hecho, ya hemos recibido algunas solicitudes y están en trámites para remitir al Parlamento documentación. Hasta ahí llego.