Los ciudadanos italianos residentes en el exterior, inscriptos en los padrones electorales, podrán votar por correo. Para que el voto sea válido, el procedimiento debe seguirse con precisión. La papeleta debe completarse exclusivamente con lapicera azul o negra, marcando únicamente una X sobre la opción “Sí” o “No”. Luego la boleta debe colocarse en el sobre blanco pequeño, que debe cerrarse cuidadosamente. Ese sobre debe introducirse junto con el talón electoral en el sobre prefranqueado destinado al consulado. Para garantizar el secreto del voto, no se debe escribir el nombre del remitente ni agregar ningún signo identificatorio en el sobre. El paquete debe enviarse inmediatamente al consulado correspondiente y debe llegar antes de las 16.00 del jueves 19 de marzo.
En el centro de la consulta está la reforma de la magistratura impulsada por el ministro de Justicia, Carlo Nordio, aprobada por el Parlamento, pero sin la mayoría calificada de dos tercios necesaria para evitar el referéndum. Por eso los electores están llamados a pronunciarse directamente: confirmar o rechazar una modificación de la Constitución que interviene sobre la estructura del poder judicial.
La reforma modifica siete artículos de la Carta, alterando un equilibrio institucional que muchos juristas consideran entre los más refinados y equilibrados del mundo. Es justamente este punto el que explica por qué el referéndum encendió un debate tan intenso en el escenario político italiano.
En el centro de la discusión aparece sobre todo una cuestión: la separación de las carreras entre jueces y fiscales. Hoy jueces y fiscales pertenecen al mismo orden de la magistratura y comparten el mismo órgano de autogobierno, el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
La reforma introduce tres cambios principales. El primero es la separación de las carreras entre jueces y fiscales: los dos recorridos profesionales pasarían a ser distintos y ya no intercambiables. El segundo es la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura, uno para los jueces y otro para los fiscales. El tercero es la creación de una Alta Corte disciplinaria encargada de juzgar las responsabilidades de los magistrados.
El punto crucial se refiere justamente al rol de los fiscales. Una vez separados del orden unitario de la magistratura, surge una pregunta clave: ¿quién los gobernará y quién garantizará su independencia? En torno a ese interrogante se concentra buena parte del enfrentamiento político y jurídico.
Otro aspecto controvertido se refiere al nuevo sistema de selección de los integrantes de los Consejos Superiores de la Magistratura. La reforma prevé un sistema de elección por sorteo para identificar a los miembros titulares del CSM. El objetivo declarado es reducir el poder de las corrientes internas de la magistratura, a menudo acusadas de influir en carreras, nombramientos y decisiones internas. Pero muchos detalles siguen siendo inciertos. Todavía no se ha establecido con precisión de qué listas serán sorteados los candidatos, quién elaborará esas listas ni con qué criterios estarán integradas.
Para los partidarios del No, esta falta de definiciones es problemática y podría abrir la puerta a un sistema poco transparente, susceptible de favorecer una mayor influencia política sobre las fiscalías. Quienes apoyan el Sí, en cambio, consideran que el sorteo es justamente una herramienta para debilitar el poder de las corrientes internas, vistas por muchos observadores como estructuras excesivamente politizadas dentro de la magistratura.
Las razones del Sí
Los promotores del Sí sostienen que en el proceso penal el juez debe estar completamente separado de la acusación. Según esta visión, el fiscal es una parte del proceso, al igual que el abogado defensor, mientras que el juez debe actuar como un árbitro imparcial. Separar las carreras, afirman los defensores de la reforma, acercaría el sistema italiano a los modelos vigentes en otros países europeos y reduciría el peso de las corrientes dentro de la magistratura.
Las razones del No
Quienes llaman a votar No temen, en cambio, que la reforma pueda debilitar la independencia del poder judicial. Hoy el fiscal es un magistrado autónomo del poder político y tiene la obligación de perseguir los delitos. Separar las carreras, sostienen los críticos, podría exponer a las fiscalías a mayores presiones provenientes de la política. Según esta posición, la reforma no aborda los problemas concretos de la justicia italiana —como la duración de los procesos, la falta de personal o el atraso en los tribunales— y corre el riesgo de alterar un equilibrio constitucional delicado.
La política
La reforma es respaldada por la mayoría de gobierno encabezada por la primera ministra, Giorgia Meloni. Entre los principales defensores del Sí se encuentran: Fratelli d'Italia, Lega y Forza Italia.
Precisamente, Forza Italia, el partido fundado por Silvio Berlusconi, es uno de los promotores más firmes de la separación de las carreras. La reforma de la justicia fue durante años una de las principales batallas políticas del líder fallecido en 2023 y sigue siendo hoy uno de los rasgos más visibles de su legado político. En el frente opuesto se ubica buena parte de la oposición: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra.
En los últimos días, la campaña se vio sacudida por una polémica provocada por declaraciones de Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia, Carlo Nordio, y exdiputada de Forza Italia. Durante un debate televisivo sobre la reforma judicial, Bartolozzi defendió el voto por el Sí y afirmó que con la reforma “nos sacamos de encima a la magistratura”, además de describir a algunos fiscales como “pelotones de ejecución”.
Sus palabras provocaron fuertes críticas de la oposición y de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que denunció un ataque injustificado contra el poder judicial. Frente a la controversia, Nordio calificó las expresiones como “infelices”, pero descartó pedir su renuncia.
El episodio elevó aún más el tono del debate político en la recta final de la campaña y volvió a poner en el centro la tensión histórica entre política y magistratura en Italia. El caso se convirtió, además, en uno de los temas centrales de la campaña porque reforzó el argumento de los críticos de la reforma: el temor de que detrás de la separación de las carreras exista también un conflicto político con la magistratura y un intento de reducir su peso institucional.
Las voces de la magistratura
También la ANM, la principal organización representativa de la magistratura italiana —que en 2025 reunía cerca del 96% de los magistrados—, expresó fuertes críticas a la reforma. Fundada en 1909, la asociación nació con el objetivo de defender la independencia y la autonomía del poder judicial.
Entre las voces más escuchadas en el debate público se encuentra la del magistrado Nicola Gratteri, fiscal y uno de los investigadores antimafia más conocidos de Italia. Gratteri expresó serias dudas sobre la separación de las carreras, sosteniendo que el fiscal debe seguir formando parte de la magistratura para garantizar su independencia frente a presiones políticas y frente al crimen organizado.
En el otro lado del debate suele citarse la posición de Antonio Di Pietro, el magistrado símbolo de la investigación Mani Pulite, que en los años 90 destapó el sistema de corrupción conocido como Tangentopoli. Di Pietro declaró que la reforma no comprometería la autonomía de la magistratura y que podría incluso contribuir a superar el sistema de corrientes que durante años influyó en las carreras y en los procesos disciplinarios.
Una batalla de décadas
La separación de las carreras atraviesa la historia política italiana desde hace más de 40 años. Ya en los años 70 el tema aparecía en el llamado Plan de renacimiento democrático, elaborado por la logia masónica secreta y desviada Propaganda Due (P2), dirigida por Licio Gelli, que proponía una reforma de las instituciones y una reducción del poder de las fiscalías. Entre los afiliados a la logia figuraba también el empresario y futuro presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi. En los años 2000 Berlusconi convirtió la reforma de la justicia en una de las principales banderas de sus gobiernos, argumentando que la magistratura se había vuelto demasiado poderosa y politizada. Desde entonces el tema permanece en el centro del conflicto entre política y magistratura, y ha reaparecido periódicamente hasta la reforma actual.
Un voto sobre el equilibrio de los poderes
Para muchos observadores el referéndum de marzo no se refiere solamente a la organización de los tribunales. El voto toca una cuestión más profunda: el equilibrio entre los poderes del Estado. Por un lado, están quienes quieren rediseñar el rol de las fiscalías y acercar el proceso penal italiano a los modelos acusatorios vigentes en otros países occidentales. Por el otro, quienes temen que modificar la estructura de la magistratura pueda debilitar una de las principales garantías previstas por la Constitución.
Por eso la votación del 22 y 23 de marzo no es solamente una decisión técnica. En juego, según muchos juristas, está la arquitectura misma del Estado y la forma en que la democracia italiana distribuye el poder entre política y justicia.
Logia P2
La Propaganda Due (P2) fue una logia masónica desviada que operó en Italia y que terminó involucrada en uno de los mayores escándalos políticos de la historia del país.
La organización fue fundada en 1877, disuelta durante el régimen fascista y volvió a funcionar al final de la Segunda Guerra Mundial dentro del Gran Oriente de Italia.
Sin embargo, durante el período en que estuvo dirigida por el empresario y financista Licio Gelli, adoptó formas consideradas desviadas respecto de los estatutos de la masonería y de carácter subversivo frente al orden jurídico italiano.
El 26 de julio de 1976 el Gran Oriente de Italia decidió suspender la logia. Años más tarde, la comisión parlamentaria de investigación presidida por la dirigente democristiana Tina Anselmi concluyó que la P2 funcionaba como una verdadera “organización criminal” y “eversiva”. La logia fue finalmente disuelta por ley en 1982.
En 1981 una investigación judicial descubrió una lista de casi 1.000 afiliados, entre ellos, el futuro primer ministro, Silvio Berlusconi, altos mandos de las fuerzas armadas, jefes de los servicios de inteligencia y directivos de grandes empresas.
El proyecto político de la logia estaba plasmado en el llamado Plan de renacimiento democrático, un documento que proponía una profunda reorganización del sistema institucional italiano. Entre sus objetivos figuraban reformas del sistema político, del poder judicial y del sistema de medios, con la intención de influir y condicionar la vida política e institucional italiana.
Las actividades de Gelli también tuvieron proyección internacional. Durante los años de la Guerra Fría mantuvo vínculos con sectores militares y políticos de América Latina, en particular, en Argentina y Uruguay, en el contexto de las dictaduras del Cono Sur.
Investigaciones históricas han señalado contactos con figuras del régimen militar argentino y con estructuras vinculadas a la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor. Entre los afiliados figuraba el almirante argentino Emilio Eduardo Massera, miembro de la primera junta militar de la dictadura en Argentina. Massera ingresó a la logia con el número de carnet 1755.
El escándalo de la P2 provocó una profunda crisis institucional en Italia. Sin embargo, el contenido de su programa político -incluidas algunas propuestas de reforma de la justicia- siguen siendo objeto de debate hasta hoy.