Tamara Paseyro: “No queremos que la inversión defina la ciudad en solitario, sino que se integre a una visión de futuro”

La titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro, define la política de vivienda como “pivot dentro del conjunto de políticas sociales y urbanas”. La ministra, que hace una “evaluación muy positiva” del primer año de gobierno, reconoció que si bien “tenemos una cartera grande de proyectos”, no se puede “desconocer que hoy hay familias que no pueden esperar a formar parte de una cartera de proyectos”. Por ejemplo, las más de 60.000 viviendas que tienen “al menos una carencia crítica”.

El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat pretende abarcar 69.334 hogares, de los cuales 25.000 corresponden a nuevas viviendas, y el resto serán atendidos por medio de distintos programas. Paseyro sostiene que “abarca la globalidad de las distintas problemáticas que tienen hoy las familias”.

En entrevista con la diaria, la ministra profundizó en la iniciativa Crece desde el Pie, que atiende la emergencia habitacional de familias vulnerables con recién nacidos; el programa Más Barrio, que definió como una “estrategia nacional de intervención territorial simultánea” orientada a “mejorar la convivencia y la calidad de vida en las zonas más vulnerables”; y el programa Primera Vivienda, que facilita el acceso a la compra de vivienda al reducir de un 20% a un 5% el ahorro previo.

¿Qué evaluación hacés del primer año del gobierno y, en particular, del trabajo de tu cartera?

Yo hago una evaluación muy positiva de este primer año, pensando en las prioridades del gobierno para esta gestión. Cuando pensamos en la ley de presupuesto y vemos dónde puso el foco este gobierno y las prioridades que estableció, me siento identificada, gratificada y en sintonía con todo el Poder Ejecutivo.

Nosotros elaboramos un plan quinquenal de vivienda que sentimos que es potente, que tiene líneas de trabajo muy fuertes, que entendemos que abarca la globalidad de las distintas problemáticas que tienen hoy las familias: desde líneas de acción para la precariedad habitacional y la población más vulnerable hasta las políticas estructurales de mejora de vivienda y hábitat, que son todos los programas de mejoramiento de barrios. Entendemos que tocamos todas las líneas y la población a la cual queremos llegar.

Varias iniciativas apuntan a solucionar emergencias habitacionales. ¿Con qué situación te encontraste al asumir?

Nosotros hicimos un mapeo de la precariedad habitacional –además de trabajar junto con la unidad de evaluación y monitoreo que tiene el ministerio– junto con el INE [Instituto Nacional de Estadística], para, justamente, trabajar sobre los datos del censo y tener ubicada esa precariedad habitacional. Si bien en el plan quinquenal está la precariedad habitacional con foco en la infancia, hicimos una focalización mayor en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el [programa] Uruguay Crece Contigo para Crece desde el Pie, que es la atención a embarazadas y niños y niñas recién nacidas que viven en esas condiciones que no podemos permitir. En eso estamos actuando. Se está terminando un piloto que empezamos el año pasado, de 50 soluciones, que vamos a escalar a partir del presupuesto.

Cuando hablamos de déficit habitacional hablamos también del déficit cualitativo de vivienda. Y ahí hablamos de que más de 60.000 viviendas hoy tienen al menos una carencia crítica. Cuando hablamos de eso tenemos que focalizar. Si bien el ministerio tiene programas estructurales de atención a la vivienda, de la vivienda definitiva, no podemos desconocer que hoy hay familias que no pueden esperar a formar parte de una cartera de proyectos. Hoy tenemos una cartera grande de proyectos, pero así y todo hay 667 asentamientos, y la precariedad habitacional tampoco es que esté solo en los asentamientos: también está en la ciudad formal.

En su mensaje ante la Asamblea General, el presidente destacó el comienzo del programa Crece desde el Pie. ¿Cómo se viene implementando?

Lo que nosotros queremos es que la familia se quede ahí, porque siempre es mejor que las familias se queden donde están: por las redes, por la contención que tienen en los lugares en los que están, pero también es cierto que a veces no es posible, no solo por la precariedad de la vivienda, sino por la precariedad de su ubicación. Entonces, hay distintas herramientas que nosotros tenemos para atender esa precariedad habitacional.

Si nosotros podemos mejorar la vivienda donde hoy está la familia, es la situación ideal. Después hay otro camino que es con los módulos; la solución pasa por aportar, por ejemplo, si a la familia le falta un baño, aportar el módulo del baño, la cocina, una pieza o la totalidad, en caso de que sea necesario. Y después, en caso de que la familia no pueda permanecer en el lugar, hay otras herramientas como pueden ser, en última instancia, el realojo, un subsidio de alquiler; vamos trabajando las diferentes soluciones.

Respecto de estas soluciones de emergencia, a fines del año pasado el ministerio lanzó una licitación para módulos habitacionales de fácil armado y traslado. ¿Qué territorios y poblaciones se priorizarán con esta solución?

Esa licitación está cerrando ahora, el 16 de marzo. Nosotros tuvimos una reunión que hicimos en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es el organismo que ejecuta a través del FISU, que es el Fideicomiso de Integración Social y Urbana –esta licitación está en el marco de ese fideicomiso–. Cuando asumimos tuvimos reuniones con la Cámara de la Construcción, con distintas empresas, con distintos desarrolladores, justamente para pedirles que se sumen a este proyecto. [Para atender] la precariedad habitacional y la situación que hoy viven muchas familias necesitamos de todos y todas. Necesitamos también del sector privado para que aporte a esto, y las oportunidades de aportar del sector privado son ante estas instancias de licitaciones.

¿Estos módulos se piensan para atender situaciones de emergencia transversales a todos los programas del MVOT?

Exactamente, teniendo en cuenta que esta no es una solución definitiva. Para la situación definitiva tenemos las políticas estructurales, fuertes. Esto es para la emergencia, para esas personas que no pueden esperar.

Más allá de las características, como que sean transportables y de fácil armado, ¿la licitación incluye otros lineamientos para la construcción?

Sí, pero nosotros también tenemos un factor que es muy importante, que es que nosotros no queremos la precarización. Si bien es una solución intermedia, una solución para paliar la situación de estas familias, no por eso no queremos que esa solución sea buena, durable y que tenga la calidad que tiene que tener. Para eso, en la licitación se pide que tengan el DAT [Documento de Aptitud Técnica] y el CIR [Certificado de Incorporación de un Sistema Constructivo al Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales], que es lo que nos garantiza esta durabilidad de los módulos. O sea, no es cualquier módulo; no todos sirven.

¿Un ejemplo de estos módulos serían contenedores?

Estamos abiertos a las distintas propuestas, pero sí, eso es lo que uno asocia. Pero, ya te digo, tienen que cumplir con el DAT y con el CIR.

Programa Más Barrio: “La simultaneidad de la intervención es el corazón de la estrategia”

En abril empezará a implementarse el programa Más Barrio, que comenzará en Cerro Norte, en Montevideo, y luego se extenderá a otros departamentos. ¿Cómo se definieron los territorios y cuál será el rol del MVOT dentro de esta estrategia?

Primero, me parece importante marcar que esta es una estrategia nacional de intervención territorial simultánea, que está orientada a mejorar la convivencia y la calidad de vida en zonas más vulnerables. Es importante, porque no es un programa de seguridad, no es un programa de vivienda, es esta intervención territorial simultánea.

Nosotros tuvimos un diagnóstico que elaboramos en conjunto –y esa es otra potencialidad que tiene este programa–, desde el inicio, con el Ministerio del Interior, determinando las zonas de mayor vulnerabilidad en lo que tiene que ver con la seguridad, las violencias, los homicidios, sumándole otras vulnerabilidades que tienen que ver con lo social. De eso quedó un listado de 21 zonas, y ahora vamos a trabajar en las cinco primeras. Esto lo venimos trabajando también con Presidencia, en conjunto con la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe], que fue la línea de crédito de 250 millones de dólares que obtuvimos para el quinquenio, y ahora vamos por el préstamo de estos primeros 50 millones, para trabajar en estas cinco zonas: Cerro Norte y en Canelones, Maldonado, Rivera y Durazno.

Este programa apunta a territorios que están atravesados por la precariedad habitacional, por el deterioro en los espacios públicos, por esa fragmentación social y por estas dinámicas de violencia que atraviesan los territorios. El programa tiene cuatro componentes: tenemos la mejora del hábitat y las condiciones de vivienda; la recuperación del espacio público y la infraestructura urbana; el trabajo en la seguridad y la convivencia; y, por supuesto, el trabajo comunitario en el territorio. Lo que nosotros queremos es que esas familias, esas personas puedan vivir su barrio, puedan transitar por su barrio tranquilas, puedan disfrutar de esas infraestructuras. Es habitar y es pertenecer a los lugares donde la gente vive. Entonces, la simultaneidad de la intervención es el corazón de la estrategia. Lo que nosotros queremos es que el trabajo en seguridad y convivencia genere las condiciones para desplegar esa transformación urbana tan importante.

¿Está estimado a cuánta población va a impactar el programa entre todos los territorios?

El número exacto ahora no lo tengo, pero es un impacto grande porque los polígonos, las zonas de intervención, son zonas importantes. Otra cosa que es importante es que esto no es una acción en la ciudad informal: es tanto en la ciudad informal como en la ciudad formal. No es solo una acción en asentamientos. Las zonas incluyen también ciudad formal, y ahí vamos a ir con el trabajo también con la comunidad, con las mujeres, a darles voz a los niños y niñas que viven en esos territorios, a esos adolescentes. Es una batería de acciones que es lo que le da la potencia. Me parece muy importante que el Estado llega y se queda.

¿De qué forma?

En este trabajo comunitario, en todo este despliegue de las distintas dimensiones que tiene el programa. También pensamos en la ejecución de centros de convivencia, que sean lugares en los que la gente sienta ese sentido de pertenencia, sienta que el barrio es tan lindo como otros barrios, que puedo hacer lo mismo que hace la gente en otros barrios.

“La política de vivienda condiciona la eficacia de otras políticas sociales”

El año pasado se resolvió que, a excepción del programa Entre Todos, la potestad sobre la Ley de Vivienda Promovida pasara al Ministerio de Economía y Finanzas, ya que se entendía que desde el MVOT no se estaba llegando al público objetivo. ¿Cómo ha funcionado ese cambio respecto del programa Entre todos?

Estamos en ese momento del pase de la Ley de Vivienda Promovida del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Economía, ajustando lo último para que sea el Ministerio de Economía quien promueva. Nosotros, por otro lado, con el programa Entre Todos, seguimos trabajando fuertemente. Me parece muy importante remarcar que [bajo] la Ley de Vivienda Promovida, según datos de 2025, alcanzamos un crecimiento récord con 326 proyectos que ingresaron, que representan más de 15.000 viviendas. En 2024 habían sido 8.098 viviendas, que ya había sido un récord desde la creación de la Ley de Vivienda Promovida en 2011. Digo esto porque no se estancó, porque siguió, eso nos obligó también a nosotros a mejorar nuestra gestión para recibir este incremento de evaluación de proyectos.

Para nosotros, es importante combinar los incentivos a la oferta con una regulación clara y con el apoyo a la demanda. En el programa Entre Todos hicimos esa modificación en la ley de presupuesto para que la contribución no revisable pasara a ser revisable, para poder llegar a más familias. Porque la idea es ir acompañando la trayectoria de esas familias a lo largo de su vida. Entonces, si mejora su situación, baja su subsidio, y si empeora, se aumenta. Pero si baja, nos permite llegar a más personas.

¿Entendés que hubo un desfasaje entre la promoción de construcciones, de desarrollo de proyectos, y las ayudas para que, efectivamente, más familias puedan acceder?

Sí, por eso nosotros resolvimos focalizar el Entre Todos, porque entendemos que es el programa de vivienda promovida que alcanza a esas familias en las que el ministerio quiere poner el foco.

¿Hubo algún cambio de criterio en los proyectos ingresados bajo el amparo de la Ley de Vivienda Promovida?

No. Nosotros el cambio que le hicimos al Entre Todos fue el de la contribución económica no revisable. Después, el tema del saneamiento también. Como no comprarle un problema a la familia, de que a todos los programas del ministerio y a las cooperativas les exigimos saneamiento y acá no se lo exigimos. Después, la escala de los proyectos, proyectos con una escala razonable. Nosotros queremos apostar también a que el Entre Todos llegue con más fuerza al interior, entonces, no podemos hacer megaproyectos en el interior porque esto tiene que ir acompañado también de los servicios.

Para nosotros es muy importante la gestión del suelo en este período. También es un foco en el que estamos trabajando con los distintos gobiernos departamentales. Es fundamental dónde estén ubicados esos proyectos, porque nosotros entendemos que el suelo es un aliado estratégico.

Queremos trabajar junto con el sector privado, pero no queremos que la inversión defina la ciudad en solitario, sino que se integre a una visión de futuro, donde cada metro cuadrado construido genere un valor social y un valor urbano. Tenemos que, además de construir vivienda, construir ciudad. Y el sector privado tiene que ser un aliado en esa construcción de la ciudad, porque el Estado no pretende sustituir al mercado, pero sí lo que pretendemos es fortalecer y orientar estas políticas, estas herramientas hacia los objetivos de la política habitacional.

¿Qué instrumentos se han aplicado en el marco del programa Primera Vivienda?

Nosotros sabemos que el ahorro previo es una barrera que tienen distintos hogares. En este programa de Primera Vivienda lo que hicimos fue reducir ese ahorro para pasar de un 20% a un 5%, para que estas familias que no son sujetos de crédito en el mercado formal puedan serlo y puedan llegar a acceder a la vivienda. Nuestra meta es poder alcanzar a 4.000 hogares en este quinquenio con esta modalidad de Primera Vivienda. También estamos consolidando un programa de subsidio de alquiler social que apunta a aquellos hogares que hoy encuentran en el alquiler su solución habitacional, pero también tenemos que garantizar a esas familias la permanencia en esos hogares.

Se acerca un nuevo invierno. ¿Qué acciones se están previendo para atender a las personas en situación de calle?

Bueno, esa es una política específica de gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora nosotros estamos trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Social en tratar de ver de qué manera nosotros podemos aportar a esta dimensión. La realidad de todas las personas en situación de calle no es la misma. Tenemos que ir a políticas que saquen a las personas hoy de la calle, con distintas políticas que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social, pero también políticas de prevención para que las personas no caigan en situación de calle. Ahí también tenemos que trabajar sobre la “puerta giratoria” entre la cárcel y la situación de calle. El Ministerio de Vivienda –en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], con el INJU [Instituto Nacional de la Juventud], con la Dinali [Dirección Nacional del Liberado]– lo que pone es la solución habitacional que entre todos entendamos que es la mejor solución. Y después estos distintos organismos públicos son los que hacen el seguimiento de esas personas, que es fundamental.

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