La Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay emitió un comunicado en el que rechaza la propuesta de habilitar la posibilidad de que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan pedir libertad anticipada, algo que hoy tienen vedado.

“Otorgar la libertad anticipada a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, invocando el propósito de descomprimir la explosiva superpoblación carcelaria, nos parece deplorable y condenable”, señalaron sobre el planteo que es parte de la reforma del Código de Proceso Penal.

“Los responsables condenados y/o formalizados por crímenes de lesa humanidad, con sentencia firme, no merecen ningún tratamiento jurídico que signifique disminuir el castigo legal que les corresponde por la gravedad de sus delitos: imprescriptibles e inamnistiables. Son, además, una ínfima proporción de la población carcelaria”, señalaron.

Además, plantearon los esfuerzos que implicó llevar a la Justicia a 132 terroristas de Estado. “Romper la muralla de la impunidad construida durante décadas para protegerlos fue una batalla épica de generaciones de luchadores sociales y políticos que este proyecto desprecia”, señalaron.

Por otra parte, anunciaron que están decididos a “denunciar esta iniciativa ante los organismos de DDHH que corresponda; manifestamos nuestra disposición de llevar a cabo todas las acciones y gestiones que estén a nuestro alcance para impedir que ella prospere en el ámbito parlamentario”.

“Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, culturales, estudiantiles, de DDHH y al sistema político a rechazar esta iniciativa y a movilizarse para impedir que ella prospere mientras seguimos la lucha por Verdad, Justicia, Memoria y nuestras 197 detenidas y detenidos desaparecidos”, expresaron.

La iniciativa planteada en los artículos 301 bis y 301 de la reforma incluye dentro del derecho a pedir libertad anticipada a todos los delitos que habían sido excluidos de ese derecho, lo que abarca también homicidio, delitos de narcotráfico, secuestro, delitos sexuales, extorsión, rapiña y otros delitos que habían sido excluidos en caso de ser reincidentes o reiterantes.