En conferencia de prensa, encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el gobierno presentó la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, denominada “La calle no es para vivir”.

El plan consta de 42 medidas, algunas de las cuales ya están en funcionamiento, y apunta a dar respuesta a los problemas de “carácter estructural” del sistema, más allá de la situación de emergencia. En ese sentido, se anunció que se implementarán dos ámbitos de conducción de la estrategia: por un lado, uno liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con presencia de otras carteras y organismos, y, por otro lado, un ámbito coordinado por Presidencia de la República para atender la emergencia sociosanitaria y dar una primera atención a personas en intemperie.

En el marco de la estrategia, también se definió que, a partir de 2027, se sustituirá el Plan Invierno por un “Plan 365”, que se anunciará en cada diciembre y tendrá una planificación anual, más allá de que contemplará las particularidades de cada estación. Civila afirmó que se buscará que el plan dé “cuenta de una necesidad permanente que tiene el país, que no es solamente el invierno”.

No obstante, se adelantó que se volverá a utilizar el instrumento de la alerta roja por frío extremo este año “cuando las características o los factores climáticos así nos obliguen”, dijo Orsi. Civila valoró que la medida de alerta roja decretada el pasado invierno sirvió como “un gran aprendizaje para todo el Estado uruguayo”, en tanto, “activó un nivel de coordinación interinstitucional superior al que habitualmente teníamos”. Como resultado de la herramienta, destacó que permitió alcanzar la “mayor cobertura en la historia de Uruguay en materia de atención a personas en situación de calle”, y, finalizada la experiencia, el “Estado en su conjunto, y en particular el Mides, retuvo las capacidades que se habían podido generar durante ese tiempo”.

El ministro señaló que el fenómeno de situación de calle “ha sido muy mal trabajado a lo largo de los años”, ya que “se ha instalado la idea de que acá tenemos un problema que refiere a 3.000 personas”, cuando, “en realidad, el sistema de protección social viene desde hace muchos años atendiendo a más de 9.000, 10.000, 11.000, o ahora, más de 13.000 personas”.

En 2024, el sistema de protección social atendió a 11.261 personas en todo el país y, en 2025, a 13.597. “Lejos estamos de aquel 3.000 del que hablábamos”, dijo Orsi, quien reconoció que “la magnitud de la situación de la problemática es bastante mayor que la que suponíamos y ocupa bastante más territorio nacional que lo que suponíamos”.

En cuanto a los logros de la gestión hasta ahora, Civila repasó que, al asumir el gobierno, había algo más de 5.000 plazas de alojamiento en el sistema y que, durante el primer año de gestión, se ampliaron a 8.266. A su vez, destacó que el sistema de protección social “ha pasado casi integralmente a 24 horas”, significando solo un 13% la respuesta nocturna en la proporción de respuesta total. “Ese pasaje va a seguir, va a continuar, porque entendemos que la respuesta no se necesita solo en la noche, ni solo en el invierno”, dijo Civila.

En materia territorial, durante 2025, la oferta permanente del Mides se amplió de cinco a 16 departamentos. El ministro afirmó que el objetivo para 2026 es contar con presencia en todo el país, de acuerdo con “las necesidades y las particularidades de cada uno de esos departamentos”.

Modelo “vínculo, vivienda, vida”

Civila desarrolló en la conferencia algunas de las principales medidas contenidas en la estrategia, que resultó de un proceso de diálogo que comprendió 40 encuentros organizados y la participación de unas 2.000 personas, entre ellas, personas en situación de calle, trabajadores del Mides, integrantes de asociaciones civiles y barriales, y referentes de la academia.

El abordaje de la estrategia se basa en un modelo que el gobierno denominó “modelo de las tres V”: el vínculo, la vivienda y la vida. El último aspecto nuclea las cuestiones “estructurantes de la vida de las personas”, dijo Civila, tales como la salud, el trabajo, la educación. “Hacemos una apuesta fuerte a que la respuesta integral tenga una centralidad en estos componentes”, explicó.

En cuanto a la respuesta a problemas de salud mental o de consumo problemático de drogas, la estrategia propone escalar la atención terapéutica, que hoy abarca a 600 personas, en coordinación con la Junta Nacional de Drogas y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. También, mencionó Civila, se definió “avanzar en una red de puertas de entrada múltiple para todo lo que refiere al consumo problemático y a salud mental”. Además, se ampliará la cobertura de las casas de medio camino y se incorporarán “duplas itinerantes referentes en uso problemático de drogas” y una Unidad Móvil de Atención para acompañar los dispositivos de primera atención del Mides.

Civila afirmó que la problemática de calle, “en algún momento, se desviviendalizó”, es decir, “dejó de ser un tema de vivienda en la discusión pública y pasó a ser un tema vinculado a otros asuntos”. En ese sentido, con el apoyo de recursos del Ministerio de Vivienda y también “en colaboración con actores privados”, se buscará “reconvertir plazas de contingencia de respuesta de refugio en viviendas con acompañamiento social”, lo que impactará sobre más de 3.000 personas antes de 2028. “Es un esfuerzo grande que va a hacer el Estado uruguayo, y es un cambio histórico en el sistema vinculado a la atención a personas en situación de calle”, valoró Civila.

En el campo laboral, el gobierno proyecta alcanzar en 2028 la meta de 2.000 puestos de trabajo para personas en situación de calle, también en colaboración con distintos actores y a través de programas y convenios que están vigentes.

El ministro también destacó el plan piloto “Habitar, convivir y producir”, que brindará oportunidades sociolaborales en el medio rural, y el plan “Libertad segura” de reinserción social. Este último fue adelantado por la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, días atrás, y consiste en la oferta de soluciones habitacionales, de empleo y acompañamiento para las personas que egresan del sistema carcelario.

En un principio, el plan “Libertad segura” abarcará a 350 personas liberadas. Es coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el apoyo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que es parte del Mides, y el INR.