En la tarde de este martes, en el piso 12 de un edificio de Plaza Cagancha, se realizó un evento impulsado por la asociación civil Rumbos –que integran varios dirigentes del Partido Independiente (PI), entre ellos su líder, Pablo Mieres–, que llevó como título “Reforma política: propuestas para fortalecer la democracia uruguaya”. En la mesa de intercambio estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, el senador colorado Tabaré Viera, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y Mieres.
Antes del evento, Bianchi habló en una rueda de prensa y opinó que se debe “facilitar la formación de la Coalición Republicana”, y abogó por la utilización de un lema único en las próximas elecciones nacionales. De todos modos, dijo que “no va a ser fácil ponerse de acuerdo con ir en un lema único en octubre, porque hay toda una ingeniería electoral que hay que hacerla, pero es necesaria”. “Algunos vamos a trabajar para que en octubre podamos lograr eso, si no, votaremos en noviembre, pero yo quiero un lema único. Estoy acostumbrada a 1971, con el Frente Amplio: el Partido Demócrata Cristiano nos prestó el lema y fuimos todos bajo un lema único”, recordó.
Ya en el evento, que tuvo como disparador algunas propuestas realizadas por el politólogo y militante del PI Marcelo Sosa Gabito, Bianchi dijo que le importa mucho lo que sucede con el Tribunal de Cuentas, porque “pasa por todos los partidos y forma parte de una enfermedad que tiene el Estado uruguayo”. En concreto, se refirió a cuando un organismo reitera el gasto a pesar de que el Tribunal de Cuentas lo observó. “Se reitera el gasto livianamente, y a esta altura, está tan naturalizado que es muy grave. Hay que castigar al administrador que reitera el gasto. No puede ser que livianamente se violen las leyes y no pase nada. Entonces, hay que intervenir ahí fuertemente”, afirmó.
Otro tema que puso sobre la mesa Bianchi es el de los gobiernos departamentales. Dijo que “los intendentes en Uruguay tienen mucho poder”. Esto, agregó, recoge la tradición, porque “eran los viejos jefes políticos, departamentales, y el jefe de Policía, verdaderos señores feudales”. “Esa cultura, que a veces se confunde con la descentralización –que no es lo mismo–, lleva a que sean compartimentos estancos. Además, dificulta entender que este no es un país federal, sino unitario”, subrayó.
La senadora del Partido Nacional dijo que “está bien defender la autonomía municipal”, pero puntualizó que no le gusta “que los intendentes tengan un poder que a veces es superior a algunas posibilidades que tiene el Poder Ejecutivo de ingresar a algunas problemáticas departamentales”. Por eso, consideró que se debe terminar “con las mayorías automáticas de las juntas” departamentales. “Es una reforma rápida que hay que hacer, pero de verdad cortaría con muchos procesos de corrupción que hemos naturalizado”, subrayó.
Manini Ríos en desacuerdo
“Tenemos que tener cuidado de, por reformar, no crear algún Frankenstein. Es decir, sobre el Tribunal de Cuentas: ¿es bueno que su decisión sea vinculante y que no permita la reiteración del gasto? Teóricamente, sí”, expresó a su turno Manini Ríos, quien discrepó con los dos planteos de Bianchi.
El líder cabildante dijo que, en la práctica, la composición del Tribunal de Cuentas es política; en ese sentido, preguntó si “no estaremos creando una herramienta para paralizar a un gobierno”. “Capaz que la solución sea que los integrantes del Tribunal de Cuentas tengan otro origen y no sean designados por los partidos políticos, como ocurre” actualmente, apuntó.
“No estoy de acuerdo con lo que dijo Graciela, con todo respeto, referente a las mayorías de las juntas departamentales. Creo que está bien que el intendente tenga mayoría en la junta siempre”, manifestó Manini Ríos sobre el segundo planteo de Bianchi. Afirmó que, de lo contrario, “se podría generar una parálisis, habría 19 gobiernos en discusión, y a nivel local a veces las fricciones son mucho más radicalizadas que a nivel nacional”. “Que se arme una alianza antiintendente es lo más fácil en cualquier departamento, y estaríamos en un estado de debilidad. Por eso digo que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno”, finalizó.
Sánchez: “El problema no está en el Tribunal de Cuentas”
En tanto, Sánchez dijo que la cuestión del Tribunal de Cuentas es “una cosa muy extraña”, porque desde 1934 “nunca más se modificó”. “Es decir, desde la Constitución de ese año hubo muchas reformas a la carta magna, pero ninguna hizo cambios en ese organismo”, señaló, y remarcó que los informes del Tribunal de Cuentas “son preceptivos, pero no vinculantes”.
“Hay una opinión del Tribunal de Cuentas sobre el gasto que realizó un ordenador, que hace uso de su derecho constitucional de reiterarlo”, señaló, y apuntó que esto “está relacionado con un concepto muy profundo, que es la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Para Sánchez, “este es un tema bien delicado”, y se da de esa manera “para que no haya un proceso que tranque al Estado”. Agregó que quien debe controlar al Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo y no “un órgano que no es electo o que tiene una definición, como aquí se dijo, política, en la que los partidos se ponen de acuerdo de alguna manera”.
El secretario de Presidencia dijo que, a su juicio, el problema está en que, cuando el ordenador reitera su gasto, “lo hace bajo su responsabilidad”, según marca la Constitución. Subrayó que esa responsabilidad puede ser “política, civil, administrativa”, etcétera. Entonces, sostuvo que el problema está en que hay que reglamentar “lo que dice al final del artículo” de la Constitución, “a sus efectos”. De este modo Sánchez hacía referencia al literal B del artículo 211 de la carta magna (relativo a las competencias del TC), que establece: “Si el Tribunal de Cuentas, a su vez, mantuviera sus observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o a quien haga sus veces, a sus efectos”.
“¿Cuáles son los efectos? Entonces, el problema no está en el Tribunal de Cuentas, que alerta, que nos dice que acá hay un problema, que puede haber una ilegalidad o una cuestión que puede ser de forma, sino que el organismo de contralor no actúa, que es el Parlamento o la Junta Departamental, en su caso. Creo que tenemos que trabajar en eso”, finalizó.