El lunes, el edil nacionalista Gonzalo Gómez brindó una conferencia de prensa en la que abordó su vínculo con Pablo Leiva, condenado semanas atrás por lavado de activos y tráfico interno de municiones en el marco de la operación Trazador, y que formalmente ejercía funciones como su asesor en la Junta Departamental de Montevideo.
Tras afirmar que “desconocía totalmente las actividades ilícitas” que Leiva “llevaba adelante en su fuero privado”, Gómez explicó que, aunque “en la práctica” figuraba como su asesor, “formalmente” no lo era. El edil reconoció que contrató a Leiva por una recomendación de su hijo, Lucio, y que el hoy condenado no concurría a la Junta Departamental, pero que aun así percibía cerca de 52.000 pesos nominales. Dicho reconocimiento desencadenó cuestionamientos sobre el rol que cumplen tales funcionarios dentro de la Junta Departamental, así como las medidas de contralor que existen al respecto.
En una entrevista con Primera mañana, de la diaria Radio, el politólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Martín Freigedo, dijo que la contratación de asesores, aun desconociendo o sin asignarles funciones, es una “práctica recurrente” que llevan adelante algunos ediles en la Junta Departamental, que “estaba instalada desde hace mucho tiempo”, por lo que “no es algo nuevo”.
Para Freigedo, y al margen del caso del curul nacionalista, resulta necesario “entender el origen” de la cuestión, algo que “tiene que ver con el diseño institucional”. “No le ponemos mucho foco y atención a lo que pasa en los gobiernos subnacionales, salvo, en general, cuando hay escándalos”, se lamentó el profesional, algo que catalogó como “una mala noticia”.
El politólogo precisó que, en los hechos, los dos órganos que constituyen cada uno de los 19 gobiernos departamentales en nuestro país –las Intendencias y las Juntas Departamentales– cuentan con “mucha autonomía” a la hora de determinar sus recursos y personal, y que al mismo tiempo hay “muy pocos controles”.
En ese sentido, evaluó que la situación descrita por Gómez es “un derivado de eso”, y sin perjuicio de ello, apuntó a la “precariedad de la función” de ediles y edilas –recordó que, en los hechos, el cargo es honorario– como uno de los factores, lo que los obliga a buscar “alternativas” que les permitan cumplir su función. “El no cambiar el diseño institucional al adaptarse a lo que pasa hoy en la realidad política e institucional de los gobiernos departamentales lleva a que este tipo de cosas surjan”, reparó.
Sin embargo, puntualizó que Montevideo es un caso “excepcional” en lo que respecta a la designación de asesores, ya que, si bien un edil de la capital “puede tener hasta nueve”, ese no es el caso para las otras juntas departamentales. También consideró que la discusión en torno al número de asesores ni los costos que insumen no necesariamente resulta acertada; y postuló en su lugar la necesidad de abordar la problemática en torno a cómo se organizan las instituciones, y por qué los ediles eligen acudir a terceros. “Son un montón de asesores, no tengo duda de eso; pero creo que el foco no tendría que estar ahí, sino en cómo se utiliza eso para la función política”, aseveró Freigedo.
“Nosotros tenemos un problema de diseño institucional con los gobiernos departamentales, de capacidad de contralor horizontal y vertical: eso es lo que está pasando hoy en día y este ejemplo es consecuencia de eso, que se fue al peor extremo que podíamos tener”, resumió. Dijo que de no haber “una discusión como sistema democrático” que permita “cambiar de base”, encuentra “muy difícil que este tipo de cosas no sigan sucediendo”.
Respecto a cuáles son los incentivos de parte del sistema político para llevar a cabo tal debate, el politólogo reconoció dificultades, ya que la forma en la que funcionan las Juntas Departamentales es favorable a los diferentes oficialismos, que cuentan con mayorías por el mero hecho de ganar las elecciones departamentales. De igual manera, y sin perjuicio de lo expresado, reconoció que incluso bajo el esquema actual, los gobiernos “han avanzado en generar muchas capacidades”, lo que genera un “mix”.
Freigedo advirtió asimismo sobre el financiamiento de las campañas en el escalón subnacional, una “caja negra” de la que se cuenta con muy poca información: “Si hablamos de lo que pasa a nivel nacional y lo limitados que estamos en el conocimiento de cómo se financian las campañas, en esta parte no conocemos absolutamente nada”, ilustró.