El año pasado, a través de un artículo del presupuesto quinquenal, el Parlamento le encomendó al Ministerio de Turismo la puesta en marcha de un incentivo económico para las aerolíneas que se determinará en función de “la venta de pasajes aéreos que contribuyan al incremento de la recepción de turistas extranjeros”. El decreto reglamentario de este artículo fue firmado días atrás por el Poder Ejecutivo; allí se fijó que el gobierno desembolsará como máximo 1.250.000 dólares.
El incentivo se desarrollará bajo un esquema de cofinanciamiento entre el Ministerio de Turismo y las compañías concesionarias del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. En total, se dispondrá de un fondo conjunto de hasta 2.500.000 dólares por año.
En el reglamento del denominado “régimen de incentivo a la conectividad aérea internacional” se establece que el cálculo del incentivo se realizará una vez por semestre. El instrumento tendrá dos modalidades: una para las empresas que “operen una ruta aérea regular y vendan pasajes aéreos a turistas extranjeros y, como resultado de ello, incrementen los turistas extranjeros que arriben al país”; otra para las empresas que “desarrollen rutas aéreas nuevas internacionales”.
Para la primera modalidad, el Ministerio de Turismo considerará la cantidad de turistas extranjeros transportados en el semestre en comparación al semestre anterior; en caso de constatarse un incremento, la aerolínea recibirá un “incentivo por pasajero incremental” equivalente a 15 dólares.
Para la segunda modalidad, en tanto, en la reglamentación se establece que aquellas empresas que implementen una nueva ruta aérea podrán acceder “por única vez” a un incentivo que oscila entre 17.500 y 40.000 dólares. El monto varía en función de la clasificación geográfica: para la zona uno, que comprende “toda América, Alemania, Francia, Portugal, Italia, España e Inglaterra”, el incentivo se sitúa en 40.000 dólares; para la zona dos, que abarca el resto de Europa, se fijó un monto de 25.000 dólares; por último, para la zona tres, que comprende el “resto del mundo”, se dispuso una cifra de 17.500 dólares.
En la reglamentación se establece que “la erogación total anual del Ministerio de Turismo por todo concepto en el marco del presente régimen no superará la suma de 1.250.000 dólares”, de los cuales 900.000 se destinarán a la venta de pasajes aéreos a turistas extranjeros y 350.000 dólares a las rutas aéreas nuevas. Estos números corresponden únicamente a los aportes que hará el gobierno, y no a los recursos que también dispondrán las compañías concesionarias del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales.
“Una herramienta que premia el crecimiento”
La semana pasada, en ocasión de la comparecencia del Ministerio de Turismo ante la comisión del Senado que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, el senador colorado Tabaré Viera destacó el hecho de que los operadores aeroportuarios también contribuyan al financiamiento del incentivo. “Se trata de un programa sobre cuya necesidad siempre se estuvo hablando y conversando, y ahora se logra. ¡Creo que es un gran logro, realmente!”, expresó.
Asimismo, Viera, que en el período pasado se desempeñó como ministro de Turismo, planteó la posibilidad de agregar al sistema “un capítulo para los pasajeros turistas del interior”, algo que “ayudaría mucho a nuestra dificultosa conectividad interna que está siempre tecleando, cuando no desaparece”. “Necesitamos incrementar y fortalecer los vuelos al interior, que por ahora son a Rivera y a Salto, pero que vuelta y media están suspendidos. Esto, que seguramente no signifique demasiado dinero, puede ayudar mucho al turismo interno, sobre todo para el turismo de eventos, de reunión y demás”, dijo Viera.
La semana pasada, en el marco de un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que se trata de “una herramienta que premia el crecimiento”, que apunta a “aumentar la llegada de turistas, fortalecer la conectividad y hacer más competitivo a Uruguay como destino turístico”. Desde la cartera informaron que el instrumento tendrá una vigencia de un año, “con posibilidad de prorrogarse automáticamente hasta un máximo de cuatro años”.