El director de la División Parques y Jardines, Atanasildo Souza, formuló una severa denuncia pública tras registrarse destrozos continuos en distintos puntos urbanos. Exigió que se aplique de forma rigurosa la Ley de Faltas a nivel local, una herramienta sancionatoria que, según sostuvo, ya se utiliza de manera habitual en otros departamentos del país.
El jerarca municipal enfatizó que la vía punitiva y el cumplimiento efectivo de las sanciones comunitarias representan hoy el único camino para frenar el accionar de quienes dañan el mobiliario y la infraestructura urbana.
Vecinos de los espacios públicos han reclamado mayor respuesta de las autoridades municipales, policiales y judiciales, al considerar que “como son delitos menores, se les resta importancia”.
Los gestores de esos espacios explicaron a la diaria que las reparaciones y el mantenimiento constante de estos destrozos terminan siendo costeados de forma inevitable por los propios vecinos mediante el pago de sus tributos.
Entre los hechos vandálicos registrados se destacan el robo de las bolsas de residuos identificadas con el logo de la intendencia (utilizadas para el acopio informal de latas y botellas), el esparcimiento de la basura junto a las papeleras y los destrozos ocasionados en los sanitarios de las plazas de la ciudad de Rivera.
La postura policial y el valor de la denuncia
Frente al reclamo de la repartición municipal y de algunos usuarios de los espacios públicos, las autoridades de la Jefatura de Policía puntualizaron que la Ley de Faltas (19.120) se encuentra plenamente vigente en el territorio departamental y que su aplicación es obligatoria ante la constatación de infracciones, a lo que se suma lo dispuesto en el artículo 358 del Código Penal respecto del delito de daño.
En lo relativo al delito de daño, el artículo establece que quien destruya, deteriore o inutilice, total o parcialmente, una cosa, mueble o inmueble, ajena será castigado, a denuncia de parte y siempre que el hecho no constituya un delito más grave, con una multa de 20 unidades reajustables (UR) a 900 UR.
Sin embargo, el jefe de Policía de Rivera, Fabián Cesero, aclaró que “para dar inicio a las actuaciones y derivar el caso a la órbita de la Fiscalía y la Justicia Penal resulta indispensable la presentación formal de la denuncia correspondiente por parte de los responsables del cuidado o administración de los espacios afectados”.
Agregó que “en la manifestación formal se deben precisar las averías ocasionadas y, en caso de contarse con la información, la identidad o descripción de los involucrados”.
Un obstáculo recurrente señalado por los gestores municipales radica en la impunidad horaria, porque la mayoría de las depredaciones ocurren en la madrugada, momento en que los placeros o cuidadores no se encuentran en funciones, lo que dificulta la identificación in situ de los autores.
Cámaras e intervención judicial
Para contrarrestar esta limitación física, la jefatura destacó el papel estratégico que cumple el Centro de Comando Unificado Departamental por medio de la red de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de los principales paseos públicos.
Este soporte tecnológico se posiciona como el insumo clave tanto para la respuesta operativa oportuna como para la aportación de elementos de prueba ante las sedes judiciales.
Fuentes policiales garantizaron a la diaria que, ante la radicación de cada denuncia, el personal dará intervención inmediata a las autoridades judiciales competentes para que determinen las responsabilidades, la aplicación de trabajo comunitario o las sanciones penales correspondientes.
Con la postura clara de ambas partes, la resolución de la problemática queda supeditada a la formalización sistemática de las denuncias por parte de la Intendencia de Rivera y al uso de los registros de videovigilancia. Mientras tanto, las autoridades locales mantienen el seguimiento de los daños reportados en el mobiliario urbano, a la espera de las primeras actuaciones judiciales bajo el marco de la Ley de Faltas.