El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) aprobó este martes por unanimidad un conjunto de nueve medidas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto que el temporal del pasado 18 de julio provocó en cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria de Salto y Paysandú.
La presidenta del organismo, Graciela Fernández, explicó a la diaria que las acciones “buscan garantizar la continuidad de la actividad cooperativa y reducir al mínimo los tiempos de respuesta del Estado”.
Fernández recordó que la Ley 18.407 “obliga al instituto no solo a promover el cooperativismo, sino también a proteger su desarrollo económico frente a situaciones extraordinarias, por lo que el directorio resolvió implementar medidas de aplicación inmediata”.
El paquete aprobado por Inacoop comprende nueve acciones concretas:
Prórroga de créditos vigentes del Frecoop. Las cooperativas y entidades de la economía social que ya cuentan con préstamos del programa Frecoop podrán postergar sus vencimientos hasta por 90 días, sin intereses ni penalidades.
Nuevos créditos con tasas reducidas. Las organizaciones afectadas podrán acceder a nuevos financiamientos para reparar los daños sufridos, con una rebaja del 50% en las tasas de interés: 8% anual en pesos y 2,5% tanto en dólares como en unidades indexadas.
Aumento de los montos para capital de giro. Los topes máximos de financiamiento aumentarán un 25% cuando sea necesario atender las pérdidas ocasionadas por el temporal. Además, el plazo de amortización podrá extenderse hasta un 50%.
Mayor apoyo a cooperativas de vivienda. Las cooperativas habitadas que deban realizar reparaciones podrán financiar el 100% de las obras y se elevará el tope por socio de 12.500 a 15.000 unidades indexadas.
Reducción de costos administrativos. Los gastos profesionales y administrativos vinculados a la tramitación de los créditos no podrán superar el 6% del monto solicitado. Si fueran mayores, la diferencia será asumida por Inacoop.
Tramitación rápida y flexible. El instituto instruyó a sus referentes territoriales para agilizar los procedimientos y evitar demoras burocráticas, procurando que las soluciones lleguen de forma inmediata a las cooperativas afectadas.
Apoyo a cooperativas constructoras y de servicios. Se habilitará una línea especial para cooperativas de trabajo y organizaciones vinculadas a la construcción, de modo que puedan ofrecer reparaciones a menores costos y con mejores condiciones de financiamiento para los damnificados.
Líneas especiales para las familias. A través del programa Sicoop, Inacoop respaldará a cooperativas de ahorro, crédito y consumo para otorgar financiamiento preferencial destinado a la reposición de muebles, electrodomésticos, vestimenta y productos de la canasta básica.
Régimen especial para la prestación coactiva. Se prorrogarán los vencimientos de la contribución solidaria cooperativa, se habilitarán planes de pago en cuotas sin intereses y se extenderá la vigencia de los certificados de regularidad para evitar que las cooperativas vean limitada su operativa.
Consultada por la diaria sobre la cantidad de cooperativas beneficiarias en Salto, Fernández indicó que “todavía no existe un diagnóstico definitivo”, aunque confirmó que “ya se identificaron importantes daños en cooperativas de vivienda y en cooperativas agrarias como Calsal y de la bebida como Cofuesa”, que sufrieron pérdidas de infraestructura, techos y producción.
Señaló que el objetivo del instituto es actuar primero y completar después el relevamiento de daños, “evitando que la burocracia retrase las soluciones”.
La presidenta de Inacoop aseguró que las cooperativas afectadas “no deberán atravesar procesos complejos para acceder a los beneficios”. Tras la resolución del directorio, “bastará con comunicarse con los referentes territoriales del instituto en Salto y Paysandú, quienes remitirán la información correspondiente para activar las medidas de forma inmediata”.
Fernández sostuvo que “el cooperativismo ha sido históricamente un pilar del desarrollo de Salto y Paysandú” y que el propósito de estas medidas es asegurar que las cooperativas continúen brindando vivienda, producción, servicios, financiamiento y abastecimiento a las comunidades. “No se puede perder tiempo”, afirmó, y destacó que el Estado “debe responder con rapidez para que las organizaciones puedan recuperarse y seguir cumpliendo su función social y económica”, concluyó.