Ante el atraso en los pagos del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la diaria entrevistó al responsable de la Comunidad Terapéutica Empezar de Nuevo, Saúl Rivero, quien advirtió que la deuda acumulada por el Estado pone en riesgo la continuidad del único centro de referencia de la región destinado a personas con consumo problemático de sustancias que no cuentan con recursos para acceder a un tratamiento privado.
Rivero explicó que los pagos correspondientes a los cupos financiados por el Mides acumulan aproximadamente 100 días de atraso, equivalentes a más de tres meses, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta ni un cronograma de regularización por parte del organismo.
La comunidad terapéutica y el Hogar Asistido Un Día Más, con sede en Salto, trabajan bajo el modelo De León/Daytop para el abordaje integral de las adicciones. La institución cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, desarrolla más de 11 talleres semanales, brinda formación en oficios y se ha consolidado como un centro de referencia para otras comunidades terapéuticas del norte del país.
Actualmente, el 50% de las camas está destinado a usuarios derivados por el Mides, un convenio que permite acceder al tratamiento a personas en situación de vulnerabilidad económica. El restante 50% corresponde a usuarios provenientes de mutualistas y pacientes particulares.
“El problema es que los pagos correspondientes a los cupos del Mides acumulan 100 días de atraso sin que existan respuestas concretas ni fechas de regularización”, afirmó Rivero, quien señaló que esta situación afecta directamente el funcionamiento cotidiano de la institución y compromete la posibilidad de sostener el nivel de atención en el mediano plazo.
Pese a las dificultades financieras, el centro continúa funcionando con normalidad gracias a un modelo de gestión basado en la autosustentabilidad. La institución produce parte de sus propios alimentos mediante un sistema de autoconsumo (carne, verduras y huevos), lo que reduce significativamente los costos de funcionamiento. Además, cuenta con un sistema de generación de energía renovable que disminuye el gasto operativo.
Según Rivero, estas medidas han permitido mantener la totalidad de los servicios activos, incluso en un contexto de incumplimiento por parte del Estado. Sin embargo, advirtió que esa capacidad de sostenerse con recursos propios tiene un límite. “Cada mes que pasa sin que se regularicen los pagos aumenta la vulnerabilidad de la institución y, con ello, el riesgo de que las personas con menos recursos pierdan la posibilidad de acceder a un tratamiento especializado”, sostuvo.
El responsable del centro remarcó que el cumplimiento en tiempo y forma de los convenios vigentes “no constituye un beneficio adicional, sino una condición indispensable para garantizar la continuidad de este tipo de servicios”, que atienden a una población especialmente vulnerable.
Desde la comunidad y el hogar reclamaron al Estado una solución inmediata y permanente a la situación, y reafirmaron su compromiso de continuar acompañando los procesos de recuperación de quienes hoy dependen de estos dispositivos para reconstruir sus proyectos de vida.