Justino Moraes, uno de los abogados de Julio de los Santos –ex trabajador del taller mecánico del Arrozal 33, a quien el Banco de Seguros del Estado le certificó que padece una enfermedad respiratoria profesional por exposición a productos químicos–, recibió ayer un cedulón del Juzgado Laboral de 8º Turno de Montevideo. Le informaron que la jueza María del Rosario Berro aceptó la recusación planteada por los abogados de De los Santos luego de que ella declaró al diario El País, el 30 de setiembre, que el caso no era lo que parecía, que la afección de De los Santos no se debía a productos químicos y que el abogado del Arrozal 33 era “brillante” porque había presentado pruebas de que esa empresa –que tiene múltiples denuncias por incumplimientos– había sido la primera en el campo en contar con un técnico prevencionista. Los abogados del trabajador señalaron que Berro “había entrado en prejuzgamiento, al emitir una opinión en un medio de prensa público sobre el caso que está llamada a decidir”, explicó ayer Moraes a la diaria. Además, la jueza impidió a la prensa y al abogado de la Institución Nacional de Derechos Humanos ingresar a las audiencias, que son públicas.