A fines de 2013, residentes de la localidad canaria de Paso Picón, ubicada a unos tres kilómetros de la ciudad de Canelones, empezaron a denunciar sistemáticamente las prácticas del médico y productor Máximo Castilla, que, al fumigar sus cultivos de soja y trigo, violaba las normas establecidas, de modo que la deriva del producto terminaba en predios de los vecinos y también en sus cuerpos. Después de muchas denuncias, Castilla dejó de plantar en áreas linderas con sus vecinos, aunque algunos de ellos afirman que sigue sin cumplir estrictamente con la normativa. Por todo esto, cuatro vecinos, Adriana Pascual, Ariel Gulpio, Antonia Mabel Celintano y Jesús Pedreira, representados por los abogados Alberto Gómez y Martín Fernández, reclaman por la afectación que sufrieron ellos y la hija de Pascual, de 12 años.
Demandan por daños y perjuicios a Castilla y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); al productor lo acusan, además, de daño moral, injurias, violencia privada y agresiones. A Castilla le reclaman en total 15.980.000 pesos, y al MGAP, 11.980.000 pesos. Los vecinos y el abogado Gómez comparecieron el miércoles en el Juzgado de Conciliación de 4º Turno de Montevideo; Castilla no estaba citado porque reside en el interior, pero lo demandarán directamente, informó Gómez a la diaria. El MGAP fue pero no se llegó a ninguna conciliación.
Gómez explicó que la responsabilidad del MGAP es “por la omisión de los deberes de control [...]; debió haber defendido los intereses superiores de los vecinos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la voluntad ambulatoria”. En el escrito que presentaron a la Justicia, expresan que “el MGAP tiene competencia específica y exclusiva en el control de estas actividades”, y que “sus intervenciones fueron extemporáneas e ineficaces”.
Según el abogado, “el MGAP es el único que podría haber cesado el daño, es el único que tiene la potestad de clausurar el establecimiento hasta tanto se cumplan las normas. Castilla fumigaba fuera de la reglamentación, el MGAP lo multó después de mucho tiempo y Castilla recurrió la multa. Esta gente ha golpeado todas las puertas, ha ido al Ministerio de Salud Pública [MSP], a la Intendencia [de Canelones, IC], a la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente], y en todos lados les dijeron que podía pasar que hubiera un daño, pero que la competencia era del MGAP, y en ese sentido ellos no tenían demasiadas posibilidades de intervenir”. Gómez añadió que “hay una falla política estructural” porque “el MGAP, que es promotor de la actividad agropecuaria, resulta ser el mismo que tiene que controlarla; en ese sentido, entendemos que tiene que haber un cambio, dejar entrar eventualmente a otras agencias a que controlen esta cuestión”.
El reclamo es por los daños generados en los últimos cuatro años. “Hay productores que han perdido cultivos y se ha afectado la posibilidad de trabajo de algunos vecinos. La exposición al daño genera una afectación a la calidad de vida, porque la gente tiene que estar todo el tiempo preocupada por su estado de salud, ir al médico, hacerse exámenes. Es gente que vive en el campo, y cada vez que tiene que moverse o hacer una gestión esta implica dinero, tiempo. La cifra es ajustada al daño que han sufrido y queremos que el MGAP, que es el que debió velar por los derechos de esta gente, se haga responsable”, sostuvo el abogado.
Problemas de salud
El MSP constató, en 2014, que existía “una exposición reiterada a plaguicidas” en la población residente de la zona y que eso había “afectado la salud de los pobladores”. En 2016 corroboró, en base al análisis de historias clínicas de los afectados y a consultas con los centros de salud, una vinculación directa entre las fumigaciones y las afectaciones en los casos de dos vecinos (en otros no se llegó a establecer esa relación).
En diálogo con la diaria, Adriana Pascual y Ariel Gulpio hablaron de sus problemas de salud. Pascual sigue teniendo drásticamente disminuida la colinesterasa –enzima cuya presencia en sangre se analiza para detectar la exposición aguda a plaguicidas fosforados o carbamatos–. Contó que su hija está mejor de la afectación de los bronquios, y que su insuficiencia respiratoria está controlada debido a la medicación y al descenso de la fumigación, que comenzó a darse hace poco más de dos años, cuando el productor dejó de hacerla en el perímetro cercano a las casas, tal como lo dispuso la IC.
Ariel Gulpio sigue afectado. Se define como “el primer agrointoxicado” reconocido por el MSP. Por la deriva de la fumigación de Castilla, a Gulpio le diagnosticaron “colecistitis aguda con indicación quirúrgica de urgencia” en marzo de 2014, tal como consignó el semanario Brecha, y por eso tuvieron que sacarle la vesícula; su hígado quedó afectado, así como un riñón y la uretra. “Tengo 65 años, estoy físicamente bastante mal, no puedo estar más de una hora sin ir al baño, ni estar parado más de dos horas. Todo mi organismo se descompuso por un veneno que no sabemos qué es; atribuimos que pudo haber sido glifosato y 2,4D [herbicidas], pero nos ha ido deteriorando internamente a mí y a mi señora, tanto en la irrigación sanguínea como respiratoria”, lamentó. Gulpio es, además, fabricante de productos orgánicos para el suelo, y ha perdido más de 60% de su clientela.
la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con el MGAP. Desde la IC afirmaron que Castilla ha tenido un cambio de actitud en los últimos años, y se ha mostrado receptivo a trabajar de manera correcta. La IC le aplicó en 2016 dos multas de 10.000 Unidades Reajustables (UR) cada una, y una tercera de 15.000 UR, por no respetar el área de exclusión de fumigación. Francisco Legnani, prosecretario general de la IC, informó a la diaria que Castilla impugnó las multas y que está pendiente la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En cuanto al juicio penal que la IC le había iniciado al productor, Legnani comentó que está en trámite. La última audiencia fue en febrero.