INDA cambió y cesó programas para poblaciones vulnerables

Los funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se posicionaron en contra de la “modificación y en algunos casos cese de las prestaciones” de algunos programas alimenticios. Particularmente se refieren a la eliminación del Programa de Apoyo al Riesgo Nutricional (Prin) y a los cambios en el Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos (PAEC), al Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas (AIPP), y a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF).

El cambio más drástico se produjo en el Prin. Hasta junio de 2018 el INDA realizaba una transferencia mensual de 603 pesos y entregaba complementos de leche en polvo fortificada con hierro a niños con bajo peso, retraso de talla, anemia, a embarazadas adolescentes, de bajo peso o con anemia, y a madres en lactancia con bajo peso de todo el país. En febrero el programa beneficiaba a 15.000 personas. A partir de la decisión de las autoridades, la transferencia pasó a ser exclusivamente para los niños nacidos en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), sin tener en cuenta la situación nutricional. En ese hospital ocurren 15% de los nacimientos (alrededor de 7.000 por año), por lo que quedan excluidos del beneficio bebés con bajo peso o anemia que nazcan en otras maternidades.

En diálogo con la diaria, Sergio Turra, licenciado en nutrición e integrante de la Asociación de Funcionarios del INDA (AFINDA), explicó que la decisión refleja “una contradicción de la propia administración, ya que, por un lado, apuesta a la primera infancia, pero después corta un programa que atiende a la primera infancia de todo el país”. Según Turra, estos cambios se implementaron de forma unilateral, sin consultarles a los especialistas las consecuencias que podrían tener para la salud: “No hay una razón muy clara sobre los cambios, no hay razones técnicas, porque los datos de nutrición en el país siguen siendo los mismos”, comentó, y agregó que “no hubo una evaluación de los programas por lo que tampoco pueden responder a cuestionamientos de los resultados”.

Tampoco parece responder a un tema presupuestario, ya que las prestaciones no eran de mucho dinero “pero sí eran importantes para las familias que lo recibían”, aclaró Turra. Añadió que el programa de apoyo al Plan CAIF –que podría interpretarse como el más costoso– pasó a ser financiado mayoritariamente por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Hasta junio el INDA supervisaba y asesoraba en aspectos nutricionales a 300 CAIF de 16 departamentos, alcanzando a 38.000 niños. Los técnicos que cumplían esa tarea fueron redistribuidos y AFINDA asegura que, en el mediano plazo, no podrán continuar con la tarea.

El apoyo a enfermos crónicos se modificó en junio. Antes se brindaba una prestación a personas con enfermedades crónicas (pacientes oncológicos, celíacos, diabéticos) con incapacidad transitoria o permanente para trabajar. Para ingresar al programa se necesitaba certificar la patología y se tenía en cuenta la edad, la incapacidad para el trabajo y el nivel de ingresos. A partir de los cambios, “quedan por fuera del programa los beneficiarios que, sin tener pobreza extrema, cuentan con jubilaciones de muy bajo monto, tienen una enfermedad crónica y requieren apoyo alimentario por su patología”, señalan los profesionales.

En cuanto al AIPP, los funcionarios señalan que antes el INDA entregaba cada dos meses una partida de alimentos no perecederos a instituciones que trabajan con población vulnerable o que cumplen funciones socioeducativas con poblaciones estratégicas: merenderos, clubes de niños, hogares de ancianos, instituciones que trabajan con adolescentes y con personas con discapacidad. Desde junio se redujeron 20% las partidas de alimentos y, aunque siguen calculadas para dos meses, se entregarán cada tres, planteó AFINDA. Asimismo, se redujo 50% la cantidad de leche en polvo enviada y, según los funcionarios, se prevé dejar de entregarla en el corto plazo.

“Se ha dado una reformulación de los programas sin un sustento técnico adecuado, sin ninguna discusión o evaluación adecuada, y se perjudica a toda la población vulnerable”, resumió Turra.

la diaria intentó comunicarse con Gerardo Lorbeer, director del INDA, para que explicara las razones de los cambios, pero el jerarca evitó dar declaraciones.