El Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunió ayer con organizaciones sociales, instituciones y prestadores públicos y privados de salud para informarles acerca de los avances de la implementación de la Ley 19.529, de Salud Mental. Lo hizo diez días después de que organizaciones de familiares, de usuarios y de profesionales manifestaran su preocupación “por la ausencia de acciones” para implementar la ley, que hoy cumple un año. Reclamaron la falta de presupuesto –sobre la marcha, los legisladores asignaron en la Rendición de Cuentas una partida de 50 millones de pesos para 2019 y otra para 2020 para que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) comience a implementar la ley–, que no se haya reglamentado la ley ni se haya convocado a la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental. Pidieron, también, participación en el Plan Nacional de Salud Mental y que los diferentes organismos estatales comiencen a hacer lo suyo para cumplir con el carácter integral de la ley.

La reunión de ayer, encabezada por el ministro de Salud, Jorge Basso, dio respuestas sobre todos esos puntos. Ariel Montalbán, responsable de Salud Mental del MSP, informó a la diaria que ya está en la órbita de Presidencia de la República el decreto reglamentario que propone los nombres de las personas que integrarán la Comisión de Contralor, que vela por la aplicación de la ley y tiene la potestad de hacer denuncias, inspecciones, y controlar las hospitalizaciones prolongadas o involuntarias. Cuando el presidente firme el decreto, ya podrá comenzar a funcionar la comisión; parte de su tarea es realizada ahora por el MSP y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ese decreto se sumará a dos capítulos de la ley que se reglamentaron el 16 de julio, el de notificación de hospitalizaciones y el de las facultades de la Comisión de Contralor.

Por otra parte, se está trabajando con el Poder Judicial en el cumplimiento de los requisitos para hacer internaciones involuntarias y las altas, algo en lo que la Justicia está en falta, y por eso la semana pasada se creó una mesa de diálogo entre el MSP, ASSE y el Poder Judicial.

Por otra parte, Montalbán informó que el directorio de ASSE acordó con el MSP sobre trabajar en la desinstitucionalización de las personas que están internadas en las colonias psiquiátricas y en el Vilardebó. Adelantó que el MSP no ha habilitado nuevas estructuras monovalentes desde que se creó la ley, pese a que ha tenido alguna solicitud, y que se está fiscalizando que las mutualistas no pongan más el límite de 30 días de internación. Tampoco se han internado más personas en las colonias. El MSP trabaja ahora en la reglamentación de las estructuras alternativas –que, a nivel comunitario, sustituirán a asilos, sanatorios y hospitales psiquiátricos– y de la intersectorialidad, que encomendará al Gabinete Social, para que cada ministerio se haga cargo de lo que le corresponde en la materia.

La capacitación de los recursos humanos en el nuevo modelo es fundamental, y en algo de eso ha tratado de avanzar el MSP con la capacitación a funcionarios, pero sabe que falta mucho. “Los recursos, tal como están asignados, están para sostener el modelo asilar y hospitalocéntrico; hay que trabajar con los prestadores reorientando el gasto para implementar el nuevo modelo”, afirmó Montalbán, que asegura que puede hacerse mucho con los recursos actuales, tal como está haciendo ASSE en Maldonado.

En diálogo con la diaria, Mónica Giordano, de Radio Vilardevoz, Ricardo Acuña, de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y Hugo Achugar, de la federación Caminantes (familiares), valoraron positivamente la reunión y dijeron que “es una señal”, aunque desearon que se hubiera hecho antes. Declararon que se mantendrán expectantes para ver la concreción de los anuncios.