La embajadora canadiense en Uruguay, Joanne Frappier, y el psiquiatra canadiense Benedikt Fischer, investigador del Centro para Adicciones y Salud Mental (CAMH, por su sigla en inglés) de Toronto (Canadá), participaron ayer, en Presidencia de la República, en la presentación de las Pautas de reducción de riesgos en el uso de cannabis. El material fue elaborado en Canadá por la Iniciativa Canadiense de Investigación sobre el Uso Indebido de Sustancias y adaptado a la realidad uruguaya mediante un memorando de entendimiento entre el CAMH y la Secretaría Nacional de Drogas. Frappier destacó que la legislación, que entrará en vigencia en tres semanas, tiene un enfoque de salud pública, que busca prevenir el acceso a los jóvenes, desplazar el mercado ilegal, mejorar la calidad del producto y terminar con el beneficio que saca el narcotráfico. La embajadora aclaró que seguirá siendo ilegal el transporte transfronterizo de cannabis, incluso el de uso medicinal, y aseguró que Canadá no planea legalizar ninguna otra droga. “Legalizar, regular y restringir el acceso al cannabis es una respuesta nacional a los desafíos de salud y seguridad de nuestro país”, expresó. Al mismo tiempo, sostuvo que Canadá continúa apoyando el marco internacional de drogas y que seguirá trabajando “para combatir el narcotráfico y promover soluciones basadas en la evidencia para mitigar los daños en el uso de sustancias problemáticas”; no obstante, aclaró que la norma provocará que “Canadá contravenga ciertas obligaciones relacionadas con el cannabis bajo los convenios de la ONU sobre drogas”, pero repitió que el enfoque es consistente con los objetivos generales de las convenciones para proteger la salud y el bienestar de los canadienses. Añadió que su país sigue de cerca la experiencia de Uruguay y aprenderá de ella.
Diego Olivera, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, y Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, también participaron en la actividad. Al su término, la prensa consultó a Rodríguez si la legalización en Canadá puede ayudar a destrabar trancas que el sistema financiero estadounidense le puso al uruguayo, que provocó, en agosto de 2017, la reducción de farmacias que expedían cannabis. Rodríguez respondió: “El sistema financiero canadiense tiene una influencia muy fuerte en el sistema financiero norteamericano y a partir de sus fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos hay una oportunidad”.
Fischer fue asesor científico por el gobierno federal canadiense durante la planificación de la legalización. En diálogo con la diaria, explicó que en Canadá habrá tres vías de acceso al cannabis: tiendas minoristas, que en algunas provincias serán estatales y en otras privadas (para lo que deberán contar con una licencia); un sistema de solicitud por internet; y el autocultivo, que permitirá tener hasta cuatro plantas por hogar. Fischer opinó que esa última vía “no es una buena idea” porque es difícil de controlar el número de plantas y porque se expone a otros integrantes del hogar (niños, por ejemplo) a los efectos adversos potenciales de cultivar.
Falta regular
Canadá regularizó el uso de cannabis medicinal mucho antes, en 2001. Relató que “no comenzó por deseo del gobierno sino porque los juzgados indicaban que era inconstitucional no permitir a las personas enfermas tener acceso a marihuana, de modo que forzaron al gobierno a crear el acceso”. Detalló que al inicio fue “un proceso muy complejo para apenas algunas patologías” y que se accedía mediante una solicitud “muy burocrática” que debía hacerse ante el gobierno. Luego el sistema se amplió gradualmente, al punto de que hoy cualquier persona puede ir ante un prestador de salud –un médico o un nurse, dijo– y decirle “‘no duermo bien, me parece que si fumara estaría mejor’, entonces el médico firma la receta y no hay que hacer la solicitud, se va directamente a un productor de marihuana médica y la persona se transforma en un usuario médico”. “De este modo, ahora contamos unos 300.000 usuarios de marihuana médica, 1% de la población adulta”, señaló, resaltando que es una proporción alta. “Deja implícito que lo que empezó como un programa médico estricto para personas con patologías graves se transformó en una etapa temprana de la legalización para cualquier uso, y el usuario dice ‘lo hago por motivos médicos’”, expresó el profesional, con un gesto de insatisfacción. “Necesitamos reconsiderar qué significa un sistema de uso médico de marihuana: en qué consiste y en qué debiera consistir, porque lo que tenemos actualmente no es verdaderamente un sistema médico, sino más bien un sistema de acceso general para personas que dicen que usan una sustancia psicoactiva por motivos médicos; ese no es un sistema médico”. Reprobó, además, que la marihuana medicinal no esté sujeta a las mismas exigencias para tener licencias basadas en la evidencia que tienen otras sustancias de uso médico. “Hay muchas partes faltantes y yo creo que eso debe repararse”, consideró, y acotó: “A largo plazo, el gobierno tiene que reconsiderar el funcionamiento del sistema; si está sirviendo a las personas correctas y por las afecciones correctas”.
Fischer añadió que cada vez más se ve que los seguros de salud están pagando para el uso médico de cannabis, “es decir que hay factores económicos que están en juego”. Comentó que “las empresas que proveen marihuana médica ahora pueden cobrar un precio cada vez mayor porque hay más seguros que están pagando por la marihuana”. Agregó que en Canadá hay una “megaindustria comercial de cannabis”, con 125 productores, que se trata de “un enorme mercado” y que, a su entender, va a influir de manera negativa, “de una forma similar a lo que ha ocurrido con las empresas tabacaleras y productoras de alcohol”.