Con la intención de evitar hechos de violencia en centros de salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior (MI), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) acordaron cooperar en una serie de acciones. “Son seis puntos de trabajo”, transmitió ayer el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, al término de la reunión en la sede del MI. El encuentro transcurrió dos días después del incidente en el hospital Pasteur en el que dos personas amenazaron al personal de ese centro y provocaron daños en el CTI, por lo que deberán cumplir prisión preventiva durante 100 días. Por el MI participaron el subsecretario Jorge Vázquez y el director de la Policía Nacional, Mario Layera; acompañaron a Carámbula el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, y el adjunto a la dirección, Miguel Fernández Galeano; también asistieron Martín Pereira y Gustavo Grecco, presidentes de la FFSP y del SMU, respectivamente. En la conferencia de prensa posterior, Carámbula, Grecco y Pereira coincidieron en que la reunión había sido positiva y productiva.
Carámbula enumeró los seis puntos. Anunció que se hará “un relevamiento de la situación en los centros asistenciales” desde el punto de vista de la seguridad (aclaró que ASSE ya dispone de uno, que actualizará con apoyo del MI) y que se seguirá trabajando “en los protocolos de asistencia en materia de seguridad y de asistencia a los pacientes privados de libertad”. El tercer punto refiere a la internación de las personas privadas de libertad (ver recuadro): “El ministerio [del Interior] propone fortalecer la asistencia in situ en el primer nivel” para pacientes con baja complejidad en el centro asistencial de la cárcel de Punta de Rieles, donde hay 16 camas que todavía no han sido habilitadas, y se están haciendo llamados a concurso para ocupar los puestos necesarios.
Hospital penitenciario
El presidente de ASSE no habló del hospital penitenciario que el gobierno se había comprometido a construir en 2015, según recordó por estos días el diputado nacionalista Martín Lema. “Progresivamente hemos ido instalando espacios específicos para la atención de las personas privadas de libertad”, dijo Carámbula a la prensa, y explicó que dialogará con las autoridades del MI para hacer “todo lo que puede hacerse en el mismo lugar de detención” (por ejemplo, exámenes de laboratorio o estudio), evitando traslados innecesarios a centros asistenciales. Cuando el procedimiento no sea viable en el lugar de detención pero tampoco sea muy complejo, se tratará de hacerlo en el centro asistencial de Punta de Rieles, y si se requiere una atención de mayor complejidad, se hará el traslado a un centro de tercer nivel, como ya se hace en los hospitales Pasteur, Maciel y el Instituto de Ortopedia y Traumatología. Tanto la FFSP como el SMU siguen apoyando la instalación de un hospital penitenciario, pero las acciones de las autoridades no parecen encaminarse en esa dirección.
Las autoridades se proponen fortalecer en los próximos días el sistema de barreras de acceso a algunas áreas de centros asistenciales, como los CTI, para prevenir hechos como el ocurrido el lunes en el Pasteur. Para eso se hará un relevamiento previo: según Carámbula, el MI apoyará en materia de tecnología –cámaras de seguridad, identificación de huella dactilar– y ASSE aportará inversión. El quinto punto acordado surgió de una propuesta del SMU: trabajar en un proyecto legislativo que resuelva problemas identificados por los trabajadores en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Según explicaron Grecco y Pereira, si una persona detenida por su participación en un hecho delictivo, cuyo proceso judicial recién comienza, es internada en un centro asistencial, queda con custodia del MI, pero si la Fiscalía no la formaliza en un plazo de 48 horas, esa custodia se retira y la persona deja de estar en la condición de detenida. Pereira señaló que en esas situaciones han ocurrido episodios de violencia, y considera que “la custodia se debe mantener”. ASSE, el MI, el SMU y la FFSP trabajarán sobre el tema junto con la Fiscalía. Grecco anunció, además, que el MI capacitará al personal de la salud para que sepa adelantarse a situaciones de violencia y cómo reaccionar si se producen. El sexto acuerdo fue trabajar en campañas de comunicación para concientizar acerca de estos aspectos y promover el respeto en los centros de salud.
Los protocolos pactados años atrás no se aplican del todo, y en eso también se trabajará. La FFSP recordó el martes que no se está cumpliendo el acuerdo entre el MI y ASSE para que haya 500 efectivos policiales en los centros de salud. Ahora hay 280, concentrados básicamente en Montevideo, y se cumplen unas 30.000 horas del servicio 222 en centros de todo el país, detalló Rodríguez. Pereira adelantó que el MI se comprometió a aumentar la cantidad de efectivos policiales a partir de marzo o abril, y comentó que las puertas de emergencias y las farmacias son “lugares clave”, porque allí es donde “se pueden generar más roces”. Por otra parte, informó que en la reunión se habló de extender el protocolo de acción con personas privadas de libertad al interior del país, puesto que ahora rige sólo para Montevideo y el área metropolitana.