La ley de urgencia y emergencia está reglamentada desde julio de 2018. Desde ese momento cualquier usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud puede atenderse, en casos de urgencia –no hay riesgo de vida pero requiere atención médica en el menor tiempo posible–, en un centro de salud de otro departamento en el que se encuentre, independientemente de si pertenece al sistema privado, a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) o a los hospitales Policial o Militar. La directora de Coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Adriana Brescia, informó la semana pasada que desde el 1º de julio se atendieron casi 27.000 consultas de urgencia y emergencia en todo el país, según recoge la Secretaría de Comunicación de Presidencia.

Brescia resaltó que de ese total, 65,5% fueron urgencias y 34,5% emergencias. El aumento de consultas comenzó a registrarse a partir de diciembre; en enero hubo un pico y en febrero comenzaron a bajar. En Canelones el balneario con más consultas fue Atlántida, mientras que en Maldonado fueron Piriápolis y Punta del Este y en Rocha se destacaron La Paloma y Chuy. “Era lo previsto, lo que nos imaginábamos que iba a suceder”, destacó.

El prestador de salud que brindó más consultas fue ASSE, llegando a unas 10.000 urgencias y emergencias en todo el país: “Esto muestra que ASSE tiene un buen desarrollo en el primer nivel, en urgencia y en emergencia”, afirmó Brescia. A su vez, informó que unos 2.000 usuarios de ASSE se atendieron en otro prestador, y una cifra similar de usuarios de prestadores privados se atendieron en otro prestador privado que no era el suyo: “Eso también habla bien de cómo el sistema está planteado”.

El MSP estableció topes máximos en los pagos para que el intercambio entre los prestadores tenga costos básicos generales. Se estableció un tope para las consultas generales y de especialistas, para clínica básica (hemograma, glicemia, orina simple, hemoglucotest, electrocardiograma) y terapéutica básica (curación, férula, aspiración, sedantes, analgésicos), y de hecho estos fueron los tipos de atención que más se utilizaron en casos de urgencias y emergencias. Además, se estableció que los prestadores no pueden cobrar al usuario después de atenderlo: el cobro lo hace luego el prestador de origen.

Brescia explicó que estos datos permiten “tener una estrategia”. Para los prestadores es información “muy beneficiosa”, en tanto les permite saber dónde se atienden sus usuarios cuando no están en su localidad, y de esta forma generar acuerdos de complementación. Por otra parte, le permite saber al MSP cuáles son los prestadores que registran mayor asistencia y que por lo tanto necesitan reforzar los recursos humanos, “por lo menos en aquellos meses en que la gente se moviliza más y se atiende más en otros prestadores”, subrayó.

En la página web del MSP se puede consultar cuál es el prestador disponible más cercano a la ubicación del usuario, así como ver un mapa que brinda indicaciones para llegar. Muchas instituciones tienen convenios con otras, y es a ellas a quienes tienen que remitirse los usuarios en caso de estar en situaciones de urgencia. En cuanto a la asistencia en situación de emergencia en la que corre peligro inminente de vida, ningún prestador puede excusarse de prestarla.