Se aprobó la ley para el tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles

Hacía varios años que las organizaciones de personas con diabetes pedían que se modificara la Ley 14.032, que en 1971 adoptó “medidas sanitarias y laborales para diabéticos”, tal como decía su nombre. Si bien era una ley que garantizaba el acceso a la salud y al trabajo, habilitó a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) enumerara una lista de trabajos que no podrían cumplir estas personas, entre los que se incluyó conducir vehículos de transporte público y aviones, e integrar las Fuerzas Armadas y la Policía. El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece medidas para mejorar el control y el tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles, y deroga la Ley 14.032. El proyecto había sido aprobado en junio por Diputados y no tuvo modificaciones en la cámara alta, en la que obtuvo el apoyo de los 28 senadores presentes.

“Estamos contentos en la medida en que significa avanzar en el respeto de los derechos de las personas con diabetes. Nos quedaron algunos temas, que esperamos que puedan mejorarse o concretarse en la reglamentación”, declaró, en diálogo con la diaria, Gisele Mosegui, presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay (FDU). Algo similar planteó Javier González, de la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU), quien declaró a este medio que “es un pequeño paso para la diabetes, tenemos que saber si va a ser un gran paso para el tratamiento de la diabetes”, porque dijo que la ley garantizará que no haya discriminación laboral, pero que si la persona no dispone del tratamiento adecuado y por ello se descompensa, puede quedar sin trabajo.

La senadora Mónica Xavier presentó el proyecto a la cámara. Para dimensionar el problema, señaló que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 422 millones de adultos con esta enfermedad y 3.700.000 personas mueren por año a causa de la diabetes y la glucemia elevada. A nivel nacional, se estima que 7,6% de las personas de 25 a 64 años tienen diabetes. Médica de profesión, Xavier detalló que se trata de una enfermedad crónica que se presenta “cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”. Defendió que el proyecto “no desvincule” a la diabetes de las enfermedades no transmisibles, ya que “puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios”. Puntualizó que los adultos afectados por esta enfermedad “tienen un riesgo de dos a tres veces mayor de infarto de miocardio y accidente vascular”, que el daño en el sistema nervioso junto a la reducción del flujo sanguíneo incrementa el riesgo de que se formen úlceras en los pies, que provocan infecciones que pueden terminar en amputaciones, y que el daño de los vasos sanguíneos de la retina provoca la retinopatía diabética, una causa muy importante de ceguera.

Destacó algunos de los principales cambios, entre ellos que “el solo hecho de que un trabajador padezca diabetes” no debe suponer “un motivo de discriminación laboral”, sino que “conviene individualizar cada caso” en lugar de “basarse en generalidades, prejuicios, estereotipos o prohibiciones absolutas”. Mencionó que la norma garantiza que las personas pueden hacerse el autoanálisis de glucemia, administrarse insulina y la ingesta de colaciones, que los prestadores de salud deben garantizar la calidad y la continuidad asistencial, que personas en situación de vulnerabilidad social y económica, así como las privadas de libertad, tienen derecho a acceder a alimentación adecuada. Dijo que hay dos puntos sobre los que la ley no da respuestas y que tal vez sea necesario agregarle algún artículo específico en un futuro. Uno es si se les da a los padres el derecho a retirarse de su trabajo para suministrar a sus hijos la medicación o hacerles el test de glucemia durante el horario escolar; el otro es si se resuelve algún tipo de identificación voluntaria (una pulsera o una medalla) que sirvan de referencia si la persona sufre algún problema repentino en la vía pública.

Hacia la reglamentación

“Tenemos que poder acceder a un tratamiento de calidad, ver de qué forma se puede reglamentar mejoras al tratamiento y que los equipos interdisciplinarios se conformen de la manera más completa posible”, dijo Mosegui. La FDU pedirá una entrevista con las autoridades del MSP, para incidir en su reglamentación, que es donde se juega buena parte del cambio que esperan las organizaciones de personas con diabetes, que impulsaron la discusión parlamentaria con la intención de acceder a tratamientos y formas de medición más modernos. González detalló que la insulina en el mundo comenzó a usarse en 1922 y que “en 1923 Uruguay ya estaba investigando y haciendo pruebas” con esa hormona; sin embargo, señaló que las insulinas que se están usando en Uruguay tienen entre 20 y 25 años de uso en el mundo, y que el trámite del registro de insulinas de menos de 15 años hace dos años que se inició en el MSP. Aclaró que las organizaciones no solicitan bombas de insulina –dispositivos que administran insulina en forma continua– ni sensores FreeStyle –que miden el nivel de glucosa– para todas las personas diabéticas, sino para los casos más delicados.

González cuestionó el alcance del artículo 4º, que establece que las personas vulnerables accedan a alimentación saludable a través del Instituto Nacional de Alimentación; dijo que la ley de 1971 también lo establecía, y que actualmente las personas celíacas y diabéticas que lo necesitan reciben una partida mensual de 350 pesos. Lamentó, además, que la ley no hable de censos ni de registros de personas con diabetes, porque esa información se necesita para planificar y “presupuestar” los cambios necesarios. La reglamentación debe aprobarse antes de los 180 días de aprobada la ley.