“Vinimos a plantear un proyecto de erradicación de la hepatitis C para Uruguay, que está muy rezagado en esta temática”, declaró a la prensa el martes Victoria Izquierdo, secretaria de la Asociación Comunidad Hepatitis C del Uruguay (ACHCU) al salir de la reunión que tuvo la organización con el futuro ministro de Salud, Daniel Salinas, y con José Luis Satdjian, que será el subsecretario de Salud. Izquierdo enumeró que solicitaron hacer una campaña de información y que los estudios diagnósticos –el de carga viral, el de genotipificación y el Fibroscan, que mide el grado de fibrosis– sean incluidos en el Plan Integral de Atención en Salud, porque les cuestan cerca de 20.000 pesos a quienes se atienden en el sector privado. Según Izquierdo, el intercambio con las próximas autoridades fue muy cordial y Salinas se mostró muy interesado y tomó nota de sus planteos.

En 2016 la Organización Mundial de la Salud se planteó el objetivo de erradicar las hepatitis víricas en 2030. ACHCU entiende que en estos cinco años no se ha ganado tiempo; por ejemplo, una de las metas para 2020 era reducir 30% la incidencia de nuevos casos de infecciones crónicas por virus de hepatitis B y C, y que en los años que queda habrá que acelerar las acciones.

Uno de los principales pasos de la administración que termina fue haber universalizado los tratamientos contra la hepatitis C, que se hacen con medicamentos de alto precio; hasta agosto de 2019 el Fondo Nacional de Recursos (FNR) sólo los cubría para quienes tenían mayor grado de fibrosis hepática. Sin embargo, en el segundo semestre de 2019 no hubo un incremento de solicitudes de acceso a la medicación, que permite curarse de la enfermedad; la ACHCU plantea que para mejorar la accesibilidad tiene que haber una campaña que difunda el cambio de cobertura, y tiene que facilitar los estudios de diagnóstico, porque son condición para que el FNR financie el tratamiento. En 2019 accedieron al tratamiento 77 personas, de 380 nuevos casos que fueron notificados al Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que en 2018 habían accedido 71 personas, de 480 nuevos casos.

Mejorar el diagnóstico

La ACHCU afirma que hay un subdiagnóstico. Desde hace algunos años, la notificación de esta enfermedad es obligatoria. Según el registro del MSP, al que accedió la ACHCU, entre 2008 y 2019 hubo 3.467 nuevos casos de hepatitis C, pero se desconoce cuántos habían contraído el virus previo a esa fecha. La prevalencia regional de la hepatitis C es de 1,5%, informó en diálogo con la diaria Jorge Adán, presidente de la ACHCU, quien dijo que esa es la proporción que estaría infectada en Uruguay, lo que equivale a 52.000 personas. Quienes han accedido hasta ahora a la medicación son menos de 1.000.

En asociación con una emergencia móvil de Canelones, en noviembre de 2019 la ACHCU desarrolló un proyecto piloto para hacer diagnósticos mediante test rápidos, que dieron un nivel de infección de casi 2%, dijo Adán. Ahora harán un piloto con la mutualista Médica Uruguaya –con el auspicio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo–, en policlínicas de Canelones, también mediante un test rápido de digitopunción. La propuesta de ACHCU es que todas las mutualistas se lancen a la búsqueda de este virus, porque además de mejorar la salud de sus usuarios, permitirá reducir los costos asistenciales, porque esta enfermedad provoca enfermedades metabólicas –entre ellas la diabetes– y tiroidismo, además del deterioro del hígado, cuyo grado más agudo es la cirrosis y que requiere un trasplante. Según esta asociación, los estudios diagnósticos deberían ser ofrecidos a la población de riesgo: usuarios de drogas inyectables (por compartir agujas), trabajadores sexuales, personas que estuvieron en la cárcel y personas con VIH.

ACHCU propone que para reducir los precios de los estudios diagnósticos (los que definen el genotipo y el nivel de afectación del hígado) haya participación de las empresas. Adán mencionó que hay un laboratorio especializado en análisis clínico para hacer estudios de carga viral y genotipificación que “estaría dispuesto a bajar los costos” si surge un acuerdo.

Esta organización ha presionado para que se hagan estudios diagnósticos en lugares de reclusión, como las cárceles y las colonias psiquiátricas. A partir de la presión que ejerció, en 2019 se supo que hay más de 70 personas con hepatitis C en las colonias, y que “recién en este momento van a comenzar a ser evaluados por hepatólogos”, que es otra condición para acceder a los tratamientos del FNR. Hace pocos días, el MSP le informó a ACHCU que en el Comcar hay 25 casos confirmados, y la organización inició conversaciones con la Administración de los Servicios de Salud del Estado y con Sanidad Policial para que en 2020 se les haga el test a personas recluidas en otras cárceles.

Hepatitis C

Se transmite por la sangre, mediante inyecciones y procedimientos médicos en condiciones poco seguras y, en menor medida, por contacto sexual. Se estima que en el mundo hay 180 millones de infectados. Entre 80% y 90% de los afectados son asintomáticos. Entre 20% y 30% de los infectados desarrollan una enfermedad hepática significativa, cáncer de hígado o requerirán un trasplante, consigna el FNR.