El octógono negro con la palabra “exceso” de azúcares, sodio, grasas o grasas saturadas en la cara frontal de los envases de bebidas y alimentos es la forma que encontró Uruguay, luego de una amplia discusión que duró más de tres años, para advertirles a los consumidores que los productos con esos sellos no son saludables. Esa política, denominada rotulado o etiquetado frontal de alimentos, fue dispuesta en el Decreto 272/018, que entró en vigencia el 1º de marzo, pero diez días después el Poder Ejecutivo prorrogó su aplicación por 120 días, para que se valorara su armonización con la norma del Mercosur.

El plazo se cumplió el 29 de junio y hasta este martes Presidencia de la República no había publicado un nuevo decreto para prorrogar su entrada en vigencia. Eso era lo que habían anunciado semanas atrás los ministros de Salud y de Industria, Daniel Salinas y Omar Paganini, cuando informaron que se estudiaría la armonización de la norma –lo que se pretende reforzar a partir de este miércoles, que Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur– y que mientras tanto se ajustaría el sello, tal vez cambiando el término “exceso” por el de “alto en”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF, que ya se habían pronunciado hace un par de semanas a favor del Decreto 272/018, desarrollaron este martes el seminario “Rotulado frontal de alimentos en Uruguay”. Salinas defendió allí el rotulado de alimentos para combatir las enfermedades no transmisibles, que calificó como causantes “de las mayores epidemias en los últimos 50 años, de especial relevancia en la infancia, donde el consumo se hace sobre parámetros de mercado y de consumo más que de alimentación saludable”. Afirmó que la experiencia chilena, que implementó el rotulado frontal en 2016, “no ha mostrado mayores problemas en la industria ni en la generación de puestos de trabajo”. Eso fue lo que expusieron luego dos investigadores chilenos contratados por la FAO, Camila Corvalán, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Chile, y Guillermo Paraje, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de ese país.

Corvalán informó que alrededor de 30% de los productos envasados en Chile tienen advertencias, que más de 90% de los participantes de los estudios valoraron como muy importante la advertencia, que las madres y hasta los niños emplean esa información, y que las ventas de algunos productos altos en azúcar bajaron 24%. En cuanto a la industria, dijo que disminuyeron los discursos de judicialización que se escuchaban antes de la implementación y que, en cambio, empiezan a prevalecer discursos en los cuales la industria “ve esta ley como una oportunidad de cooperación, un incentivo a la mejora de sus alimentos”, y que se reformuló aproximadamente 10% de los alimentos para que no llevaran sellos.

Paraje detalló que la ley no tuvo impacto en el número de empleos ni en los salarios en la industria alimentaria, un sector “enormemente concentrado”. Reconoció que puede haber diferentes consecuencias a nivel individual: dijo que algunas empresas que producen bienes tanto alcanzados como no alcanzados por el etiquetado “es muy probable que no sientan ningún efecto del cambio”, y que sí pueden sentirlo las empresas pequeñas individuales, pero que tienen la oportunidad de reformular sus productos. Añadió que otras empresas pequeñas individuales no alcanzadas por el etiquetado incrementarán sus ventas. A eso apuntan la OPS y la FAO con esta norma: a incentivar la preferencia por los alimentos procesados –no ultraprocesados– que tengan mejor aporte nutricional.

Fabio Gomes, asesor de la OPS en nutrición, y Gastón Ares, ingeniero químico de la Universidad de la República, mostraron la evidencia científica que respaldó la elección de Uruguay por los octógonos negros, cuyos límites parten de una flexibilización del perfil nutricional de la OPS. Gomes habló también de las estrategias de la industria para “retrasar o limitar regulaciones a los productos que más matan o quitan años de vida”.

También hablaron de las “estrategias de dilatación” Gianella Severini y Juan Carballo, consultores del Global Health Advocacy Incubator, que afirmaron que “los Estados miembros del Mercosur pueden avanzar con una normativa de etiquetado frontal de alimentos sin infringir el principio de armonización que rige en el bloque económico”. Añadieron que ya hay otros ejemplos de etiquetados diferentes a nivel de Mercosur, para identificar productos alérgenos (Brasil tiene su propia etiqueta), libres de gluten (difieren en Argentina, Brasil y Paraguay) y con organismos genéticamente modificados (diferentes en Uruguay y en Brasil).

Postura de la industria

La Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) iba a participar, pero pocas horas antes anunció que no concurriría porque no había podido sistematizar la información que iba a presentar. En diálogo con la diaria, Fernando Pache, presidente de la Ciali, dijo que “hay muchísimas empresas” que han implementado la medida y que “hay muchísimo producto importado que no se ve con etiqueta por ahora”. Esa desigualdad entre marcas fue señalada por Salinas en el seminario como “‘el’ tema” de este decreto.

Según Pache, la Ciali está esperando “una nueva prórroga: estamos esperando análisis de valores graduales, de valores nutricionales para ver cómo podemos acompasar algo similar a lo que es la norma chilena”, que mide los nutrientes en gramos, mientras que Uruguay los mide en kilocalorías (de acuerdo al perfil de la OPS). Dijo que no le parece bien modificar el sello actual, “porque si después con la etapa de Mercosur se acuerda otro tipo de logo, es volver a gastar y a imprimir nuevamente el packaging”. De no estar ya aprobado el sistema de advertencia, Pache afirmó que la Ciali preferiría el sistema de semáforo, que fue reprobado por los técnicos del seminario, porque genera menor percepción sobre que un alimento es poco saludable.

La Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén no recibió para nada bien la prórroga, porque no está de acuerdo con tener que colocar ningún sello antes de lograr la etiqueta consensuada a nivel de Mercosur, y la semana pasada pidió una reunión con Presidencia. En diálogo con la diaria el abogado Martín Montoro dijo que “si esta medida sale de forma desalineada con el Mercosur genera problemas operativos para los productos que se importan de los orígenes Mercosur”, porque “abrir cajas y agregar advertencias supone un costo que se incorpora en la cadena de valor y llega al precio final, lo que termina siendo un encarecimiento” para el consumidor.

A casi dos años de aprobado el decreto, Montoro reconoció que “son muy pocos” los productos importados que incorporaron el sello. De hecho, algunas de esas empresas ya habían recurrido a la vía legal y plantearon en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso para que se armonice la norma en el Mercosur, y aguardan una respuesta. Montoro advirtió que si tuvieran que cumplir con el decreto “puede suceder que haya productos que por estos costos no se puedan comercializar más”, y mencionó el contexto actual, de la pandemia, “que ya de por sí es adverso para la actividad”. Desde el punto de vista de la salud, la pandemia sirve, en cambio, para argumentar a favor del etiquetado, porque la evolución de la covid-19 es peor en quienes tienen enfermedades no transmisibles, que se alimentan con mala nutrición.