“Cuando una persona tiene una enfermedad en fase terminal, que causa grandes sufrimientos y le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esa persona lo solicita libremente?”. Esa pregunta fue parte de una encuesta para conocer la opinión de los médicos sobre la eutanasia que impulsó el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). 62% de los profesionales respondió que “sí, con toda la seguridad” y 20% contestó “creo que sí pero no estoy totalmente seguro”, por lo que 82% de los consultados optó por la opción afirmativa. En cambio, 11% respondió “no, con toda seguridad” y 5% contestó “creo que no, pero no estoy seguro totalmente”, y 2% no eligió ninguna de las opciones o no contestó. La encuesta fue elaborada por Equipos Consultores, entre el 31 de julio y el 1º de agosto, y la respondieron 417 médicos de todo el país, socios y no socios del SMU, informó ayer el sindicato en su sitio web.
La aceptación de la eutanasia entre los médicos arrojó una proporción similar a la manifestada en mayo por las 402 personas (una muestra de la población general, mayor de 18 años) que participaron en una encuesta aplicada por el SMU y Equipos Consultores. Ante la misma pregunta, en aquel estudio 82% de las personas respondió (con seguridad total o parcial) que se debería permitir que los médicos practicaran la eutanasia y 15%, que no.
En cuanto a las diferencias por edad, las respuestas de médicos que se manifestaron “con toda seguridad” a favor de regular la eutanasia son más entre los jóvenes (menores de 39 años). En cuanto a la religión, se oponen “con toda seguridad” a que haya una ley de eutanasia 33% de los médicos cristianos no católicos (categoría que agrupa a evangélicos, testigos de Jehová, mormones y cristianos sin especificar religión), los siguen los católicos (12%), mientras entre quienes no se identifican con ninguna religión la negativa rotunda llega a 7%. En cuanto a la identificación ideológica, el mayor rechazo a la eutanasia lo manifestaron los profesionales de centro (14%), le siguieron los de derecha y centroderecha (9%), y por último los de izquierda y centroizquierda (6%).
Estas encuestas surgieron de un planteo de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del SMU de discutir la eutanasia y el final de la vida. En paralelo, la Comisión de Salud de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley que presentó en marzo el diputado colorado Ope Pasquet para eximir de responsabilidad al médico que “actuando en conformidad” con la ley y “a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables” le dé muerte o la ayude a darse muerte.
Entre los médicos consultados, el suicidio médicamente asistido tiene menos adhesión que la eutanasia: 27% dijo estar seguro de que debería haber una ley en ese sentido; 30% cree estar seguro, aunque no totalmente; 26% respondió con seguridad que no debía habilitarse; y 13% que creía que no, pero no estaba del todo seguro. Quienes no contestaron o dijeron no saber la respuesta fueron 4% de los encuestados.
En esta encuesta, 74% de los médicos respondió que debería existir la objeción de conciencia, es decir, tener la posibilidad de negarse a hacer tratamientos contrarios a sus creencias personales o religiosas.
El estudio relevó, además, información acerca del conocimiento de los médicos sobre los derechos y los deberes de los usuarios de los servicios de salud –sólo 79% respondió que existe una ley en ese sentido (la 18.335, aprobada en 2008)–, y apenas 54% dijo saber que existe o probablemente exista un registro público en el que la persona puede dejar instrucciones acerca de cómo querría ser atendida y los tratamientos que no debería recibir en caso de padecer una enfermedad que le impida decidir por sí misma (algo establecido en la Ley de Voluntad Anticipada, aprobada en 2009).
En cuanto a sus prácticas, dos de cada tres profesionales respondieron que en los últimos dos años atendieron a pacientes con enfermedades terminales y mucho sufrimiento. 75% de los médicos dijo estar de acuerdo con interrumpir un tratamiento que prolongue el sufrimiento cuando le queda poco tiempo de vida a una persona, y 62% respondió que está de acuerdo en ayudar a morir para evitar el sufrimiento; en las antípodas, 5% está de acuerdo en prolongarle la vida de forma artificial a una persona aunque no exista esperanza de mejoría.
La Ley 18.335 define, en su artículo 17, el derecho de todo paciente a “morir con dignidad”. Esto supone, según establece esa norma, “el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica)”.