Lema y Salinas afirmaron la voluntad política para cumplir con la Ley de Salud Mental y avanzar en la implementación de políticas intersectoriales

A casi cuatro años de la aprobación de la Ley de Salud Mental, se hace esperar el cambio de modelo asistencial, ese que debe fortalecer la atención oportuna de las problemáticas de salud mental, y apostar a la asistencia en la comunidad y no ya en los hospitales y asilos psiquiátricos. También se hace esperar la aplicación de la mirada integral que dispone esta ley, que obliga a crear políticas sociales que exceden, por lejos, la atención sanitaria. El cambio de lógicas que tienen más de un siglo no es sencillo, pero se están haciendo movimientos.

Los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Desarrollo Social (Mides) desarrollaron el jueves la primera jornada de capacitación y sensibilización dirigida a jerarcas y mandos medios de diferentes organismos del Estado, para comenzar a aplicar la intersectorialidad que dispone la ley, con el fin de desplegar un conjunto de políticas sociales para “favorecer la inclusión social de las personas con trastorno mental” (ver recuadro). La jornada se tituló “Salud mental y derechos humanos en clave de intersectorialidad” y reunió, de manera virtual, a más de 300 personas de diferentes puntos del país.

Hacia la inclusión

En la apertura de la jornada, Martín Lema y Daniel Salinas, ministros de Desarrollo Social y de Salud Pública, respectivamente, reafirmaron la voluntad política de que se cumpla la ley. Lema recordó que presidía la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en 2017, cuando se aprobó la Ley 19.529, de Salud Mental, y dijo que pudo “presenciar en forma directa el testimonio de una cantidad de organizaciones y de especialistas” que exigían el cambio del asilar, de un trato digno de las personas y con un enfoque integral. Mencionó que ya en aquel momento se decía que con la ley sólo no alcanzaba, y subrayó que “una ley que está y no se cumple es peor que una ley inexistente, porque cuando tenemos un texto legal naturalmente se despierta una expectativa, y si esa expectativa que se despierta a raíz de una normativa vigente en la que no se cumplen las acciones, se convierte en frustración que puede terminar provocando un efecto contraproducente”.

Lema afirmó que no alcanza con la atención sanitaria, sino que “hay una cantidad de áreas y disposiciones de la vida cotidiana que es necesario fortalecer”, y hay que desplegar la intersectorialidad “para lograr que los tratamientos sean más efectivos” y garantizar “el bienestar social”. “La voluntad está”, dijo en nombre del MSP y del Mides.

“Acá hay equipo: equipo de gobierno y equipo intersectorial”, continuó Salinas, y comentó que el director de Salud Mental del MSP, Horacio Porciúncula, que estaba a su lado, “se ha comprometido a lograr en este año reglamentar la famosa Ley 19.529”. “Estamos comprometidos en el camino de efectivizar” el cumplimiento de la ley, afirmó, y aludió a recorrer “el camino del trabajo en conjunto desde los diversos aspectos de toda la sociedad para lograr un objetivo que es común para todos, que es el bienestar”. Valoró que la Ley de Salud Mental es “sumamente removedora” y que “implica un cambio de paradigmas y de prácticas”, entre ellas nombró las de educación y la creación de dispositivos como viviendas de medio camino “para escapar del modelo asilar que fue como una especie de baldón o de freno al desarrollo de la salud mental”. “Este trabajo, si logramos que sea un buen trabajo participativo y colectivo, con aporte de distintos sectores, nos va a generar una mayor calidad de asistencia ‒y sobre todo una lucha contra el estigma‒ orientada hacia la inclusión social”, estimó.

En la comunidad

Renato Oliveira de Souza, jefe de la unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que en las Américas un tercio (34%) de los años perdidos por discapacidad se deben a trastornos mentales, neurológicos, por consumo de sustancias y por suicidio. Agregó que “la depresión es la condición con mayor prevalencia” y que la mayoría de las personas no accede a tratamientos. Dijo que se tiene que reorientar la atención: disminuir las camas en hospitales psiquiátricos y “trasladar los servicios de salud mental a la comunidad”, con varias propuestas residenciales para la población, y potenciar el primer nivel de atención, además de trabajar intersectorialmente y educar para reducir el estigma.

Josefina Pla, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, manifestó que debería notarse “una disminución permanente de las internaciones”; comentó que eso sería un indicador de la aplicación del nuevo paradigma, y que es necesario alentar el desarrollo de “proyectos comunitarios en el territorio”, porque las soluciones no sólo pasan por hacer diagnósticos sino “por integración social”.

Sandra Romano, en nombre de la Comisión Asesora al Área de Salud Mental de la Universidad de la República, señaló que el cambio de modelo implica “pasar de la atención psiquiátrica al abordaje interdisciplinario, de instituciones custodiales a la atención en la comunidad, de la contención a la asistencia, y de la asistencia a la atención integral de la salud”, y que “el eje son las personas en la construcción de su proyecto de vida”. Puntualizó que el modelo asilar tiene más de 150 años y que “está perimido”, y ahondó en el pasaje de las estructuras sanitarias a la inclusión social plena, en la que la persona ya no vive en una institución total, sino que reside en la comunidad, con autonomía social garantizada por una red de opciones de vivienda, de educación y ocupación.

Porciúncula también insistió en la intersectorialidad y en garantizar un cambio en la atención pública y privada. Adelantó que el cambio de modelo “va a implicar un impacto sanitario bien importante” y que “es evidente que se requerirá una priorización y de recursos apropiados”.

Construir redes

Fernanda Auersperg, responsable de la Dirección Nacional de Protección Social del Mides, quien junto con los referentes del MSP articula la Comisión Intersectorial en Salud Mental, afirmó que “sólo trabajando colaborativamente en equipo podremos dar respuestas integrales”. Al hablar, Auersperg mencionó situaciones concretas de lo que luego llamó “vidas deshilachadas, heridas”, como personas atravesadas por problemas de consumo, por haber roto sus redes vinculares, por sufrir violencia doméstica o por estar en el mayor desamparo; habló de los “sueños” de esas personas, de “acceder a formación, a trabajo, de ser reconocidas, visibilizadas”.

Durante 2020 hubo cuatro instancias de trabajo de la Comisión Intersectorial, explicó Auersperg a la diaria. En lo que va de 2021, la comisión ha sesionado dos veces y la última fue en forma conjunta con la Comisión Asesora “para empezar a aterrizar la puesta en práctica de la ley”, afirmó. Detalló que se definieron subgrupos de trabajo por área temática: sensibilización y capacitación; empleo y formación; reestructura de servicios de atención y dispositivos sociosanitarios y sociales; acceso a vivienda; capacitación a profesionales y operadores locales; sistema de información; recopilación, generación y aplicación de datos; financiación. Cuando los subgrupos culminen su trabajo, la comisión intersectorial volverá a reunirse para evaluar los resultados. Consultada sobre la posibilidad de que la ley de Rendición de Cuentas incluya el pedido de recursos, respondió que eso será algo que tendrá que definir el subgrupo de financiación, y aclaró que el rol del Mides es coordinar.

Acerca del proceso de la intersectorial, comentó que durante 2020 la comisión se puso “a punto” y que ahora se trabaja más en “lo concreto: ¿qué tengo para aportar?, ¿se necesita una ley?, ¿qué tenemos que hacer para que esto pueda concretarse?”, trasmitió.

Después de las exposiciones, funcionarios de varias instituciones hicieron aportes y comentarios. Una funcionaria de Ambiente expresó que en Japón había parques en el medio de las ciudades pensados para mejorar la salud mental. Una psicóloga de la Dirección Departamental de Salud comentó acerca del trabajo en red con otras instituciones y señaló que a veces no se necesitan recursos nuevos, sino ver cómo se reorienta lo que se tiene. Aracelis Delgado, directora de Salud de la Intendencia de Canelones, resaltó la importancia de la participación de los gobiernos departamentales y dijo que sería importante su inclusión en la intersectorial, porque no fueron incluidos formalmente. Funcionarias del Ministerio de Trabajo plantearon la importancia de disponer de recursos para la atención de salud mental de víctimas de trata, hablaron de la implementación del convenio 190 contra el acoso en el trabajo, que entra a regir hoy, y de sensibilizar para la inserción laboral de personas que atraviesan problemas de salud mental. La referente en género del Instituto Nacional de las Mujeres de Soriano comentó que la pandemia es una oportunidad para pensar la salud mental, sus efectos en las condiciones de empleo ‒entre ellas la pérdida y la sobrecarga‒ y las repercusiones que tienen esos cambios en la salud mental de varones y mujeres. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, agregó que hay más de 20.000 personas privadas de libertad o cumpliendo medidas alternativas, y que ese es “un espacio de intervención estratégica” para llegar con políticas de salud mental. “Es uno de los agujeros negros que tiene el país”, acotó.

Auersperg evaluó, en diálogo con la diaria, que la respuesta de esta primera jornada de sensibilización y capacitación fue “muy buena”, y que lograron la participación de actores que no habían participado hasta ahora de la intersectorial.

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