SMU y ASSE llegaron a un acuerdo por el caso del pediatra Rodrigo Suárez, que no será cesado del Pereira Rossell

Rodrigo Suárez es médico pediatra y se desempeña en el área de Reumatología Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (CHPR-ASSE). El 18 de febrero, Suárez publicó en su cuenta personal de Twitter un comentario con consecuencias que parecen haber cerrado este miércoles, casi cuatro meses después.

“La ministra de Economía debe estar recibiendo felicitaciones por su excelente trabajo en ahorrar plata del Estado. En el Pereira Rossell no hay ni Paracetamol”, escribió Suárez en aquel momento. En marzo, el director del Hospital Pediátrico, Álvaro Galiana, hizo un informe sobre la actuación del médico en el que dejaba constancia de “la revisión de las evaluaciones de su desempeño en la Policlínica [de Enfermedades Reumáticas de infancia] muestra que no ha tenido mayores problemas”, calificó de “inmadura” la actitud del médico al expresarse en mensajes de redes sociales en los que, a su entender, mostraba “un desprecio por el sitio en que trabaja”, y dijo que esa actitud le parecía “inaceptable”.

A partir de ese informe, la directora general del CHPR, Victoria Lafluf, solicitó la rescisión del contrato de Suárez. De todo esto Suárez fue notificado el 4 de mayo, y planteó su caso ante el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Poco después, se inició el diálogo entre la Unidad de Negociación del SMU y referentes de ASSE, que llegó este miércoles a una salida.

“En referencia a mi Tweet citado el 18 de febrero pasado, quiero dejar en claro que el planteo realizado en cuanto a la falta de medicación en el CHPR no fue atinado y resalto que no pretendió cuestionar la Gestión del CHPR-ASSE”, tuiteó Suárez este miércoles, retomando su posteo del 18 de febrero. Agregó un segundo tuit, en el que escribió: “Pertenezco a dicho Hospital y me consta la receptividad de sus autoridades. Mi compromiso es canalizar a través de las vías institucionales los temas y planteos que se puedan identificar para la mejora continua de la atención de los niños”.

“Fundamental la aclaración realizada por el Dr. Rodrigo Suárez. Seguimos apostando al trabajo conjunto que es sin dudas, el camino para la mejora de la atención de nuestros usuarios”, publicó Lafluf en Twitter, a partir del comentario de Suárez.

Discusiones pendientes

Fuentes del SMU informaron a la diaria que “están encaminados” los casos de los otros seis profesionales por los que la Unidad de Negociación del SMU está dialogando con ASSE y agregaron que el sindicato continuará “alerta” ante otras situaciones que puedan ocurrir.

El jueves 2, una delegación del SMU concurrió a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, para plantear su preocupación por este tema. Tal como lo expresó el presidente del SMU, Gustavo Grecco, ante los legisladores, la inquietud surgió de “reportes de colegas de distintos lugares y unidades ejecutoras de ASSE, sobre llamados de los respectivos directores ejerciendo presión para modificar o bajar un tuit o algún comunicado, o para evitar que se ejecutara alguna acción que hubieran emprendido”.

La abogada Natalia Veloso, del estudio Delpiazzo Abogados y asesora letrada del SMU, mencionó en la comisión alguna de las otras situaciones: “Estamos hablando de gente a la que se le inició un sumario o una investigación administrativa por escribir en Twitter, por ejemplo, que se necesitaban más teléfonos para hacer un mejor seguimiento de los pacientes. Eso derivaba en forma automática en que se les iniciaba un procedimiento disciplinario”.

Expresó que era una situación “reñida con la ley” porque “el deber de reserva y de lealtad del funcionario público de ninguna manera puede significar que no pueda manifestarse en Twitter o en las redes sociales. Por supuesto que no pueden mentir ni tampoco pueden generar con sus dichos una alarma pública ni una idea falsa sobre cómo funciona la Administración. Pero esto no significa que no puedan expresarse, manifestar una opinión política, un punto de vista, o simplemente contar un hecho”.

El senador frenteamplista Óscar Andrade manifestó en la comisión que la publicación en redes sociales “llegó para quedarse” y adelantó que va a generar “problemas en un montón de sectores de la actividad” con “lógicas” de “la disciplina laboral”, como ocurrió recientemente en el ámbito educativo. Andrade les preguntó a los referentes del SMU si habían tenido alguna negociación que les permitiera a los legisladores “trabajar en un protocolo para dar claridad tanto a los directores como a los trabajadores médicos de todo el país en el sentido de qué se puede y qué no”. La senadora colorada Carmen Sanguinetti apoyó la propuesta de Andrade: “Creo que como Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social deberíamos hincarle el diente a este tema”.

El senador cabildante Raúl Lozano consultó “si los médicos además de hacer los reclamos por las redes sociales, ¿los hicieron ante las autoridades? O simplemente los reclamos van por la vía de las redes sociales y no ante las autoridades, porque me parece que desde el punto de vista ético sería lo correcto”. Grecco respondió que eso había sido así en algunos casos y quedó en enviar luego el reporte escrito.

“Lo que nos sucede con este tipo de situaciones es que, por ejemplo, una médica joven que afronta una de sus primeras guardias en terapia intensiva y que tiene que decidir entre qué paciente ingresar de tres que necesitan una cama de terapia intensiva, habiendo sólo una disponible, pone en redes una catarsis o un desahogo. ¿Cómo se interpreta eso?”, preguntó Grecco. Enseguida, agregó elementos a la complejidad: “Esa misma acción puede ser interpretada por un mando medio de una manera, por otro mando medio de otra; puede disparar mecanismos en un lugar o ser ignorada o contemplada, en otro”.

Por eso, retomó el planteo de Andrade –y también de Sanguinetti y de Amanda Della Ventura- para que “desde el Parlamento y desde quienes de alguna manera tenemos injerencia en estos asuntos, podamos discutir abierta y francamente sobre esta nueva realidad, este nuevo escenario que el siglo XXI nos presenta, para poder convivir en mayor armonía”.

La presidenta de la comisión, la nacionalista Graciela Bianchi, cerró la discusión diciendo: “Yo no voy a contestar cosas con las que discrepo, porque no es el momento, ni el tema por el que fuimos convocados fue la discusión sobre el uso o no de las redes sociales y la libertad de expresión, sino probar –en nuestro rol de controlar a las autoridades públicas— si se produjeron, efectivamente, los hechos que ustedes denuncian”.