La bancada de diputados y senadores de Cabildo Abierto (CA) recibió este lunes al ministro de Salud Pública, el cabildante Daniel Salinas, para intercambiar sobre el proyecto de ley de Casa de Galicia, que será tratado este martes a las 10.00 en la Cámara de Senadores y a las 16.00 en la de Diputados.

En diálogo con la diaria, la diputada Silvana Pérez Bonavita explicó que la semana pasada el ministro –acompañado por parte de su equipo y del Ministerio de Economía y Finanzas– había recibido a otras bancadas, oficialistas y de la oposición, y que había quedado pendiente la reunión con CA. Esta vez fue Salinas quien se trasladó –puesto que se desarrolló en el Parlamento, mientras que las anteriores habían sido en el Ministerio de Salud Pública (MSP)– y, según comentó Pérez Bonavita, fue solo, y no con todo el equipo que trabaja en esta propuesta.

Entre los cabildantes “había dudas sobre los criterios de distribución y el criterio con los funcionarios”, dijo la diputada, pero aseguró que estas “fueron totalmente aclaradas y con un criterio unificado para seguir adelante con esto en la votación”. Su complacencia la había expresado un rato antes, por Twitter.

Pérez Bonavita adelantó que al texto inicial que había presentado el Ejecutivo, que tenía un único artículo que trataba sobre la distribución de socios de la mutualista, “se agregaron algunas cosas que de repente no estaban detalladas del todo”. Varias de ellas habían sido planteadas por los legisladores con los que se reunieron las autoridades del Ejecutivo la semana pasada, como incluir cómo será la distribución de trabajadores y los criterios de selección de las mutualistas a las que irán los socios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). “Se contemplan este tipo de detalles que de repente en el primer texto quedaban supeditados al Poder Ejecutivo y ahora entran dentro de la ley, que serían las características del sistema de redistribución de los usuarios y de los funcionarios”, informó.

Entre los criterios de selección de las mutualistas, mencionó que tengan menos de 100.000 usuarios, que la franja de socios mayores de 65 años no sea superior a 20% y que tengan un número de camas acorde a su padrón. En cuanto a la incorporación de trabajadores, mencionó que se explicita que en función de la cantidad de usuarios que absorba la mutualista, deberá recibir determinada proporción de trabajadores. “Eso dejaría dentro del convenio a la mayoría de los funcionarios”, valoró.

El Frente Amplio quería incorporar un artículo para facultar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado a presentarse en el Juzgado Letrado de Concurso de 1º Turno para adquirir, sola o con los otros prestadores de salud que absorban socios de Casa de Galicia, los bienes inmuebles y muebles de la mutualista. Según Pérez Bonavita, el proyecto del Ejecutivo no incluye nada sobre los inmuebles.

Equilibrios

“Es la primera vez que el Poder Ejecutivo carga con este tipo de realidad, porque anteriormente han cerrado muchísimas mutualistas y han sido absorbidas por otro privado; ahora se abre cancha, con transparencia, con el aval del Parlamento, bien estudiado”, afirmó Pérez Bonavita.

Juan Ceretta, abogado representante de más de 300 socios de Casa de Galicia, adelantó el jueves en diálogo con la diaria que presentará un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba este proyecto, porque implica una limitación de los usuarios a elegir a qué prestador ir –de acuerdo con el texto, sólo podrían ir a las instituciones que defina el MSP–. “En lo personal me tiene sin cuidado”, respondió la diputada al ser consultada, y alegó que “esta es una propuesta totalmente estudiada tanto por los expertos del MSP como por todas las bancadas de los partidos políticos, así que legalmente está más que avalada”.

Además, consideró que este proyecto “es totalmente necesario” porque “en caso contrario lo que hay que hacer es que cada uno se arregle por su cuenta, lo que implica que a la población envejecida no la acepten en ninguna otra mutualista porque cualquiera se reserva el derecho de admisión”. En realidad, esto no puede ocurrir con los socios que tienen la cobertura por Fonasa, porque la Ley 18.211, que creó en 2007 el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), estableció, en el artículo 58, que los prestadores del SNIS “no podrán rechazar a ningún usuario amparado por el Seguro Nacional de Salud ni limitarle las prestaciones incluidas en los programas integrales de salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública”.

Al respecto, Pérez Bonavita afirmó que los afiliados particulares de Casa de Galicia –que no tienen la cobertura por el Fonasa– que por sus patologías o edad puedan ser rechazados por otras mutualistas “pueden ampararse en este convenio si lo desean”. “De lo contrario, sería un desamparo muy grande”, evaluó, mencionando algo que no estaba contemplado en el borrador del Ejecutivo ni en el que manejaba la oposición. Añadió que el proyecto de ley permitiría, además, establecer la forma en que los trabajadores recuperarán la fuente laboral.

Por otra parte, la diputada valoró que este proyecto “es una solución integral a un problema extraordinario que se da, de una empresa particular que tuvo un desajuste económico impresionante durante años y años”, del cual esta “es la única situación aceptable”. Señaló, también, que con los criterios fijados para la distribución de socios se apunta al “equilibrio”, porque “al ser redistribuidos de esta manera [entre instituciones que no superan los 100.000 usuarios] también se contempla que no se generen oligopolios en equis mutualistas y que eso después genere que esa mutualista incluso genere más deuda. Ha sido súper estudiado por el MSP, por la Junasa [Junta Nacional de Salud], y por eso el respaldo completo a la propuesta”, concluyó.