La falta de presupuesto persistió y la renovación nunca se concretó: desde setiembre de 2021, la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental está acéfala. Creada por la Ley de Salud Mental (19.529) y en funcionamiento desde 2018, la comisión tiene como principal cometido velar por el cumplimiento de esta ley.
“No es banal que la comisión no esté conformada, es un rol sumamente importante que no se está cumpliendo: es la garantía para los pacientes”, manifestó a la diaria el psiquiatra y expresidente de la comisión Ángel Valmaggia.
El período de mandato tiene una duración de tres años y el equipo se compone, honorariamente, de representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la Universidad de la República, de las organizaciones “más representativas” de trabajadores de la salud mental y de personas y familiares con padecimiento mental, de sociedades científicas relacionadas y de la sociedad civil. Por cada representante titular, según estipula la ley, se designa también un alterno. En ambos casos, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra, y antes de llegar a ello, cada organización o institución debe elegir a sus representantes y proponerlos.
Ese proceso fue el que efectuó el Frente Antimanicomial –en representación de la organización de la sociedad civil especializada en salud mental– en 2021, pero nunca tuvo respuesta del Poder Ejecutivo. Cecilia Baroni, psicóloga e integrante de la organización, contó a la diaria que desde marzo del año pasado “está trancado” el expediente que solicita el ingreso de dos representantes –incluida ella– para suplir a las integrantes que tuvieron que salir ese mes. Así, desde marzo hasta setiembre, aun con la comisión operativa, el Frente Antimanicomial no contó con representación en el organismo.
Algo similar ocurrió con la representación de las sociedades científicas. Según narró a la diaria Artigas Pouy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), a fines de 2021 el MSP solicitó a las sociedades que escojan su titular, estas llegaron a un acuerdo, lo comunicaron al MSP y finalmente la cartera guardó silencio. En ese marco es que, hace pocos días, la SPU envió un correo electrónico a las demás sociedades y clínicas psiquiátricas para buscar aliados para expresar su disconformidad por la falta de respuesta y “reclamar por la instalación de la comisión”.
Pouy dijo, además, que están recibiendo “respuestas afirmativas” y “cuando tengamos todas las respuestas o cuando nos cansemos, vamos a enviarles el reclamo a Salud Pública. Puede ser la semana que viene o la otra”, aclaró. Concretamente, dirán que de parte de la SPU y las sociedades que se unan se manifiesta “preocupación” ante la tardanza de la conformación de un nuevo equipo para que la comisión vuelva a funcionar.
la diaria intentó comunicarse sin éxito con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y Horacio Porciúncula, referente del área de Salud Mental del MSP. Por otra parte, Karina Rando, directora general de Coordinación del ministerio, señaló que desde dicha área se está trabajando, paralelamente, “con aquellos departamentos que han sido más sensibles y más golpeados por la pandemia en el tema de la salud mental”. Asimismo, aseguró que las tareas que desarrollan son junto con Porciúncula y los directores departamentales de Salud. Según afirmó, las actividades “están empezando a realizarse en estos días y después se van a concretar de una forma más global, cuando se efectivice la comisión”.
En la ley también se le encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) “defender y promover los derechos de las personas reconocidos” en los artículos. El trabajo era codo a codo con la comisión. En diálogo con la diaria, la psicóloga e integrante del área de Salud Mental de la INDDHH Mónica Giordano dijo que están a la espera de que se concrete una reunión con las autoridades del MSP.
“Los cometidos [de la comisión] son amplios y son importantes en lo que tiene que ver con el enfoque que generó la Ley de Salud Mental: el de la protección de los derechos de los usuarios de la salud mental, que no pasa sólo por las internaciones compulsivas, sino también con las discapacidades, las instituciones de permanencia prolongada, las enfermedades graves, crónicas y persistentes”, resumió Pouy.
Las competencias de la comisión y las implicancias de su ausencia
Franco, de 22 años, desapareció en Brasil. Hace pocos días, su madre denunció a distintos medios de prensa que hacía casi un mes no sabía nada de él. Lo que sí sabía es que estaba en una clínica de rehabilitación, encabezada por un encargado y un pastor. Según narró, se contactó con el encargado de la división de investigaciones de la Jefatura de Rivera, pero este le aseguró que no podía denunciar porque la situación escapaba de Uruguay.
El caso fue traído a cuento por Valmaggia, quien escuchó la noticia y rememoró una instancia similar en la que la comisión intervino. De hecho, aseguró que si ahora estuviera en funcionamiento, ayudar en este caso sería parte de su tarea. Los cometidos que tiene la comisión, según establece la ley, conforman una extensa lista: supervisar e inspeccionar las condiciones y los sitios en los que están las personas hospitalizadas por razones de salud mental, controlar que las hospitalizaciones no sobrepasen los días permitidos por la ley, así como que las internaciones involuntarias estén correctamente justificadas, recibir “y dar trámite” de las denuncias de los usuarios, familiares o actores asistenciales, requerir intervención judicial si es necesario y hacer recomendaciones al MSP, entre otras tareas.
Valmaggia ejemplificó con que en algunas de las inspecciones que realizaron durante los tres años de mandato, desencadenaron el cierre de la institución “por las malas condiciones en que se encontraban los pacientes”: sucedió con tres. “Es un rol sumamente importante”, sentenció el expresidente de la comisión.
A su vez, Valmaggia subrayó la relevancia de que la comisión esté integrada por diversas instituciones y organizaciones, ya que de tal manera tiene “una visión más acabada de la situación, con distintas miradas que tienen conocimiento” sobre la salud mental. Por otro lado, Valmaggia remarcó la falta de presupuesto, a pesar de la solicitud de, por lo pronto, “un presupuesto mínimo”. En relación a esto contó que en varias ocasiones los traslados los hacían con vehículos particulares y que eso era uno de los grandes “limitantes” de la comisión, porque la tarea debe ser a nivel nacional.
Dos funcionarios integraban la comisión: una secretaria administrativa y un psiquiatra, pero según Valmaggia necesitaban a más personas para cumplir las funciones administrativas. “Uno de los desgastes de la comisión quizás es por la falta de presupuesto, porque todo era a voluntad y compromiso”, complementó Baroni.
“La comisión está establecida por ley, con obligaciones específicas que no se están cumpliendo, y eso es una falta de garantía para las personas que tienen un trastorno de enfermedad mental”, concluyó Valmaggia. Sobre las implicancias de la ausencia de la comisión, Pouy remarcó lo siguiente: “Suponete que yo mañana tengo un familiar que se interna y no entiendo muy bien si la internación estuvo justificada, hoy en día no hay un organismo idóneo para presentar esta denuncia”. “Es una desprotección al usuario, por lo menos en el aspecto específico que hace a los cometidos de la comisión honoraria”, puntualizó.