La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó, este lunes, un recurso de revocación al decreto que flexibiliza las políticas antitabaco, tal y como había anunciado la semana pasada. La SUT tomó la decisión luego de participar en una reunión convocada por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que tuvo lugar el viernes. En el encuentro el jerarca se comprometió con la Comisión Asesora para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP) a comenzar a trabajar en el protocolo contra el comercio ilícito del tabaco.
El decreto que el presidente Luis Lacalle Pou firmó el 2 de setiembre generó reparos a nivel nacional e internacional, ya que flexibiliza la política antitabaco y elimina varios requisitos que la industria debía cumplir en la elaboración del producto. Asimismo, el gobierno ha recibido críticas por aprobar el decreto sin contar con la opinión de la Comisión Asesora para el Control de Tabaco del MSP ni de ninguna asociación u organización vinculada a la lucha contra el tabaquismo.
A nivel nacional, la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco y el Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP enviaron a Salinas una carta en la que, entre otras cosas, pidieron la “inmediata derogación” del decreto. Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República publicó una carta abierta dirigida a Lacalle Pou en la que expresa su “preocupación” por la vigencia del decreto y remarca que Uruguay pasó a ser el primer país que, luego de contar con una medida “singular y vanguardista”, “laudada internacionalmente”, que hace a la protección de la salud, “retrocede”.
Por otra parte, la organización internacional Campaign for Tobacco-Free Kids se pronunció en un comunicado la semana pasada y este lunes, en una conferencia de prensa organizada junto con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, varios expertos nacionales e internacionales justificaron las razones por las cuales no concuerdan con el decreto firmado este mes.
Una influencia indebida
Vera Luiza da Costa, médica investigadora y exjefa secretaria del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestó en la conferencia que los ministerios de industria “suelen estar [de acuerdo] con los fundamentos” de las empresas. Específicamente sobre el decreto, consideró que “es el resultado de una interacción entre el oficialismo y la tabacalera y que uno de los aspectos “más graves” es que no respeta el punto 5.3 del convenio internacional de la OMS que establece que “a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco”, las partes firmantes “actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera”, conforme con su legislación nacional. Agregó que la normativa “tiene el objetivo de proteger a las generaciones presentes de una industria que mata a uno de cada dos consumidores regulares” de tabaco.
Da Costa precisó que “no hay evidencia” sobre los fundamentos que se usaron para aprobar la modificación y que “si la cuestión es el contrabando” hay una comisión específica para abordar el problema y esa “debería ser la respuesta a la industria cuando llega a la oficina del presidente”, dijo en referencia a las declaraciones de Lacalle Pou, quien aseguró que la aprobación del decreto fue a partir de un pedido de la empresa Montepaz. Da Costa sostuvo que la industria “siempre cambia las leyes para aumentar sus ganancias”, pero acotó que todavía hay tiempo para “anular el decreto”. “Una política que controla salva vidas”, concluyó.
También a este punto se refirió el economista Guillermo Paraje, quien acotó que “lo que produce este tipo de comercio es la corrupción y la debilidad institucional de los organismos que deben encargarse del control” y la fiscalización. “Gran parte [de ese flujo de comercialización] se organiza en Paraguay”. Por lo tanto, opinó que en la medida en que se detecte que en el caso uruguayo, Paraguay es punto de partida, el gobierno uruguayo “debería entablar diálogo” con ese país como lo han hecho otros lugares, entre ellos, Brasil. “Lo que Uruguay no puede hacer es que medidas que ya se han implementado retrocedan” a causa del “fantasma” del comercio ilícito.
El economista Germán Rodríguez Iglesias, otro de los expositores, detalló que en Uruguay, al igual que en otros países, “la industria tabacalera exagera los datos sobre comercio ilícito”, pero si esos datos se comparan con estudios independientes, los porcentajes descienden varios puntos. Agregó que a pesar de que la industria diga que el comercio ilícito va en aumento, ellos mismos “reconocen que el volumen de cigarrillos [que se comercializan sin registro] no aumentó en las últimas dos décadas” y que además “el consumo legal está en caída”.
En cuanto al cambio en el empaquetado, acotó que un envoltorio neutro lo que hace es “percibir los cigarrillos como dañinos” y “deja claro el daño que genera en la salud”. Agregó que “la evidencia a nivel global muestra que el empaquetado genérico no aumenta el comercio ilícito”, porque ese es un aspecto que se relaciona más “con precio y disponibilidad de esos paquetes”.
En la misma línea, Óscar Cabrera, abogado y director de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos, del Instituto de investigación estadounidense O’Neill, acotó que desde una perspectiva legal es de “suma importancia” que las normativas se diseñen “con evidencia libre de conflictos de interés”, y que el pedido de la tabacalera al gobierno es “una influencia indebida”, porque el poder de los actores privados “no debe condicionar la capacidad regulatoria del Estado”.
El abogado señaló que cuando las empresas influyen en la toma de decisiones del país el gobierno “viola los acuerdos internacionales” que, entre otras cosas, protegen los derechos humanos de la población. Asimismo, calificó la situación como una “regresividad” no sólo desde lo económico, porque el consumo de tabaco genera un gasto sanitario muy alto para los países, también es un problema desde lo legal; “cuando un país asume políticas que buscan proteger la salud como un derecho social se sujetan a un compromiso progresivo”.