“¿Qué vemos cuando vemos a una niña embarazada?”, es la pregunta que disparó el intercambio en una mesa interinstitucional convocada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en la que representantes de distintos organismos públicos analizaron y evaluaron cómo es el abordaje de las situaciones de embarazo infantil en Uruguay.

La actividad se realizó el viernes en el marco de un encuentro al que asistieron integrantes de los equipos de salud que implementan la estrategia “Notificación y análisis de casos de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo” en distintas partes del país.

A grandes rasgos, la estrategia -que empezó a funcionar en abril de 2021- busca generar un canal de notificación de cada caso por parte del equipo de salud, seguida de una respuesta “estandarizada, sistemática y adaptada” a las características de esa situación particular, asegura el material difundido por la institución durante el encuentro.

Esta estrategia, que profundiza en el caso a caso, ha permitido “caracterizar a las niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas y conocer sus trayectorias”, lo que permite afirmar que en Uruguay “el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años afecta selectivamente a las niñas cuyas trayectorias vitales están atravesadas por la vulneración de derechos, la violencia y la exclusión”. Otra de las conclusiones que surgen es que “estos embarazos implican graves riesgos para la salud integral de las niñas y los recién nacidos, afectando todas las áreas de su desarrollo vital”.

Datos que alertan

Las cifras actualizadas, presentadas el viernes, revelan que, entre mayo de 2021 y abril de 2023, los equipos recibieron 229 notificaciones; de ese total, 119 correspondían a casos de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. El departamento con más situaciones fue Salto (60), seguido por Montevideo (50).

El relevamiento pone en evidencia el vínculo estrecho entre los embarazos infantiles y la violencia: la información muestra que 50% de los embarazos fueron producto de un abuso sexual, mientras 34% se dio “en el marco de una relación no abusiva entre pares” y en 16% de los casos “no se puede descartar vínculo abusivo”. A esto se suma que 49% de las niñas y adolescentes tenía antecedentes de violencias, 18% vivió violencia sexual antes del embarazo y 27% ha tenido procesos judiciales por violencia.

Otro dato que surge es que la mayoría de ellas (82%) concurría a un centro educativo. Por otra parte, 24% estaba bajo protección institucional en el momento del embarazo, 28% tenía una patología orgánica, 27% tenía un padecimiento de salud mental, 8% ha tenido un intento de autoeliminación y 10% tenía uso problemático de sustancias.

En cuanto a las características de los embarazos, 60% se captaron antes de las 12 semanas de gestación, 22% durante el segundo trimestre, 13% entre las 13 y las 14 semanas, y 6% durante el tercer trimestre. Este dato “no es menor de acuerdo al contexto normativo que tenemos, que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas en casos de violación”, resaltó durante la actividad Mónica Gorgoroso, referente técnica de salud sexual y reproductiva de ASSE, una de las tres áreas que lideran la estrategia, junto con la Dirección de Salud de la Niñez y Adolescencia, y la Unidad de Violencia Basada en Género y Generaciones.

También aparece que tres de cada cuatro de las niñas continúa con el embarazo, y una de cada cuatro lo interrumpe. “Esto quiere decir que muchas de ellas enfrentan la maternidad en estas edades tan tempranas, donde no es esperable que puedan cuidar de sí porque son niñas y se enfrentan al cuidado de un otro, y esto redobla la apuesta en cuanto a la necesidad de generar acciones desde el Estado, porque no son sólo las niñas madres, sino sus recién nacidos y recién nacidas que empiezan una nueva generación de vulnerabilidades desde el día uno del nacimiento”, apuntó Gorgoroso.

La institución informó que 13% de los recién nacidos son prematuros y 8% nacen con bajo peso, mientras que 21% de los embarazos que se interrumpen presentan complicaciones posteriores al aborto, como anemia e infecciones. Además, 85% de los embarazos que continúan son cursados con complicaciones durante el embarazo, parto/cesárea o puerperio, y son “complicaciones graves, que requieren intervenciones, hospitalización e incluso ingreso al servicio de cuidados intensivos”, detalló la referente de ASSE.

Un abordaje interinstitucional

Representantes de distintos organismos públicos involucrados en este tema compartieron algunas de las acciones que realizan para el abordaje de este problema. Victoria Estévez, gerenta de Uruguay Crece Contigo (UCC) del Ministerio de Desarrollo Social, contó que hay una “apuesta fuerte” en la capacitación de los equipos técnicos, y aseguró que este año trabajan en un mapa de ruta interno para abordar situaciones de embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años que participan en sus programas.

Estévez dijo que ese mapa de ruta implicó la creación de un comité de seguimiento, que empezó a funcionar en agosto de este año. Desde entonces, se han presentado 26 situaciones de niñas y adolescentes menores de 15 años cursando un embarazo. “Es un número que nos preocupa”, afirmó, porque si bien “en la globalidad no son números grandes”, representa “3% de la población embarazada con la que trabajamos en los distintos programas de UCC”.

Por su parte, Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, y de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, dijo que una de las limitaciones que persisten tiene que ver con “la interacción entre el sistema de salud y el sistema de Justicia, en tanto conocimiento de qué hace uno y el otro sector”. En esa línea, señaló que “todavía nos queda mucho por trabajar como sistema de Justicia, no sólo Fiscalía-ASSE”, sino que “hay que involucrar a los jueces de familia y a los defensores”.

Al mismo tiempo, abogó por la necesidad de seguir trabajando sobre los “prejuicios y sesgos que se cuelan” a la hora de enfrentarse a un embarazo infantil. Para Solari, esto requiere profundizar en la formación de los operadores, pero también “trabajar sobre las prácticas y los resultados”.

En paralelo, recordó que la Fiscalía recibe “unas 3.000 denuncias de violencia sexual por año” y que 80% corresponden a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En ese sentido, dijo que si bien se crearon ocho fiscalías especializadas en delitos sexuales y violencia doméstica en Montevideo, “son fiscalías que tienen una carga de trabajo de 1.000 casos para analizar equipos que son tres abogados fiscales”. Además, puntualizó que en el interior del país los fiscales son “multimateria”, por lo que “atienden todo”, sin muchas veces contar con la formación específica que requiere este tipo de situaciones.

Solari señaló que uno de los principales avances es el aumento de número de condenas, “en el sentido de que son víctimas que pueden acceder a la Justicia, y también que el número de víctimas atendidas en este tiempo ha permitido dar un mejor servicio”. También mencionó la creación de un protocolo “para garantizar los mecanismos en la toma de declaración que se llama prueba anticipada a las víctimas de todos los delitos, pero especialmente a las víctimas de delitos sexuales, para dar todas las garantías cuando van a declarar a sede judicial”.

Por su parte, la directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Gloria Canclini, dijo que “cuando hay un 82% de niñas [embarazadas] que se encuentran dentro de los centros educativos, tenemos que replantearnos qué es lo que no estamos haciendo, más allá de lo que sí estamos haciendo”.

Entre esas cosas que la ANEP está haciendo, mencionó el trabajo “interinstitucional” para crear protocolos de violencia, y adelantó que trabaja también en la elaboración de un “mapa de ruta para el abordaje cuando ya se detecta el embarazo”. También contó que, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, lideran un “proceso muy interesante de formación de formadores para educación sexual, porque lo vemos como un factor de protección”. “A nadie se le ocurriría negarle a una niña o a un niño aprender a leer y escribir. La gestión de lo que nos pasa cuando llegamos a las distintas etapas de desarrollo tiene que estar acompañada de un proceso de formación y de información, porque lo que no enseñan el hogar, el contexto, la escuela o el liceo, ellos lo aprenden igual por las redes”, apuntó Canclini.

“¿Qué pasa cuando los estados se preguntan qué ven cuando ven a una niña en situación de embarazo? ¿Qué implica ese ejercicio para un Estado?”, lanzó en tanto la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Jimena Fernández, reformulando así la pregunta disparadora del intercambio. En este sentido, dijo que los pasos dados por el Estado uruguayo con la aprobación del Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, de 2016, “constituye un paso de suma importancia y coloca a Uruguay en camino para cumplir con sus obligaciones en la materia”.

Por otro lado, recordó dos cuestiones a tener en cuenta al momento de enfrentarse a una niña o adolescente embarazada. En primer lugar, entender que “cuando miramos a las niñas en situación de embarazo hablamos de niñas que en su mayoría se encuentran en contextos de violencia”. En segundo lugar, contemplar que “es probable que nos encontremos ante un embarazo y una maternidad forzada”.