El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) presentó un pedido de informes a la Junta Nacional de Salud (Junasa) ante el incumplimiento de parte del Casmu “al compromiso asumido en la [reunión] bipartita”, que se efectuó en setiembre de 2022, con relación a la “afiliación mutual obligatoria” que la empresa pide a los médicos y médicas para poder trabajar en la mutualista, que además “fue el comienzo de un período caracterizado por la inexistencia de mecanismos razonables de diálogo”, según un comunicado que emitió el sindicato este viernes.

Para el SMU, la medida sólo se explica por “el deterioro económico” de la institución. El sindicato acota que ha tomado conocimiento de “las demoras en atención a los usuarios”, que generan graves consecuencias en distintos servicios, por ejemplo, en el de fisioterapia, así como las demoras detectadas “en el pago a proveedores, o la falta de medicamentos para los socios” afiliados por el Fondo Nacional de Salud, medicamentos que “sí están disponibles para los socios VIP”, según las denuncias de “varios colegas en las últimas horas”.

“Otro síntoma” negativo de la empresa para el SMU es “la rescisión unilateral” de los contratos con cooperativas médicas en Canelones, Migues y Maldonado a partir del 1º de marzo. Algo que para el sindicato rompe “con la continuidad asistencial” y con la relación de la comunidad con sus médicos mantenida “por más de 25 años”.

Además, en los últimos meses, la dirección de la empresa tomó algunas resoluciones “que involucran” a algunos integrantes del comité ejecutivo del SMU, algo que el sindicato cataloga de “persecución sindical”. Según informan, los médicos y médicas pierden sus puestos “sin motivo justificado” y tienen como “único factor común” ser representantes gremiales.

Antecedentes

Las razones de preocupación planteadas por el SMU coinciden con los planteos de los trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios del Casmu, que, ante la situación, adelantaron que están gestionando el pedido de intervención de la mutualista.

Los despidos arbitrarios, el aumento de los trabajadores enviados a seguro de paro y “la persecución laboral” de los últimos meses son las preocupaciones que más se reiteran.

Sin embargo, hace unas semanas, en diálogo con _la diaria _, Raúl Rodríguez, presidente del Casmu, afirmó que la solicitud de intervención es una irracionalidad y sostuvo que el Casmu es una empresa “en crecimiento”, con diversos avances e incorporaciones.

Respecto de los trabajadores, dijo que cada despido tiene un motivo que, en general, se basa en el incumplimiento de la labor y que “el Casmu tiene 4.000 trabajadores no médicos”, y de ellos más de la mitad “gana 30% por encima del laudo”, por lo tanto, “lo mínimo que les podemos pedir es que atiendan bien a los pacientes”, resumió.