Las autoridades del Ministerio de Salud Pública dieron su versión sobre cómo fue la sucesión de hechos que terminó con el cierre de Casa de Galicia, en diciembre de 2021, en el marco de la interpelación llevada adelante por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados este miércoles. Una vez finalizada la exposición de la diputada interpelante, la frenteamplista Cecilia Cairo, el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, brindó algunos datos para repasar hitos que, a su entender, llevaron al cierre de la mutualista; por ejemplo, que incluso antes de la llegada del gobierno actual, Casa de Galicia contaba con dos intervenciones administrativas, un concurso judicial y dos accesos al fondo de garantía de las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC).

Satdjian agregó que a partir de 2020 se sumó una nueva solicitud al fondo de garantía (en junio de 2021), la tercera intervención administrativa en noviembre de 2021, una denuncia final y el cese judicial de actividades en diciembre de 2021, y recordó que la mutualista llegó a tener 100.000 afiliados en la década de 1990, pero en los últimos años había experimentado “una pérdida continua” de su masa de afiliados, al punto de que en su cierre contaba con 42.896 socios, es decir, menos de la mitad. A su vez, 30% de sus usuarios superaban los 65 años.

El subsecretario planteó que el cierre devino de “una importante crisis económico-financiera que puso en riesgo la prestación asistencial”, en una situación que provenía “de larga data”. Sobre las intervenciones, dijo que tuvieron como elementos comunes la pérdida de afiliados, el riesgo o deterioro de la calidad asistencial, dificultades o la imposibilidad de asumir el pasivo y “presuntas irregularidades en la gestión”.

En cuanto a su rentabilidad, sostuvo que en el ejercicio 2019 las pérdidas fueron de 10,9% y que en 2021 llegaron a 11,3%, lo que representó aproximadamente 342 millones de pesos, lo que la ubicaba como la institución de salud con mayor déficit del sector. El patrimonio de Casa de Galicia en 2021 era de 561 millones de pesos negativos, es decir, que en un año “triplicó su valor negativo”. En suma, dijo que “casi la totalidad de los ingresos de la mutualista se encontraban cedidos por varios años”, las líneas de crédito con los proveedores “habían desaparecido” y sólo podía acceder a medicamentos, estudios clínicos e internaciones especializadas con pagos al contado con 24 horas de anticipación.

Sobre los planes de reestructura presentados por las autoridades del prestador este año, pero también en situaciones críticas anteriores, el subsecretario planteó que en su amplia mayoría “no se cumplieron” y no lograron en diez años, el tiempo posterior al primer fideicomiso solicitado, una mejora en la institución, es decir, que “no lograron una mejora” en la situación económico-financiera y no se revirtieron los resultados deficitarios ni la pérdida continua de afiliados. En resumen, Satdjian dijo que “es falso que esta administración haya decidido de antemano cerrar Casa de Galicia”.

“Situación de insolvencia”

Luego, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, tomó la palabra para explicar cómo se dieron las intervenciones de 2021, la intervención administrativa y el proceso concursal. Recordó que Alberto Iglesias, el expresidente de Casa de Galicia, se presentó ante el Poder Judicial solicitando voluntariamente la declaración de concurso de la institución, “alegando insolvencia” y estar “impedido de cumplir con los compromisos patrimoniales asumidos”. Por ello, asumió la competencia de la institución el juez que luego desplazó la intervención administrativa.

Según Rando, Iglesias en aquel momento señaló que la institución mantenía un pasivo “muy superior al activo”. Agregó que el 20 de octubre de ese año el expresidente de la mutualista compareció ante el MSP para responder a una intimación reconociendo la gravedad de la situación financiera del prestador. Según Rando, Iglesias “no propuso una solución, sino que se limitó a requerir una vez más el apoyo económico del Estado”.

Por su parte, Alberto Yagoda, expresidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), hizo un repaso sobre la última solicitud financiera de Casa de Galicia, de 12 millones de dólares, “a menos de dos años de haber accedido a otra solicitud anterior”. Ante el pedido, el área jurídica del MSP evaluó en ese momento que no era “razonable ni acorde al principio de la buena administración del Estado” que se continuaran comprometiendo recursos cuando ya se habían garantizado 390 millones de unidades indexadas sin mejorar, es decir, con una continua situación desfavorable.

Luego, cuando se decidió la intervención administrativa y se procedió a ella, “se comprobó” la existencia de acuerdos “desfavorables”, por ejemplo, los precios a los que la mutualista vendía eran llamativamente bajos y “no cubrían las prestaciones mínimas”; se firmaban acuerdos que desde el principio se sabía que iban a “generar pérdidas” y “era habitual” que no se facturara a la otra parte los ítems variables.

En esta información se explayó la contadora Alicia Rossi, quien comentó que los registros de contabilidad tenían atrasos “muy importantes”, lo que impidió conocer la situación patrimonial exacta de Casa de Galicia. “Existían miles de documentos sin registrar”, afirmó. También se detectaron pagos de alquileres “por cientos de miles de dólares” por inmuebles que no se utilizaron”, e incluso en uno de los casos el contrato fue firmado por un tercero “ajeno” a Casa de Galicia. A su vez, se detectó excesiva cantidad de personal que no se asemejaba al resto de los prestadores. Según Rossi, en 2021 la mutualista contaba con 447 funcionarios cada 10.000 socios, mientras que “el resto de los prestadores de Montevideo” contaban con 269 cada 10.000 en promedio.

La exposición de la contadora contó con sendos ejemplos sobre hechos que coincidieron en la falta de documentación de los procesos económico-financieros; reiteró hechos puntuales, como el traslado de grandes sumas de dinero en cajas de zapatos, y diversas situaciones que demostraban que Casa de Galicia “carecía de recursos para continuar funcionando” y garantizar un buen acceso de atención a la salud de sus usuarios.

Tanto Rando como Satdjian hicieron un repaso de la Ley 20.022 (por la cual se determinaron prestadores de salud a los cuales se destinaron los afiliados de Casa de Galicia) y la calificaron de una “solución de consenso” en la que los legisladores, incluidos los del FA, hicieron propuestas que luego se incluyeron en la ley. A su vez, ya respondiendo preguntas puntuales de la diputada interpelante, se refirieron a que tanto la ley como otras medidas tomadas ante la situación de Casa de Galicia se decidieron en un marco crítico y urgente.