El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, concurrió este martes a la Comisión de Salud Pública del Senado para trasladar a los legisladores la importancia de que avance el proyecto de ley que pretende modificar el artículo único de la Ley 18.787 para que quede asentado que las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de “intemperie completa”, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, puedan ser llevadas a refugios u otros lugares donde sean “adecuadamente asistidas”, aun “sin que presten su consentimiento”.
El proyecto ya cuenta con media sanción aunque en Diputados no fue acompañado por los legisladores del Frente Amplio (FA). En este momento se apresta a ser votado por los senadores en comisión para luego pasar al plenario de la cámara. De todas maneras, el consenso por el momento es que en la comisión la coalición vote a favor y el FA mantenga la postura en contra.
Al salir de la comparecencia, en rueda de prensa, Lema sostuvo que les solicitó a los legisladores que el Senado vote el proyecto que establece que el Estado brinde asistencia obligatoria a personas que se encuentren a la intemperie y que tal vez “producto del consumo de sustancias psicoactivas represente un riesgo para sí mismo o para terceros”. El ministro recordó que la normativa actual se estableció en 2011, estuvo “diez años sin cumplirse” pero obliga al Estado a actuar “sólo cuando [la persona] tiene riesgo de muerte”, por lo tanto, la intención del ministerio es ampliar el marco normativo.
“Entendemos que la persona que está arriba de un cartón pasando frío no está en plena libertad de decidir. Hay personas que en la misma jornada transcurren determinados episodios y se niegan a ir a un centro de salud, creemos que en esos casos hay que intervenir”, dijo. El “riesgo” sería constatado por un médico, luego se trasladaría a la persona a un centro de salud “para compensarla” y allí se evaluará hacia dónde será derivada.
Además, contó que el Mides trabaja en un convenio con la organización Madres del Cerro para que, “con su expertise”, puedan ayudar a que las personas que están en calle acepten ser trasladadas a un centro de salud.
Luego de que el médico certifique y constate “el riesgo” de la persona, ante la negación, podría intervenir el Ministerio del Interior (MI). “Ya lo hacemos cuando existe riesgo de vida”, pero la normativa vigente “no alcanza cuando se trata de salud mental y adicciones”, agregó. También consideró que “se niega” a creer que sea “un derecho” que una persona esté en una situación crítica y “pasando frío” en un contexto que permite brindar asistencia porque “hay cupos y la respuesta que damos es 100%”.
Adelantó que en 2024 se van a crear dos centros nuevos que permitirán generar más de “1.000 intervenciones por mes”. “Se están incrementando” las redes de trabajo con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, con el Ministerio de Salud Pública y con el MI, pero también “se necesita el marco normativo” para hacer uso de las herramientas.
Por su parte, la senadora e integrante de la comisión Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) dijo en rueda de prensa que la coalición apoya el proyecto porque la modificación “es de recibo” ya que si bien la normativa vigente “ya es una herramienta”, aún falta seguir trabajando porque es una problemática amplia “a nivel mundial”. Es una medida que “tenemos que respaldar” porque le amplía potestades al ministerio en personas con “riesgo”.
Sobre la eventual vulneración de derechos con la modificación de la normativa, dijo que a quienes están en situación de calle los derechos se le han vulnerado “por décadas”, pero que no es este el caso, por el contrario, busca el bienestar. “Son personas que no están pudiendo elegir”, por lo tanto le compete al Estado “actuar y salvar esa vida”, sostuvo. A su vez, reconoció que la disponibilidad de cupos “es un desafío” y que deberán calibrarse en cuanto a “la demanda que exista” en cada momento porque “implican costos”. Adelantó que la comisión votará el proyecto la próxima semana.
En tanto, el senador Charles Carrera (FA) dijo a la diaria que la oposición no acompañará el proyecto por los mismos motivos que no lo acompañaron en la Cámara de Diputados, porque “es innecesario” debido a que “ya existen herramientas para el amparo de estas personas” y lo que faltan son “recursos y políticas públicas”. “Sin contemplar las causas del problema no se va a solucionar”, dijo. A su entender “son leyes simbólicas que no resuelven” la situación.