Este miércoles una delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP) encabezada por la ministra, Karina Rando, entregó a la Comisión de Salud del Senado –integrada con la Comisión de Salud y Asistencia Social de Diputados– el primer informe de los interventores sobre el Casmu, que resume la situación de la empresa según lo detectado por los funcionarios en los primeros meses de trabajo.
Si bien las autoridades se retiraron sin dar declaraciones, horas más tarde el ministerio emitió un comunicado en el que resumió todas las dificultades que los interventores encontraron al intervenir la mutualista.
En cuanto a la situación económica, el MSP resaltó, por ejemplo, un endeudamiento elevado con prestamistas no formales y proveedores, uso de financiamiento externo para gastos básicos y falta de reducción de gastos no prioritarios. Además, se resaltan proyectos e inversiones en los que hubo irregularidades, así como “obras costosas e innecesarias” durante la crisis financiera y contratos de largo plazo con cláusulas perjudiciales para la institución.
Respecto de la situación asistencial y de los recursos humanos, el ministerio destacó las dificultades para cubrir guardias, problemas de ausentismo y falta de personal titular. Sobre otros gastos, la cartera resaltó la existencia de gastos elevados en publicidad y merchandising, “sin criterios claros” ni rendiciones de cuentas.
Por su parte, al retirarse de la comisión, legisladores de la oposición dijeron en diálogo con la prensa que el ministerio entregó este martes el informe a Fiscalía para que el organismo analice si hay delito en irregularidades administrativas vinculadas a contrataciones y pagos que no estaban debidamente documentados. Para la oposición, la situación “es más grave” de lo que se imaginaban, aunque están de acuerdo con la denuncia presentada por la autoridad sanitaria.
El informe
El documento que el MSP entregó a los legisladores, al que accedió la diaria, detalla que se detectaron “desvíos a normativas vigentes”, incumplimientos de estatutos y del reglamento de compras, así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos, que implican “perjuicios” para la empresa.
A su vez, se detectaron “importantes irregularidades” en las contrataciones de servicios en diversas áreas, entre ellas, recursos humanos, obras, limpieza y vehículos, y que “un elevado número de los contratos firmados por grandes montos y plazos de varios años no fueron aprobados por el consejo directivo”, ni siquiera informados a este.
Carmen Sanguinetti, Alicia Rossi y Karina Rando, en el Palacio Legislativo.
Foto: Mara Quintero
Estos contratos fueron firmados por los gerentes de las distintas áreas, a quienes el consejo directivo “les atribuyó poderes con amplias potestades para representar a la institución” y potestades no delegables según los estatutos. Además, se creó una gerencia que tampoco está prevista por el estatuto ni aprobada por el consejo.
De acuerdo con lo informado por los interventores, “surge claro” que existieron “documentos privados [cartas poderes], con poderes ‘amplios’ otorgados al gerente de logística, proyectos, inversiones y obras para representar al Casmu, a través de los cuales el gerente firmó contratos y contrajo obligaciones a nombre de la institución”, en muchos casos tratándose de obligaciones “onerosas, a largo plazo y con una empresa de la cual fue socio y vicepresidente”, lo cual implica un incumplimiento estatutario.
Con relación a lo financiero, los interventores también detectaron que existe “una ausencia muy importante” de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses en relación con adquisiciones y pagos que no son excepciones sino la regla.
La empresa comunicó que no conoce el alcance de la denuncia que presentó el ministerio
En una conferencia de prensa, el abogado de la mutualista, Pablo Schiavi, expresó que la empresa tomó conocimiento de la comparecencia del MSP a través de los medios de prensa, y en esos trascendidos basó sus declaraciones.
“Hasta hoy no tuvimos acceso a la devolución de los interventores sobre los descargos que hicimos ante su primer informe, algo que llama la atención porque la intervención, como todo proceso administrativo, es en principio reservada entre las partes”, dijo Schiavi. Para el abogado, el Casmu debería haberse enterado formalmente de los descargos, “tras un trabajo muy grande” que conllevó la respuesta al informe.
Según el abogado, el ministerio este miércoles notificó a la mutualista sobre la continuidad de la intervención sin desplazamiento de autoridades por el plazo de un año, aunque reconoció que esto puede cambiar con la asunción del próximo gobierno. El Casmu espera que el equipo de Yamandú Orsi comunique quiénes serán las nuevas autoridades sanitarias para solicitarles una reunión.
Por último, el representante afirmó que la mutualista está a disposición de la Justicia.