Desde sus inicios, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental ha sido complejo. Por momentos estuvo sin funcionar y la falta de presupuesto fue y es un problema con el que sus integrantes conviven desde siempre. Además, el órgano, que comenzó a funcionar en 2018, estuvo acéfalo desde setiembre de 2021 hasta julio de 2022, cuando finalmente se designaron nuevos integrantes.

Sin embargo, los actuales integrantes de la comisión elaboraron un informe que resume el trabajo que se hizo durante el último año y resalta “puntos críticos” en la implementación de la Ley de Salud Mental 19.529, aprobada en 2017, sobre todo en centros de atención.

En principio, el informe, al que accedió la diaria, puntualiza que las fuentes de información fueron inspecciones, denuncias, informes de prestadores e instituciones y seguimiento de casos. A través de todos estos medios se detectó que el trabajo intersectorial es “uno de los puntos más frágiles” de la implementación de la ley y se “refleja”, en parte, en la lentitud con la que “se han creado dispositivos y espacios de intervención” que permitan el cierre definitivo de los servicios monovalentes, los procesos de rehabilitación y la inclusión social integral de las personas afectadas. De la misma manera, “las insuficiencias en el trabajo intersectorial dificultan la promoción de salud y la detección temprana” de los padecimientos de salud mental más prevalentes.

A su vez, la comisión detectó dificultades en la accesibilidad y la continuidad de la atención. Puntualmente se observó “fragilidad” en los servicios del primer nivel de atención y ambulatorios, algo que también “refuerza las inequidades” entre el sector público y el privado, además de las territoriales. Se identificaron esperas prolongadas, inadecuada coordinación entre los servicios, carencia de profesionales disponibles y problemas en el manejo interno de la información en algunas instituciones, “lo que obliga a las personas a deambular sin encontrar la respuesta oportuna a su demanda”.

Esto se amplía en las “carencias en la disponibilidad de atención integral y equipos multidisciplinarios” en todos los niveles de atención, particularmente en el sector privado, lo que refuerza las inequidades. También se comprobó “la insatisfacción y el desgaste de los profesionales y de los equipos en el sector público”. La comisión hizo hincapié en que hasta ahora no conoció propuestas de mejora que apunten a la atención de este problema, en particular en el sector especializado de salud mental.

Se detectó un “pedido de ayuda frecuente” de las familias de personas que padecen trastornos severos. Esto evidencia “la carencia de un equipo sólidamente constituido” en el que cada integrante, de manera coordinada y desde su especialidad, se ocupe de “dar apoyo y posibles soluciones a familiares y a los pacientes”, porque en la actualidad, debido a la falta de equipos, “queda limitada la participación de la familia y los referentes” tanto en el plan de tratamiento como en el proceso de rehabilitación y el acceso a las prestaciones en salud mental orientadas al acompañamiento.

En tanto, la capacitación de recursos humanos que formen esas áreas es otra de las faltas. La comisión lo resume en que “las brechas en la detección precoz y tratamientos oportunos, la necesidad de optimizar los recursos humanos y de avanzar en el modelo sobre el que se asienta la Ley de Salud Mental” requieren capacitación para la complementación de las diferentes disciplinas, técnicos y personal no técnico del equipo, la colaboración entre los equipos generales y los especializados en salud mental, y la integración al trabajo en territorio de diferentes actores sociales.

La formación no sólo debe profundizarse en quienes trabajan en los centros de salud, sino que “debe transversalizar los diversos niveles de enseñanza”, desde el nivel de grado y posgrado hasta la educación continua o permanente.

Infancia, adolescencia y pacientes judicializados

Dentro de las carencias en la atención hay poblaciones especialmente críticas que requieren “mayor profundización”. Dos de ellas son los menores de edad y los pacientes judicializados.

En el informe, la comisión incluyó una inspección a un centro residencial para adolescentes en el cual se detectaron “dificultades edilicias y de confort”, así como la necesidad de “mayor privacidad para las pertenencias de los y las adolescentes”. Se entiende que este es un capítulo que requiere mayor profundización.

Otro de los puntos del informe refiere a los pacientes judicializados. Explica que el área específica de los pacientes internados por orden judicial abarca diferentes categorías, con la comisión o no de un delito en el contexto de la enfermedad. Pero “se da la situación de que hay personas con trastornos severos que llevan períodos de institucionalización que superan el tiempo correspondiente a la eventual sanción penal”, sin que se contemplen proyectos de externación. La comisión considera que en la ley este problema “no fue lo suficientemente contemplado” y, para avanzar, recomienda que se lleve adelante una investigación del estado actual de los casos.

Algunas cifras

Por último, el organismo repasó las internaciones y sus distintos tipos durante los últimos años. A fines de 2022, la misma gestión elaboró y presentó su primera memoria anual ante el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de las diferentes instituciones y organizaciones representadas en esta comisión.

De esos datos se destaca que, del total de internaciones informadas según normativa vigente, 71 corresponden a mujeres (32%) y 153, a hombres (68%). En las notificaciones de ingresos ocurridos entre el 1 de agosto y 31 de diciembre de 2022 según género y tipo de hospitalización en mujeres, 24 fueron involuntarias, 19, voluntarias y 28, judiciales. En lo que respecta a los hombres, 74 fueron involuntarios, 19, voluntarias y 60, judiciales. “La gran mayoría” refieren a personas adultas y seis casos a menores de 18 años.

Las notificaciones de ingresos ocurridos entre el 1 de agosto y 31 de diciembre de 2022 según rango de edad y tipo de hospitalización muestran que, en menores de 18 años, una internación fue involuntaria, una, voluntaria y cuatro, judiciales. De 18 años en adelante se registraron 37 voluntarias, 97 involuntarias y 84 judiciales.

Los registros son de internaciones de varios departamentos del interior –Maldonado, Rocha y Canelones– y específicamente 220 de Montevideo –del Hospital Vilardebó de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Asociación Española, la Sociedad Universal y la Clínica Pocitos–.