En mayo de este año, se constataron en el centro de salud de Artigas, de la Red de Atención Primaria (RAP), más de 50 muestras de papanicolaou (PAP) que no habían sido enviadas al Instituto Nacional del Cáncer (INCA) para detectar de forma precoz el cáncer de cuello uterino, las cuales fueron realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024.

Según la denuncia que hizo un funcionario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), difundida por el periodista Eduardo Preve en X, en la RAP de Artigas hubo “irregularidades, omisiones y negligencia desde la organización, control y gestión del procesamiento de tomas de muestras de PAP”.

El denunciante expresa que “el equipo de gestión, en pleno conocimiento de la situación, conjuntamente con [la] directora licenciada en Enfermería y la supervisora del centro, ante reunión, establecieron mantener el silencio total de la situación sin aplicación de las medidas administrativas y disciplinarias según el Protocolo de Procedimiento de ASSE”.

A su vez, indica que hay “más de 50 usuarias afectadas sin informes en tiempo oportuno y muchas de ellas después de diez meses no presentan los resultados”. Estas muestras pertenecían a usuarias de “policlínicas periféricas de ASSE, policlínica militar y de la Intendencia de Artigas”.

En la denuncia se explica que los referentes del centro de salud ordenaron a enfermería comunicarse con las usuarias afectadas y “mentir” sobre que las muestras “presentaban errores”, y que por eso debían volver a hacerse el estudio. Sin embargo, “no se logró comunicar al 100% de las mismas”.

El funcionario también expresó que al exponer la situación se le pidió que se retire del centro de salud.

Diputada del FA y exsenador hicieron una solicitud de acceso a la información pública

Ante las presuntas irregularidades, la diputada del Frente Amplio (FA) Lucía Etcheverry y el neurólogo y exsenador del FA Federico Preve (2015-2019) hicieron una solicitud de acceso a la información pública.

En la solicitud, a la que tuvo acceso la diaria, se hacen nueve consultas. En primer lugar, se cuestiona “en qué momento se tomó conocimiento por las autoridades de ASSE de esta situación y por qué autoridad”. El segundo punto refiere a por cuál vía se tomó conocimiento y si se presentaron denuncias internas o intercambios entre profesionales y autoridades.

“¿Qué medidas se adoptaron una vez tomado conocimiento? (incluidas copias de las resoluciones o providencias relacionados con el referido evento)” es la tercera consulta. Continúan preguntando sobre la cantidad de muestras que se encontraron sin ser enviadas al INCA; el “período de obtención de las muestras en las condiciones reseñadas en la pregunta anterior”; “controles que se han realizado a la totalidad de las muestras obtenidas en fecha posterior al período no enviado a estudio, para asegurar el cumplimiento del protocolo de actuación una vez obtenida la muestra”.

Por último, las consultas que se hacen son: “¿Qué medidas sanitarias se han adoptado en esos casos?” y “en caso de que no se haya contactado a la totalidad de las usuarias, ¿qué medidas se piensan implementar al respecto?”.

Según informó ASSE a la diaria, la gerencia general del organismo ya dispuso una investigación administrativa “para saber qué pasó, cuántas muestras fueron afectadas, qué acciones se llevaron adelante”. En este caso, la investigación inició cuando llegó la denuncia a ASSE.