En una nota enviada a la exministra de Salud Pública, Karina Rando, a la que accedió la diaria, la fiscal Mónica Ferrero expresó que no se detectaron “presuntas conductas delictivas” que fundamenten una denuncia penal para su eventual investigación, en el primer informe de los interventores sobre la mutualista, informó El País y confirmó este medio.
El documento, analizado por el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA), fue entregado por el Ministerio de Salud Pública a la Fiscalía en diciembre de 2024 y al Parlamento, a raíz de que los interventores detectaron “desvíos a normativas vigentes”, incumplimientos de estatutos y del reglamento de compras, así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos, que implican “perjuicios” para la empresa.
A su vez, se detectaron “importantes irregularidades” en las contrataciones de servicios en diversas áreas, entre ellas, recursos humanos, obras, limpieza y vehículos, y que “un elevado número de los contratos firmados por grandes montos y plazos de varios años no fueron aprobados por el consejo directivo”, ni siquiera informados a este.
Cuando el MSP difundió el informe, la empresa negó las consideraciones y afirmó que el informe contiene observaciones que “son comunes” en el marco de la intervención en curso.
Los interventores que redactaron el documento sobre la empresa ya no se encuentran en funciones. Hace algunas semanas, el nuevo gobierno designó a Alarico Rodríguez (médico), Diego Pescadere (abogado) y Gustavo Fernández Gonella (contador).