Está previsto que esta semana asuman las nuevas autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el tema central de la transición fue la deuda de la institución con los proveedores de servicios, es decir, cuánto del presupuesto para 2025 está comprometido y si será necesario un refuerzo presupuestal.

Durante las últimas semanas se manejaron distintas cifras, aunque no está claro cuál es la “correcta”. En principio, en la primera reunión entre las autoridades entrantes y salientes, quienes asumen en los próximos días pidieron respuesta a una lista de preguntas que incluía conocer la deuda. Sin embargo, Álvaro Danza, el presidente de ASSE designado, manifestó que en principio la información que recibió no estaba completa y que fue enviada en formato papel, por lo tanto en una segunda instancia el pedido fue por algo “más completo” y digitalizado.

Las dos versiones

Finalmente, Danza expresó en medios de prensa que la deuda con proveedores que asumirá es de 6.500 millones de pesos. Fuentes del gobierno dijeron a la diaria que esta cifra surge de un documento que entregaron desde ASSE y que si bien la diferencia parece “muy poca” con el monto que quedó del período que finalizó en 2019, “es obvio que cuando se pusieron a mirar inflaron la deuda”.

Desde ASSE, esta semana, en los últimos días de administración, emitieron un comunicado en el que aseguran que la deuda actual es “similar a la heredada en 2020”. Mientras que el primer año era de aproximadamente 5.800 millones de pesos, ahora ronda los 6.500 millones de pesos. “La deuda difiere en un 10% y se justifica porque el gobierno del período 2020-2025 invirtió más, incrementó servicios, equipos y recursos”, agrega el comunicado.

Representantes sociales desconocen la cifra

Pablo Cabrera, el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, y Natalia Pereyra, la representante de los usuarios, se interesaron por la deuda del prestador hace varios meses, con los primeros trascendidos que alertaban sobre una “situación compleja”. Sin embargo, a la fecha tampoco cuentan con la información.

En diálogo con la diaria, Cabrera recordó que el pedido de información “fue sistemático” e incluyó la solicitud de una reunión de directorio extraordinario (en diciembre de 2024) ante la preocupación por la situación. “Buscamos tener información con la cual muchas veces no contábamos”, agregó.

Por su parte, Pereyra agregó que desde febrero de 2024 pidió informes a raíz de distintas situaciones que se fueron dando en las unidades ejecutoras, desde las cuales expresaban que había dificultades para acceder a estudios y medicamentos. “El primer pedido se refirió a informes económicos financieros y a si la falta de medicamentos se vinculaba a eso”, explicó. En agosto y octubre reiteró el pedido al directorio, pero como no recibió toda la información, realizó un pedido de acceso a la información pública para tener “los números reales”.

Pidió los números que se podían proyectar para 2024 y todo lo que podía ingresar para el período 2025. El 28 de diciembre recibió los resultados de 2024, “lo que no tenía sentido porque a la fecha lo que importaba eran los créditos que quedaban comprometidos para 2025”, pero sobre este año no recibió la información.

Informe de Auditoría Interna de la Nación detectó diversas irregularidades

En medio del debate sobre la deuda del prestador, la Auditoría Interna de la Nación publicó un informe de relevamiento en ASSE sobre el proceso de asignación presupuestal a las distintas unidades ejecutoras y los controles implementados en el proceso de planificación de compras.

En el documento, al que accedió la diaria, desde ASSE comunicaron que lo expresado refiere a “hallazgos del período 2015-2019”; sin embargo, el documento especifica que “el alcance del trabajo comprendió el período enero a setiembre de 2024, sin perjuicio de que para algunas pruebas se consideró un período más extenso”.

En el relevamiento se identificaron deudas sin crédito, “situación que se ha reiterado a lo largo de los años”, “apartamientos normativos” en los procesos de compra y ausencias de mecanismos que identifiquen las necesidades de las diferentes unidades, falta de actividades de control para detectar desviaciones, inexistencia de seguimiento y monitoreo de situaciones detectadas, falta de comunicación y de coordinación.

Sobre la Unidad de Auditoría Interna de ASSE, el informe agrega que el organismo no presentó planes de acción para todas las observaciones contenidas en los informes, a efectos de mitigar los riesgos expuestos, y para los que sí se presentaron no se realizaron auditorías de seguimiento para todos los casos.

Si bien el informe incluye datos financieros vinculados, por ejemplo, al funcionamiento, donde se detalla que el ejercicio 2024 comenzó con un refuerzo de casi 16.000 millones de pesos y que recibió cinco refuerzos presupuestales, no se incluyen los montos comprometidos sin crédito vigente, es decir, las deudas sin crédito, porque a la fecha del informe “no se tiene certeza de dicho monto porque se están procesando las planillas mensuales que remiten las unidades ejecutoras a la división de contabilidad”.

Según la auditoría, a setiembre de 2024, el monto por “deudas sin crédito” era de 2.436 millones de pesos. En tanto, los gastos de funcionamiento que no son “prioridad” y pasan de un mes al siguiente se pagan según el tiempo. A enero de este año, según estimaciones de tesorería, la media de antigüedad de las deudas era de seis meses, en tanto, los pagos pendientes ascendían a 5.403 millones de pesos.