Este miércoles sesionó la Comisión Asesora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública (MSP) por primera vez luego de siete años. La comisión está conformada por la academia, la sociedad civil organizada e integrantes del Estado que trabajan en el tema.
La agenda del MSP en materia de derechos sexuales y reproductivos tendrá cuatro ejes centrales y nueve puntos prioritarios, según el documento publicado en el sitio web de la cartera. Los ejes son: ciclo de vida, salud reproductiva, sexualidad y seguridad, y algunas de las propuestas que abarcan los nueve puntos tienen que ver con la justicia reproductiva, ya que “la pobreza impacta en la salud materno-infantil, con más mortalidad materna y sífilis congénita en el sector público”, y “se proponen mejoras en controles prenatales, apoyo económico y crianza respetuosa para reducir esta desigualdad”.
Para la atención de la salud a lo largo de la vida de la mujer “se propone garantizar el acceso a la salud integral de las mujeres en todas las etapas de su vida”, lo que incluye “la prevención y el tratamiento de trastornos del piso pélvico, la reglamentación de la ley de endometriosis, el acceso a higiene menstrual y la atención en derechos sexuales y reproductivos para personas privadas de libertad, situación de discapacidad o situación de calle”.
En cuanto a las políticas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, el documento destaca que la ley de aborto “redujo la mortalidad materna y el aborto inseguro”, pero que “aún enfrenta desafíos en el acceso y la normativa”. Por eso, plantean “garantizar el acceso a migrantes, reformular plazos según avances en el diagnóstico prenatal, repensar el tiempo de reflexión obligatorio y fortalecer la respuesta ante embarazos forzados en niñas”.
Por otro lado, sobre la fertilización asistida, el MSP estudiará “fortalecer el Método ROPA, actualmente habilitado pero no financiado” por el Fondo Nacional de Recursos”, y también “se analizará la posibilidad de reducir el copago en el primer intento”.
Para abordar la violencia basada en género la cartera propone “estrategias como educación sexual integral, el abordaje de masculinidades y la prevención de la explotación sexual para erradicar la violencia y promover la equidad”. En ese sentido, en el abordaje integral de personas LGTBQ+ el objetivo es “garantizar el acceso a prestaciones contempladas en la ley trans” para eliminar “barreras económicas y de acceso en los prestadores”, que incluya la implementación de cirugías de reasignación de sexo bajo un protocolo especializado.
En el eje de seguridad, buscarán “abatir la epidemia de cesáreas innecesarias”, trabajar en la prevención integral y el abordaje del cáncer de cuello uterino y mamas, y en el abordaje de enfermedades de transmisión sexual.
Briozzo señaló que se practican más cesáreas en el sector privado de salud que en el público
En una rueda de prensa previa a la comisión, Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública, se volvió a referir a la posibilidad de modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y reafirmó que “no está en la agenda ni de la fuerza política ni del gobierno” un cambio de la legislación. No obstante, señaló que hay cosas “que se pueden revisar” en lo referido a la reglamentación y la normativa vigente.
“Esta ley tiene 13 años de implementación y ha cambiado grandemente muchos de los aspectos”, destacó y apuntó que el “screening” que se hace de forma universal “a las 12 semanas a veces arroja que hay malformaciones”, por lo que “parece ilógico” que esto “no se contemple dentro del marco de la ley de IVE”.
Por otro lado, consultado sobre la cantidad aproximada de cesáreas realizadas en Uruguay y qué acciones se piensan desde el MSP para reducir su número, Briozzo aseguró que en Uruguay “globalmente casi la mitad de los nacimientos son por cesárea” y existe “una gran discriminación y diferenciación entre el sector público y el privado”. El jerarca indicó que “hay más cesáreas en el sector privado que en el público, sin que eso sea una mejora en la calidad de atención, sino por el contrario”. Además, dijo que el procedimiento es más frecuente en Montevideo que en el interior.
Apuntó que desde la cartera “hay una gran cantidad de cosas” para hacer para “mejorar” la situación, y que, fundamentalmente, están vinculadas con la información a la población de que “el parto siempre es mejor que la cesárea”. “La cesárea es una opción terapéutica formidable siempre que esté indicada”, planteó, pero matizó que “la cesárea innecesaria es una deshumanización de los cuidados”.
“Creemos que hay que promover mucho la profesión autónoma de la obstetra partera, que es la que está capacitada para llevar adelante el parto junto con el ginecólogo y el equipo multidisciplinario”, explicó.
Destacó que “el tema principal” es la formación de los recursos y la capacitación “en cuanto a respetar los tiempos fisiológicos del trabajo de parto”, así como “tener claro que siempre que no se haga esto, lo que se está ejerciendo es una violencia sobre la mujer, que en este caso se denomina genéricamente violencia obstétrica”.