Vigilando a la Industria Alimentaria (VIA) es una plataforma abierta y colaborativa recientemente inaugurada con el fin de exponer, monitorear, vigilar y denunciar las malas prácticas y estrategias de interferencia de la industria alimentaria en América Latina y el Caribe. Se trata de una colaboración conjunta con la participación de la asociación civil El Poder del Consumidor y la Comunidad Latinoamericana y el Caribe de Nutrición y Salud.
La idea es que el espacio ayude a visibilizar y denunciar la interferencia de la industria alimentaria en políticas públicas, normativas, campañas de comunicación, investigación científica y otros espacios que afectan el derecho a la alimentación saludable.
En la presentación de la herramienta, Christian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria en El Poder del Consumidor (México), destacó que se trata de “una respuesta al creciente poder e influencia de la industria alimentaria en la formulación de políticas públicas, en el financiamiento de ciencia, en la violación de derechos humanos y en la manipulación del discurso científico y mediático”. Además de documentar y recibir denuncias, VIA ofrece la estructura de cómo operan estas estrategias en la región, agregó.
Por su parte, Ana Larrañaga, investigadora en salud alimentaria de la organización civil, compartió los primeros 100 resultados reunidos por la plataforma. Entre las estrategias más comunes se encontró la utilización de las leyes para obstruir políticas por medio de “cabildeo”, es decir, intentos de la industria de influir en legisladores o funcionarios públicos, “puertas giratorias”, personas que ocupaban cargos públicos y luego pasaron a trabajar en empresas privadas vinculadas con su anterior función, e influencias directas en el Estado, es decir, grupos de interés que lograron que las instituciones públicas actuaran para su beneficio.
Las políticas alimentarias donde hubo influencia son el etiquetado frontal de alimentos, los impuestos saludables, la regulación de la publicidad y de los entornos escolares. Por último, se detectaron 166 entidades comerciales en América Latina y el Caribe que han desplegado estrategias de influencia.
El lobby de la industria en Uruguay
En diálogo con la diaria Diego Rodríguez, presidente de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social de Uruguay e integrante de la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles (Alianza ENT Uruguay), valoró que la plataforma “es un medio que permitirá visualizar situaciones en las que la industria presione a los gobiernos o realice acciones contra la sociedad civil”. A veces, “pensamos que las formas de actuar pasa en un país puntual y la idea es visualizar cómo manejan una estrategia coordinada en todas las políticas de la región. También hay denuncias que muchas veces las organizaciones locales no se animan a hacer, la plataforma las recibe, chequea que la información sea cierta y contempla la alerta”, explicó.
Desde 2006, por decreto, en Uruguay los productos a la venta deben cumplir con el Reglamento Bromatológico Nacional e incluir en su envase un rotulado nutricional obligatorio. Años después se aprobaron otras normativas, por ejemplo, la Ley de Protección de la Salud de la Población Infantil y Adolescente (2013), pero la mayor recomendación de la Organización Panamericana de la Salud es el etiquetado frontal de alimentos.
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Finalmente, en 2018 se elaboró el primer decreto que, tras un largo intercambio de dos años, en el que participó la industria, entraba en vigencia el 1º de marzo de 2020, el mismo día que asumió el gobierno pasado. Las nuevas autoridades suspendieron la vigencia de la obligatoriedad y encomendaron a los equipos vinculados el cambio de la fórmula de cálculo y la modificación del perfil de nutrientes, lo que se estableció en un nuevo documento, el Decreto 246/020. Meses más tarde se hicieron más modificaciones que se sumaron a las anteriores en cuanto a los valores nutricionales que se consideran excesos, que derivaron en la tercera y última normativa, el Decreto 034/021.
En cuanto a esto, Rodríguez dijo que el etiquetado es uno de los temas más preocupantes en Uruguay por la influencia de la industria en la política. Si bien “ya hubo menciones preocupantes”, como la del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien hace unas semanas, en la inauguración de la planta de concentrados de bebidas de Pepsi Cola Manufacturing Company of Uruguay (Pepsico), expresó que el proyecto es muy bueno, “esperamos que no marque lo que serán las políticas alimentarias de los próximos años, porque ya hubo retrocesos en el gobierno anterior y en este esperamos que se avance”, expresó.
Según Rodríguez, hay nuevas presiones de la industria en el Mercosur para seguir debilitando el etiquetado, estimuladas por Argentina y Brasil. Nuestro país es el único que “dijo que va a priorizar la salud de las personas sobre los intereses comerciales; esperamos que Uruguay no acceda y que mejore el perfil de nutrientes de los alimentos que definen los octógonos de cada producto”, manifestó. Además, es importante que se mejore la regularización de publicidad y marketing dirigida a niños y adolescentes, que incitan al consumo de alimentos ultraprocesados.
Por otra parte, sostuvo que, aunque las enfermedades transmisibles y sus factores de riesgo constituyen la principal causa de muerte en el país, el presupuesto no prevé recursos para alcanzar los objetivos sanitarios nacionales, como, por ejemplo, reducir en un 40% el consumo de sodio para 2030.