Hace unos días la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtió “cambios sustantivos” en la Ley de Salud Mental, sobre los que las organizaciones de la sociedad civil vinculadas no demoraron en pronunciarse.

El cambio se dio en el artículo 38 del documento aprobado en 2017. En su redacción original, la norma establecía que “queda prohibida la creación de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, públicos y privados, desde la entrada en vigencia de la presente ley”, además de que “los ya existentes deberán adaptar su funcionamiento a las prescripciones de esta ley, hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos, de acuerdo a los que establezca la reglamentación”.

También disponía que “queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes. Se establecerán acciones para el cierre definitivo de los mismos y la transformación de las estructuras monovalentes. El desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de esta ley”.

A su vez, indicaba que “el Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación de la presente ley el cronograma de cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes. El cumplimiento definitivo del cronograma no podrá exceder temporalmente el año 2025”.

Sin embargo, el artículo fue modificado en el marco de la ley de presupuesto mediante el artículo 381. Allí se establece que el artículo 38 de la Ley de Salud Mental se sustituye por uno que elimina el párrafo que prohibía la internación de personas en establecimientos asilares, agrega que “el cumplimiento definitivo del cronograma [de cierre] no podrá exceder temporalmente el año 2029”, y señala que “el desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de esta disposición”, es decir, se elimina la referencia anterior a la Ley de Salud Mental.

Los cambios sin consulta previa

En diálogo con la diaria, integrantes de diferentes organizaciones que integran la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental expresaron su disconformidad con los cambios, principalmente porque no fueron consultados. También manifestaron incertidumbre sobre si, pese a que se estableció un plazo de tres años para el cierre de los centros, este efectivamente se cumplirá o si la situación no cambiará de forma sustantiva durante un nuevo período.

La psicóloga y activista Cecilia Baroni indicó que durante 2025 trabajaron desde la comisión para lograr un cambio de fecha, ya que, debido a la pandemia y otras dificultades, la implementación de la ley avanzaba lentamente. “Empezamos a presionar para que no pase desapercibido que 2025 llegó, pero el cierre de estos centros no se produjo; por lo tanto, que el nuevo gobierno se comprometa con una fecha y un cronograma, más toda la implementación de la ley que falta. Evidentemente tomaron en cuenta la fecha porque pautaron 2029, pero lo que nos tomó por sorpresa fue que sacaran del artículo 38 la prohibición de ingresos, algo que se logró durante la pandemia, desde cuando no están ingresando más personas a las colonias [ex Etchepare y Santín Carlos Rossi] y que se vaya desinstitucionalizando a la gente que está allí”, relató.

“Haber eliminado ese párrafo implica que podría haber derivaciones a Ceremos [Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial]. La semana pasada nos enteramos de una propuesta de la Intendencia de Canelones de que las personas en situación de calle fueran a Ceremos; esa fue la primera alerta. Luego empezaron a derivar a algunas personas desde el Hospital Vilardebó a Ceremos, lo que también genera preocupación”, agregó.

“Nadie conocía el nuevo texto y lo que nos alerta es que los llamados pacientes sociales, es decir, quienes están en situación de calle y tienen alguna problemática, se trasladen allí; entonces volvemos a una política que dice que, si alguien está en calle y requiere atención, vamos a aislarla. Eso es lo que más nos preocupa”, reiteró Baroni.

Con respecto a las alternativas propuestas por el gobierno, que por ahora no están muy detalladas, mencionó las casas de medio camino, una opción que ya existe en Uruguay y sobre la que Yamandú Orsi se refirió en su discurso ante la Asamblea General y anunció la apertura de dos lugares con esta modalidad. Según Baroni, las casas de medio camino no deberían exceder las diez personas cada una, es decir, ofrecerían solución habitacional para 20 de los cientos de personas que se encuentran dentro del sistema.

“Por estas y otras razones queremos saber con quiénes conversaron estos cambios, porque en lo que va del período no se convocó a la Comisión Intersectorial en Salud Mental, tampoco a la comisión asesora, no está funcionando la comisión de contralor de la ley, que tiene nuevas autoridades, pero no han sido designadas, aunque los anteriores miembros siguen actuando ante los casos que les llegan por una cuestión moral y de compromiso. Nos sorprendió la falta de transparencia”, sostuvo.

Por su parte, Nelly Guarneri, integrante de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Visca, coincidió, en diálogo con la diaria, en que 2025 “fue un año muy intenso con muy pocos resultados para la salud mental pensándola como un todo y en cuánto se habla sobre atender la temática”. “Nos tomó por sorpresa el cambio; nos comunicamos con otros grupos y coincidimos en la sorpresa de que no hayan conversado con nosotros. Ningún integrante de la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental estaba al tanto”, agregó.

“El artículo [38] es corto, pero cambia todo. Esto también es una señal de que continúan cosas que nos vienen pasando desde hace mucho tiempo: no hay respuestas y nos cuesta mucho a quienes trabajamos voluntariamente todo el año en esto acceder a ellas. Es difícil, y esto es más de lo mismo”, lamentó. “Hay que dar señales que no se están dando, por lo que estamos muy preocupados; la salud mental necesita cambios”.

Con las posibilidades disponibles, indicó que la prioridad es no abandonar los centros. Guarneri señaló que existe la intención expresada incluso por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de que la situación del Martínez Visca mejore, a raíz de una denuncia por desmantelamiento realizada en 2023, pero hasta ahora “no hay cambios”.

Por último, Zulis Goyen, presidenta de la organización Caminantes, afirmó: “Nos sentimos excluidos del cambio en una ley que fue muy trabajada, se le dio una forma que contemplaba todas las circunstancias, y fue un atropello bajar línea a través del presupuesto sin avisarle a la sociedad civil de las modificaciones”.

“Con todo el trabajo que se hizo con Acción País, había señales de que se estaba trabajando en forma pausada, pero avanzando con consenso; con esto se nos vino abajo el espíritu de que estábamos siendo contemplados”. Para conocer más sobre el plan de trabajo de cara a 2029, desde Caminantes pidieron una reunión a la directora general de Salud, Fernanda Nozar, que se concretará esta semana.

Además, Caminantes difundió un comunicado, al que accedió la diaria, en el que señala: “Nos sorprende y preocupa el hecho de que se haya establecido ‘cierre definitivo y transformación’ de las estructuras monovalentes, cuando la ley preveía el ‘cierre definitivo’ y la expresa ‘prohibición de internación de personas en los establecimientos asilares’. Sabemos que ASSE comenzó con traslados de usuarios denominados pacientes sociales a Ceremos, liberando así camas en hospitales, sobre todo en el interior”.

En tanto, consideran que la modificación del texto resulta “no respetuosa del largo proceso de discusión técnica y comunitaria que llevó a la aprobación de la ley en 2017”.