Agua

La resolución ministerial establece 20 compromisos que las compañías deberán respetar; mientras que Bouvier afirma que el proceso fue participativo, las organizaciones denuncian lo contrario y alertan que “la población pagará más caro por agua de peor calidad”

El titular de Saceem, Alejandro Ruibal, señaló que la iniciativa ya está adjudicada y sostuvo que la obra es “absolutamente necesaria”

En febrero, el ministerio y OSE esgrimieron que tres investigadores ─que han dedicado parte de sus carreras a estudiar cómo funciona el Río de la Planta─ “carecen de la condición de imparcialidad”; la situación generó rechazo en la comunidad científica, que definió ese accionar como “censura”.

El evento del ministerio conmemoraba los 30 años de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental; “lo que se estaba festejando era justamente lo que falta para el proyecto Neptuno, un buen estudio de impacto ambiental”, manifestó una integrante del colectivo Tucu-Tucu.

Ahora el Tribunal en lo Civil de cuarto turno tiene luz verde para expedirse sobre la suspensión de la firma del contrato para el proyecto Neptuno.

Organizaciones cuestionaron que se convocara a la instancia pese a que no se cuenta con toda la información de la iniciativa, y el Ministerio de Ambiente afirmó que, al analizar el proyecto, su trabajo no es evaluar cuál es la mejor alternativa de abastecimiento para el área metropolitana

Los investigadores afirman que, con los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente, es “imposible discutir con un mínimo de rigor académico los impactos ambientales” de la iniciativa; asimismo, expresan que “el análisis de calidad del agua que se pretende potabilizar es insuficiente”

Por otro lado, un reporte del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, que tiene convenio con OSE para monitorear el sitio, señala “gran variabilidad ambiental” y que, desde junio de 2021 hasta la fecha, la salinidad estuvo por encima del umbral en 141,1 días

Empresas presentaron documento final donde describen 64 “impactos potenciales negativos que requieren evaluación específica”; organizaciones socioambientales incentivan la participación durante el período de puesta de manifiesto que comienza este viernes.

Los accionantes plantean que el proyecto es inconstitucional porque prevé la participación de privados en el suministro de agua potable y piden que se condene al Estado a abstenerse de firmar el contrato.