Agua

La nueva normativa permite que cuerpos de agua tengan “protección especial”, incorpora el agua subterránea, obliga a las actividades económicas a que elaboren su huella hídrica, crea “perímetros de protección” alrededor de perforaciones destinadas al abastecimiento de poblaciones y establece multas.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida busca saber las “medidas concretas” que llevará adelante el Ministerio de Ambiente para proteger la cuenca –por ejemplo, en materia de controles de actividades contaminantes–, “más allá de la construcción de infraestructuras”

Redes-Amigos de la Tierra señala que la represa tendrá impactos que deben ser “estudiados para su prevención y reparación”, destaca la importancia de la obra para garantizar el derecho al agua potable y pide crear un espacio para acordar el diseño, planificación y gestión del área protegida.

La propuesta responde a debilidades como la ausencia de “normativas para abordar la contaminación difusa, especialmente la de origen agropecuario” y la “escasa consideración de las aguas subterráneas”; organizaciones consideran necesaria la actualización, pero cuestionan que no se las convocó.

El alcalde pidió al Ministerio de Ambiente y OSE que informen a la población “preocupada”, Sebastián da Silva plantea que la situación se “resuelve con abogados”, y diputados del Frente Amplio transmiten “tranquilidad” de que se realizarán nuevos estudios para evaluar impactos.

Investigadores que calcularon la huella hídrica de los principales productos agropecuarios y el volumen de agua potabilizada señalan que hay una “dramática brecha entre los usos productivos y uno de los principales usos sociales”, y que el agua funciona como “subsidio” para el agronegocio

El proyecto llegó a la Junta Departamental el año pasado, pero no se aprobó; este jueves 24 habrá una instancia abierta al público en la Liga de Fomento de Punta del Este.

Ministerio de Ambiente encontró que vertidos de aguas negras del exhotel La Floresta presentaron niveles de coliformes “por encima de los valores admitidos”, equiparables a los de un “efluente cloacal bruto”; vecinos sostienen que el valor patrimonial del edificio no justifica la contaminación ambiental

El Ejecutivo mantiene la intención de construir una represa en Casupá, tal como fue anunciado en campaña electoral, pero se entiende que esta solución debería ir acompañada por otras obras

La CNDAV reafirmó la inconstitucionalidad del proyecto; el plazo de renegociación acordado entre el gobierno y el consorcio impulsor finaliza este viernes