Agua

El estudio de impacto ambiental que OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo presentaron ante el Ministerio de Ambiente afirma que en el Río de la Plata “no se han registrado eventos graves de intoxicación por cianotoxinas”, omitiendo el caso de una bebé que debió ser trasplantada al ser expuesta a ellas.

A partir de un acuerdo con la comuna canaria, caracterizarán los principales acuíferos y evaluarán su grado de explotación; académica alerta que aún “no existe una planificación ni una gestión adecuada de los principales acuíferos del sur”.

La situación “tenderá a sostenerse e incrementarse” en los próximos días por las altas temperaturas previstas

Boletín Hidrológico que realiza la Dirección Nacional de Aguas indica que la situación podría extenderse hasta febrero

En conferencia que abordó los desafíos en materia ambiental de la producción del combustible, Rosario Lucas sostuvo que si bien el consumo de agua que requiere no es importante “a nivel nacional”, sí puede serlo en casos particulares

El abogado que representa a las organizaciones civiles manifestó que no le parece “sensata” la decisión de OSE, ya que existe “un planteo judicial pendiente de resolución” y “genera responsabilidad del Estado en el caso de que la justicia suspenda el procedimiento”

Edgardo Ortuño opinó que luego de terminada la obra de trasvase del río San José al Santa Lucía, “hay una mejora sustancial” que no justifica “un servicio con niveles de cloruro y sodio muy por encima de los permitidos por la norma de agua potable”

Es el paso previo a un juicio que iniciarán contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y OSE; piden “no innovar” hasta que se cumpla con la Constitución, se dé participación real a la población y haya garantías desde la comunidad científica.

Realizan análisis semanalmente y desde el 3 de julio los trihalometanos sobrepasan lo establecido en la normativa; incluso detectaron que la cifra llegó a triplicar lo determinado como máximo para que el agua sea considerada potable

También plantea que no se puede asegurar que los permisos de pesca comercial industrial cumplen con normativa ni que se esté garantizando la “protección de los recursos hidrobiológicos”; desde el sindicato del MGAP denuncian “desmantelamiento” presupuestal y de recursos humanos