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La Asociación Rural del Uruguay (ARU) emitió un comunicado en el que manifiesta que debe postergarse el proyecto de Aratirí hasta tener garantías. Según indican, ante “la inminencia de decisiones definitivas” y dado “que en el país no existe la experiencia, ni la capacitación, ni los recursos en los organismos competentes” la implementación del proyecto debería “postergarse hasta que se tengan todas las garantías de que no va a afectar el desarrollo futuro del país en forma negativa”. Los ruralistas sostienen que están preocupados por el efecto que “este emprendimiento” puede tener sobre la contaminación del aire y de las aguas subterráneas y a través de éstos en las pasturas, los cultivos, los animales y las personas.

De acuerdo a un contador visible en la página web de la Dirección General Impositiva (DGI), ayer se superaban los 85 millones de documentos electrónicos recibidos por el organismo. Según dijo ayer el director de este organismo, Pablo Ferreri, esta cifra implica unos 2.500 millones de dólares facturados de manera electrónica. Este jerarca pretende que en los primeros meses de 2014, cuando se termine de incluir a los “grandes contribuyentes” en el sistema, la facturación electrónica alcance a 50% de las transacciones locales.

Uruguay respondió ayer, mediante una carta dirigida al canciller Héctor Timerman, la intimación del gobierno argentino de dejar sin efecto la autorización de aumento de producción a la pastera UPM. Argentina alertó que, en caso contrario, recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese documento, el gobierno nacional propuso ampliar el Digesto de la CARU en el capítulo vinculado a las condiciones de los efluentes e incorporar allí el concepto de "mejoras técnicas disponibles".

Un día después de los cuestionamientos públicos que realizó el Frente Liber Seregni (FLS) al proceso de asignación de canales digitales del sector comercial, varios sectores del Frente Amplio (FA) le salieron al cruce al sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori. El FLS se había mostró partidario de suspender el llamado para garantizar criterios de “equidad y transparencia”, ante las “dificultades” que surgieron en el proceso. Su postura le valió varias críticas de otros sectores de la fuerza política.

La Unión Nacional de Asociaciones de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) denunciaron ante la Dirección Nacional de Trabajo la situación de un trabajador arrocero que luego de participar en una entrega de volantes en la puerta de la Exposición Rural del Prado en setiembre, comenzó a ser “acosado sistemáticamente”, según explicó el delegado del SUTAA Marcelo Amaya.

La Mesa del Frente Liber Seregni (FLS), espacio que lidera el vicepresidente Danilo Astori, emitió ayer una declaración en la que considera que “no están dadas las condiciones” para asignar las cinco licencias de televisión digital comercial del área metropolitana y propone postergar la decisión. El Ministerio de Industria, Energía y Minería mantiene la intención de tomar una resolución antes del fin de semana.

La construcción del parque eólico preocupa a los vecinos de la zona. Temen que las actividades de la obra, las estructuras de los molinos sobre las sierras y el ruido de los generadores provoquen daños visibles en el ambiente y el paisaje, y otros no tan visibles, aunque no menos importantes, en los tesoros arqueológicos ocultos bajo el suelo.

En lo que va del año, la producción de la industria creció respecto de igual período del año anterior, tanto si se la considera en su conjunto (4,2%) como si se lo hace sin incluir la planta refinadora de ANCAP (2%). Pero ese crecimiento se produce con una retracción de los índices que miden la utilización de mano de obra. Las variaciones con y sin refinería para el Índice de Horas Trabajadas (IHT) fueron -1,6% y -1,7%, respectivamente.

Polémica caldeada en audiencia pública sobre la instalación de la regasificadora de Ancap y UTE en la zona de Puntas de Sayago.