Personas trans

la diaria visitó el módulo 9 de la cárcel de Santiago Vázquez, donde las mujeres trans privadas de libertad conmemoraron la diversidad y marcharon por sus derechos

Con el convencimiento de que las coyunturas políticas nunca son favorables, en Argentina un grupo de personas travestis y trans redactó un proyecto legislativo que le exige al Estado una reparación económica y simbólica por la persecución, la violencia institucional y las privaciones de libertad causadas al colectivo en tiempos de dictaduras y democracia.

La activista integra el Colectivo Diverso Las Piedras, que en el marco del mes de la memoria organiza este viernes la actividad “Vivir presa en épocas de dictadura: 20 historias trans”.

Las agrupaciones marcharon desde la plaza Libertad hasta la Intendencia de Montevideo; “cada vez que matan a una de nosotras, tomamos las calles todas/es”, afirmaron

Organizaciones de distintos puntos del país lanzaron una convocatoria conjunta para movilizarse este miércoles, a partir de las 18.30, en el Centro de Montevideo.

El fallo, que fue repudiado por colectivos LGBTI+, es en respuesta a una demanda que presentó la organización For Women Scotland contra el gobierno escocés en 2018 y tiene en el centro de la discusión la interpretación que se le da a la Ley de Igualdad británica

Incumpliendo leyes nacionales, el gobierno libertario dejó en manos de las provincias el financiamiento destinado a garantizar el acceso a derechos vinculados con la identidad de género, la salud sexual y la asistencia integral a personas que viven con VIH, entre otras; una encuesta recién publicada reveló los matices que la sociedad argentina tiene con relación a estos temas.

A Sara Millerey González Borja le quebraron los brazos y las piernas, la arrojaron al río y, mientras pedía ayuda, las personas se quedaron mirando y filmando; organizaciones LGBTIQ+ venían alertando del incremento de violencias y transodio en el país. El rol de los medios y el mensaje en las redes sociales

El mandatario argentino también aprobó un decreto que impide que las personas privadas de libertad que hicieron un cambio de sexo registral se alojen en pabellones de mujeres en caso de que estén detenidas por cometer delitos sexuales o ejercer violencia de género.

La profesora y activista aseguró que durante su gestión Uruguay “avanzará hacia un país que promueva y respete los derechos humanos de todas las personas”