Red Unión de la Costa

Francisco Legnani, intendente de Canelones, planteó la idea durante su asunción; sin embargo, más de 100 organizaciones manifestaron su rechazo y esperan que un informe elaborado por académicos defensores de la costa sea tenido en cuenta durante la discusión.

Hace un mes, la Red Unión de la Costa cuestionó esta designación, por entender que puede haber un “conflicto de intereses”, debido a que Caputi está vinculado a una consultora ambiental que elabora informes para conseguir autorizaciones a proyectos

Red Unión de la Costa afirma que quien suplantará a Leonardo Herou en la subsecretaría del Ministerio de Ambiente integra una de las consultoras “que tiene más solicitudes de autorizaciones ambientales” ante la cartera, hecho que “podría influir en su función pública".

La Red Unión de la Costa manifiesta su solidaridad con los vecinos y vecinas del balneario y afirma que el gobierno departamental, “tergiversando las consecuencias de una decisión judicial, pretende culpabilizarlos por sus acciones en defensa del ambiente” y viola el Acuerdo de Escazú.

La obra se ejecutó días antes de las elecciones, sin autorización previa del Ministerio de Ambiente, a instancias del director de Vialidad y exalcalde de Solís Grande, Hernán Ciganda

La Red Unión de la Costa sostiene que el gobierno departamental no cuenta con autorizaciones ambientales para las intervenciones; otras agrupaciones presentaron decenas de denuncias al Ministerio de Ambiente, e incluso se apersonaron con Prefectura para intentar parar la maquinaria que “arrasa” la vegetación y las dunas.

Entretanto, continúa la campaña de recolección de firmas para activar dos recursos que impidan el avance del proyecto.

Los técnicos del ministerio detectaron “vacíos” y tienen dudas sobre las entrevistas sociales del informe de consultoría; también pidieron opinión de otros organismos

La Mesa de Asociaciones Vecinales de la Costa ya cuenta con 27 puntos de acopio y aspira a lograr una cobertura en todo el país; la audiencia pública del emprendimiento se realizaría entre fines de marzo y principios de abril.

Está en marcha una campaña de firmas para presentar dos peticiones, una al Poder Ejecutivo y otra a la Junta Departamental, que preserven el territorio frente al proyecto de complejo residencial de 29 bloques y otros a futuro.