Sobre el mediodía, el PIT-CNT dio una conferencia de prensa en su sede, en la calle Jackson. Soraya Larrosa, vicepresidenta del PIT-CNT, la primera en hablar, afirmó que la medida gremial por el conflicto que mantienen los trabajadores de MontevideoGas, distribuidora de gas por cañería y propiedad de la brasileña Petrobas, y la empresa petrolera, así como funcionarios y directorio del Correo Nacional, había tenido un “altísimo nivel de acatamiento”, según el registro de datos y percepciones de la gremial en “todo el país”.

Por su parte, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, sostuvo que se trató de una medida “meditada y pensada”, tomada “con responsabilidad”, “aprobada por unanimidad por la Mesa Representativa del PIT-CNT a nivel nacional, y con el apoyo de la totalidad de los sindicatos afiliados, así como de los plenarios departamentales”. Remarcó que la central ha “escalonado una y cada una de las medidas” y recordó que el paro de ayer fue precedido de un paro parcial y movilización el 22 de mayo.

“Paramos por trabajo. No somos personas que estamos acostumbradas a insensibilizarse cuando hay 50.000 puestos de trabajo menos –la mitad en la construcción–”, afirmó. “Nos quieren confundir al decir que mantener los puestos de trabajo es desregular el mercado; que la revolución 4.0 implica, entre otras, perder derecho; que la negociación salarial y el tripartismo es un invento de la posmodernidad, que empezó en 2005, cuando en realidad lo hizo en 1943”, agregó.

Respecto de la situación de MontevideoGas, Pereira sostuvo que “hay una multinacional que en forma muy desigual está llevando a los trabajadores a una circunstancia inentendible”, en relación al rechazo de la propuesta que incluía a 26 trabajadores despedidos y aceptaba los 14 días de suspensión.

El paro también sirvió para denunciar un “largo” conflicto en el Correo Nacional, por incumplimiento de convenio colectivo, y para cuestionar la “lógica de tercerización que se está dando en el Estado”, dijo Pereira. El presidente de la central obrera cuestionó la aplicación del decreto 401, que descuenta el salario a los funcionarios que no realicen sus tareas aunque se presenten a sus puestos de trabajo: “Pensamos que violenta la libertad sindical porque, unilateralmente, las empresas públicas deciden cuánto descontarle al trabajador”, denunció.

El secretario general de la central, Marcelo Abdala, sostuvo que se trata de un paro “en solidaridad”, en particular con las personas afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias de los últimos días. Los sindicalistas también presentaron, una vez más, su denuncia por “el fin de la impunidad” y la aparición de restos de personas desaparecidas por la última dictadura cívico-militar. Y también se manifestaron en contra de la reforma Vivir Sin Miedo, que impulsa el precandidato por el Partido Nacional Jorge Larrañaga.